The Nuevas Ideas caucus proposed in the Asamblea Legislativa (Legislative Assembly) eliminating the concept of public campaign financing for political parties through a constitutional reform, by repealing Article 210 of the same legal framework.
During the plenary session this Friday, a request was introduced to remove the article that allowed political parties to receive state funds based on the number of votes obtained in the previous elections, to carry out their electoral campaigns, in addition to whatever they could allocate from private financing.
Until now, the right to public campaign financing is outlined as follows: “The State recognizes public campaign financing as a mechanism of financing for contending parties, aimed at promoting their freedom and independence.”
Likewise, the Political Parties Law states that parties or coalitions may receive a sum of money for each valid vote they obtain in each of the elections—namely, president, vice president of the Republic, lawmakers of the Legislative Assembly and the Parlamento Centroamericano (Central American Parliament), and for municipal councils.
“The amount that will be paid … will be what was paid in the previous election for each of these, increased by the accumulated inflation recognized by the Banco Central de Reserva (Central Reserve Bank), which occurred during the period between the elections in question. Political parties or coalitions that participate in a second presidential election shall have the right to receive, for each valid vote obtained in that election, an amount equal to fifty percent of what was paid in the first election,” it states.
According to the majority caucus, anyone seeking power through a democratic process of selecting public officials by popular vote must have a sincere conviction to serve the Salvadoran people. “Therefore, it is contradictory for the State to acknowledge or compensate a political party or coalition for the votes obtained in a certain electoral event, which could be interpreted to mean that, in the end, the official is seeking an economic benefit from the State.”
“The individual’s intention in accessing power should be the conviction to serve the people, making it inconsistent for the State to reward the official through the mechanisms used to secure power with funds that must be allocated to address the most urgent needs of government public policies,” the cyan caucus stated.
They also emphasized that political parties must independently finance their platforms and campaign proposals in each election they participate in.
Two approaches
For political analyst Ramiro Navas, a former candidate for mayor of San Salvador Centro with the Nuestro Tiempo party, there are two approaches from which to view this measure being pursued by the ruling bloc.
The first stems from the government and Nuevas Ideas’ concerns about their low approval ratings in polls and in the media regarding the issue of mining, as well as other unpopular measures they are implementing.
“The issue of public campaign financing serves as a good distraction; they want to steer the conversation toward it, which is why they have taken this measure,” Navas said.
The political specialist noted that the ruling party expected the opposition to protest: “But both those of us who have been in opposition parties and civil society members say it’s fine, because that is not the main priority.”
The second approach, according to Navas, is that a deeper reform on how parties are financed should be promoted, which is a more pressing concern. However, that would not serve what he considers a “smokescreen” from Nuevas Ideas.
“What would have been best? Ensuring mechanisms that help make all party financing transparent—both public campaign financing and private financing—and thereby guarantee that the accounts be made open to the public by law,” Navas said.
For Eduardo Escobar, director of Acción Ciudadana (Citizen Action), the measure is intended to leave opposition parties without funding, given that Nuevas Ideas presumably enjoys strong backing from private financiers.
“This measure is geared toward bolstering a hegemonic party system, which is what they are shaping—meaning the party continues to concentrate power—and it fits into measures like reducing the number of lawmakers and municipalities,” he indicated.
Nuevas Ideas solicita reforma constitucional para eliminar la deuda política para partidos
La fracción de Nuevas Ideas propuso en la Asamblea Legislativa eliminar la figura de la deuda política para los partidos políticos, a través de una reforma constitucional, suprimiendo el artículo 210 del mismo marco legal.
En la sesión plenaria de este viernes, se introdujo la solicitud para suprimir el artículo que permitía recibir fondos estatales a los partidos políticos, acorde al número de votos de las pasadas elecciones, para que ejercieran su campaña electoral, además de lo que pudieran destinar a partir del financiamiento privado.
Hasta ahora, el derecho de la deuda política se contempla así: “El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia”.
Por su parte, la Ley de Partidos Políticos establece que los partidos o coaliciones podrán recibir una suma de dinero por cada voto válido que obtengan de cada una de las elecciones, es decir, presidente, vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano y de los concejos municipales.
“La cuantía que se pagará … será la cantidad que se pagó en la elección anterior para cada una de ellas, incrementada por la inflación acumulada, reconocida por el Banco Central de Reserva, que se haya producido durante el período entre cada una de las elecciones de que se trate. Los partidos políticos o coaliciones que participen en una segunda elección presidencial, tendrán derecho a recibir, por cada voto válido obtenido en esta elección, una cantidad igual al cincuenta por ciento de lo pagado en las primeras elecciones”, se establece.
Según la fracción mayoritaria, todo individuo que pretende llegar al poder a través de un proceso democrático de selección de funcionarios de elección popular debe tener la íntima convicción de servicio al pueblo salvadoreño. “Por lo tanto, resulta contradictorio que el Estado deba reconocer o retribuirle al partido político o coalición, la cuantía por votos obtenidos en determinado evento electoral, con lo cual, podría interpretarse que al final lo que busca el funcionario es obtener un beneficio económico de parte del Estado”.
“La intención del individuo para acceder al poder, debe ser la convicción de servir al pueblo, resultando incoherente que el Estado deba reconocer al funcionario a través de los mecanismos que se utilizan para acceder al poder, fondos que deberían ser destinados para atender las necesidades más urgentes de las políticas públicas del gobierno”, señaló la fracción cyan
Además, enfatizaron que los partidos políticos deben financiar de forma independiente sus plataformas y ofertas electorales en cada evento en el que participen.
Los dos enfoques
Para el analista político Ramiro Navas, excandidato a alcalde de San Salvador Centro por el partido Nuestro Tiempo, existen dos enfoques desde donde se puede ver la media que está buscando la bancada oficialista.
La primera responde a la preocupación del gobierno y Nuevas Ideas por la baja aprobación expresada en encuestas y de forma mediática por el tema de la minería, más otras medidas impopulares que están tomando.
“El tema de la deuda política funciona como un buen distractor, quieren llevar la conversación a este punto y por eso han tomado esa medida”, consideró Navas.
El especialista político dijo que el oficialismo esperaba que la oposición se manifestara en contra, “pero, tanto quienes hemos estado en partidos de oposición como la gente de sociedad civil lo que dicen es que está bien, porque esa no es la prioridad”.
El segundo enfoque desde donde debería ser visto, indicó Navas, es que debería impulsarse una profunda reforma sobre el financiamiento a los partidos políticos, ya que eso es lo que urge más, pero eso no cumple con lo que él considera una “cortina de humo” de Nuevas Ideas.
“¿Qué hubiera sido lo mejor? Garantizar mecanismos que ayudaran a transparentar todo el financiamiento de los partidos políticos, tanto la deuda política, como el financiamiento privada y garantizar así que las cuentas sean abiertas a la ciudadanía por obligación de ley”, indicó Navas.
Para el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la medida tiene el interés de dejar desfinanciado a los partidos de oposición, dado a que el partido Nuevas Ideas se supone que puede tener un fuerte apoyo de financistas privados.
“Esta es una medida de cara a potenciar un sistema de partido hegemónico, eso es lo que están configurando, es decir, que el partido siga concentrando el poder y ahí se enmarca esta medida, como la disminución de diputados y de municipalidades”, indicó.