El Salvador’s recently floated plans to enter international prison management could represent a Copernican shift in global correctional services. The proposal, announced during US Secretary of State Marco Rubio’s visit to the country, would allow Washington to transfer prisoners – including US citizens – to El Salvador’s Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). The Central American nation, with the world’s highest incarceration rate at 1,659 per 100,000 inhabitants, is exploring what could become a blueprint for cross-border detention facilities.

The CECOT, a $70mn facility, stands at the centre of this initiative. El Salvador is offering this jail to foreign governments, with particular interest from the United States, where annual expenditure on correctional facilities reaches $80.7bn for public institutions and $3.9bn for private facilities. The mega-prison is a key element of President Nayib Bukele’s successful crackdown on gang violence, which has transformed El Salvador from one of the world’s most dangerous countries into one of Latin America’s safest.

For the country, the potential benefits are clear, as it faces financial pressures with public debt at $31bn—about 82% of its GDP. President Bukele’s administration sees this venture as a quick fix to its fiscal challenges and a means to strengthen diplomatic ties with international partners. The Trump administration, meanwhile, views it as an answer to prison overcrowding and deportation challenges.

The initiative has sparked debate among international observers. Conservative politicians mostly see it as an effective solution to prison overcrowding, while human rights organisations express concern over inmates’ treatment. Amnesty International has warned against treating El Salvador’s prison system as a model, citing issues with detention conditions and due process.

Yet other countries have mulled similar outsourced incarceration plans. The Philippines and several African nations had previously proposed comparable deals with the US, though none materialised. El Salvador’s approach appears different due to its existing infrastructure and political support.

Its ripple effects are already visible across the Americas, as Chilean conservative politicians have shown interest in creating similar arrangements with El Salvador for their foreign inmates. This could make the small Central American nation a regional hub for incarceration services.

The concept mirrors the American “Prison Valley” in Fremont County, Colorado, where 13 maximum-security prisons, including ADX Florence, have created an economy based on incarceration. Now El Salvador aims to scale this model into a global enterprise.

While the financial details remain unclear, reports indicate a per-inmate fee scheme that could help sustain the domestic prison system entirely. This approach draws inspiration from the business model of US private corrections companies like Corrections Corporation of America and G4S.

Some critics argue this development could set a dangerous precedent in international justice systems, potentially creating what they call a “corrections colony” in Latin America. Supporters counter that it offers a practical solution to overcrowding while providing economic opportunities for host developing countries.

As this initiative develops, it raises questions about the future of international corrections management and the complex relationship between justice, economics, and human rights. The outcome of El Salvador’s venture could influence how countries approach incarceration in coming years, possibly shifting prison management from a domestic issue to a market-based international service industry.

IntelliNews: https://www.intellinews.com/el-salvador-tests-global-prison-market-with-us-inmate-plan-366424/

El Salvador pone a prueba el mercado penitenciario global con plan para reos de EE. UU.

Los planes que El Salvador ha planteado recientemente para incursionar en la gestión internacional de prisiones podrían representar un giro copernicano en los servicios correccionales a nivel global. La propuesta, anunciada durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al país, permitiría a Washington transferir a presos —incluidos ciudadanos estadounidenses— al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) (Terrorism Confinement Center) de El Salvador. La nación centroamericana, que ya cuenta con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo (1,659 por cada 100,000 habitantes), está explorando lo que podría convertirse en un modelo para instalaciones de detención transfronterizas.

El CECOT, una instalación de 70 millones de dólares, se ubica en el centro de esta iniciativa. El Salvador ofrece esta cárcel a gobiernos extranjeros, con un interés particular por parte de Estados Unidos, donde el gasto anual en instalaciones correccionales asciende a 80,700 millones de dólares en instituciones públicas y 3,900 millones de dólares en instalaciones privadas. La mega-prisión es un elemento clave en la exitosa ofensiva del presidente Nayib Bukele contra la violencia de pandillas, la cual ha transformado a El Salvador de uno de los países más peligrosos del mundo en uno de los más seguros de América Latina.

Para el país, los beneficios potenciales son claros, dada la presión financiera que enfrenta al tener una deuda pública de 31,000 millones de dólares —cerca del 82 % de su PIB. El gobierno del presidente Bukele ve este proyecto como una solución rápida a sus desafíos fiscales y una manera de fortalecer lazos diplomáticos con socios internacionales. Mientras tanto, la administración Trump lo considera una respuesta al hacinamiento carcelario y a los retos que presenta la deportación.

La iniciativa ha desatado un debate entre los observadores internacionales. Los políticos conservadores, en su mayoría, la ven como una forma efectiva de abordar el hacinamiento carcelario, mientras que las organizaciones de derechos humanos muestran su preocupación por el trato que reciben los reclusos. Amnesty International (Amnistía Internacional) ha advertido sobre tomar el sistema penitenciario de El Salvador como modelo, señalando problemas con las condiciones de detención y el debido proceso.

No obstante, otros países ya han contemplado planes similares de encarcelamiento externalizado. Filipinas y varias naciones africanas propusieron acuerdos comparables con Estados Unidos, aunque ninguno se materializó. El enfoque de El Salvador parece distinto gracias a su infraestructura existente y al apoyo político que recibe.

Sus repercusiones ya se ven en las Américas, pues políticos conservadores de Chile han mostrado interés en establecer acuerdos parecidos con El Salvador para sus reclusos extranjeros. Esto podría convertir a la pequeña nación centroamericana en un centro regional de servicios carcelarios.

La idea remite al “Prison Valley” estadounidense en el condado de Fremont, Colorado, donde 13 prisiones de máxima seguridad, incluida ADX Florence, han impulsado una economía basada en el encarcelamiento. Ahora El Salvador busca escalar este modelo y convertirlo en una empresa global.

Aunque los detalles financieros no se han precisado, informes señalan que se baraja un esquema de cobro por recluso que podría sostener por completo el sistema penitenciario nacional. Este método se inspira en el modelo de negocio de empresas correccionales privadas de Estados Unidos como Corrections Corporation of America (CCA) (Corporación Correccional de América) y G4S (G4S).

Algunos críticos sostienen que este avance puede sentar un precedente peligroso para los sistemas de justicia internacionales, posiblemente creando lo que denominan una “colonia correccional” en América Latina. Quienes apoyan la propuesta argumentan que ofrece una solución práctica al hacinamiento y, al mismo tiempo, oportunidades económicas para los países en desarrollo que hospedan las cárceles.

Conforme esta iniciativa avanza, surgen interrogantes acerca del futuro de la gestión correccional internacional y la compleja relación entre justicia, economía y derechos humanos. El desenlace del proyecto salvadoreño podría influir en cómo aborden el encarcelamiento diversos países en los próximos años, trasladando potencialmente la gestión de prisiones de un asunto doméstico a un servicio internacional regido por el mercado.

IntelliNews: https://www.intellinews.com/el-salvador-tests-global-prison-market-with-us-inmate-plan-366424/