Amnesty International on Friday expressed deep concern over the recent amendment to Article 248 of El Salvador’s constitution, warning that the change could drastically undermine human rights protections.
Amnesty International Americas director Ana Piquer criticized the new legislative method imposed by the amendment, suggesting it “could undermine human rights in the future and limit people’s opportunities to participate in public affairs.” The rights organization claimed that this reduction in civic space and public engagement in governmental decisions threatens to sideline necessary public input and consolidate power, risking the erosion of democratic norms and the rule of law.
Historically, any constitutional changes in El Salvador required approval across two consecutive legislative sessions. This process was designed to be measured and inclusive, allowing ample time for public debate and ensuring a variety of perspectives could influence legislative reforms. On January 29, 2025, however, the Legislative Assembly ratified an amendment to Article 248 of the Constitution of El Salvador and significantly altered this procedure. The law now permits a single legislative body, armed with a three-quarter majority, to enact constitutional changes, potentially leading to rapid ratification of amendments with less time for consideration.
Furthermore, critics argue that the modification of Article 248 could set a precedent for future amendments that might weaken the judicial system and diminish human rights protections. The ruling party’s existing supermajority in the Legislative Assembly, coupled with its history of pushing through significant legal changes with minimal consultation, indicates that this trend is likely to continue under the new procedure.
The international community, including human rights organizations and political analysts, has echoed Amnesty International’s concerns. There is strong advocacy for the return to a more transparent and participatory constitutional process to safeguard human rights and democracy in El Salvador. This call to action is underscored by ongoing concerns over the country’s adherence to its human rights obligations, especially under recent states of emergency that have further restricted public freedoms and access to justice. Rights advocates argue that these conditions have set a troubling precedent for the implications of the new constitutional amendment.
La enmienda constitucional de El Salvador suscita preocupaciones internacionales sobre derechos humanos
El viernes, Amnistía Internacional expresó una profunda preocupación por la reciente enmienda al artículo 248 de la Constitución de El Salvador, advirtiendo que el cambio podría socavar drásticamente las protecciones de los derechos humanos.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, criticó el nuevo método legislativo impuesto por la enmienda y sugirió que “podría menoscabar los derechos humanos en el futuro y limitar las oportunidades de la gente de participar en asuntos públicos.” La organización de derechos humanos afirmó que esta reducción del espacio cívico y de la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales amenaza con marginar la aportación pública necesaria y consolidar el poder, con el riesgo de erosionar las normas democráticas y el Estado de derecho.
Históricamente, cualquier cambio constitucional en El Salvador requería la aprobación en dos sesiones legislativas consecutivas. Este proceso se diseñó para ser mesurado e inclusivo, brindando suficiente tiempo para el debate público y garantizando que una variedad de perspectivas pudieran influir en las reformas legislativas. Sin embargo, el 29 de enero de 2025, la Asamblea Legislativa ratificó una enmienda al artículo 248 de la Constitución de El Salvador y modificó significativamente este procedimiento. Ahora, la ley permite que un solo órgano legislativo, con una mayoría de tres cuartas partes, promulgue cambios constitucionales, lo que podría conducir a la ratificación acelerada de enmiendas con menos tiempo para su consideración.
Además, los críticos sostienen que la modificación del artículo 248 podría sentar un precedente para futuras enmiendas que debiliten el sistema judicial y reduzcan la protección de los derechos humanos. La supermayoría del partido gobernante en la Asamblea Legislativa, sumada a su historial de impulsar cambios legales significativos con poca consulta, indica que esta tendencia probablemente continuará bajo el nuevo procedimiento.
La comunidad internacional, incluidas organizaciones de derechos humanos y analistas políticos, ha hecho eco de las preocupaciones de Amnistía Internacional. Existe un fuerte llamado a retomar un proceso constitucional más transparente y participativo para salvaguardar los derechos humanos y la democracia en El Salvador. Este exhorto se ve reforzado por la inquietud constante respecto al cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el país, especialmente bajo los recientes estados de emergencia que han restringido aún más las libertades públicas y el acceso a la justicia. Quienes defienden los derechos advierten que tales condiciones han establecido un precedente preocupante respecto a las implicaciones de la nueva enmienda constitucional.