The reforms proposed to the Penal Code and Code of Criminal Procedure—requested by Minister of Justice and Public Security Gustavo Villatoro, and already approved by the Security Commission of the Asamblea Legislativa (Legislative Assembly)—were reported this Friday, February 7, 2025, to the United Nations for violating people’s rights.
These reforms increase sentences for crimes such as simple homicide and crimes against property. The key modification involves Article 128, which regulates prison terms for those convicted of simple homicide. Under the current code, sentences range from 15 to 20 years in prison; under the approved reform, they would increase to between 20 and 26 years.
According to the alert document sent to the UN, regarding reforms to the Code of Criminal Procedure that restrict which property crimes can be subject to conciliation, the warning is that victims would be forced to pay for relevant expert assessments in cases of fraudulent administration. In addition, sentences would be increased by one-third if the convicted individual does not pay civil damages.
They also point out that the confession of a defendant who benefits from a summary proceeding could be used to charge or substantiate charges against other defendants or third parties who allegedly committed crimes—without the presence of a defense attorney for those accused—among other complaints.
The alert, filed by criminal defense attorneys Jayme Magaña and Otto Flores through the organization Mujeres por la Transparencia (Women for Transparency), bears reference number r7ncxmqp and falls under mandates related to arbitrary detentions, international order, independence of judges and attorneys, minority issues, truth, justice, reparations, and guarantees of non-repetition.
“The aim is to exclude the possibility of conciliation between victims and the accused to reach agreements that would allow alternative outcomes to criminal proceedings, as well as to destroy the principle of equality of arms among the procedural parties—making it easier for the Fiscalía General de la República (Office of the Attorney General) to secure convictions, thereby violating the right of access to justice, due process, the right to a defense, and the presumption of innocence,” the report states.
For Magaña, the increased sentences do not meet international standards, which is why they filed a complaint with the UN “because of the level of harm to people’s rights that the reform will cause.”
“A notification has been sent to the United Nations and to its mission in El Salvador, hoping that lawmakers recognize the harm they will do to the population by approving a reform in which sentences are excessively high and do not match international standards or the parameters of current criminal law,” he said.
This is the second complaint filed with the UN over the reforms to the Penal Code and Code of Criminal Procedure, following another complaint submitted in July 2024 when similar modifications were initially attempted.
According to Otto Flores, the presumption of innocence will be undermined by these reforms, and he considers it timely for the UN to examine these changes. He further notes that individuals being prosecuted under the state of exception will see their rights violated and be more likely to receive convictions without proper proceedings.
“It is obvious that these reforms infringe upon constitutional and human rights set forth in various international treaties that El Salvador has signed and ratified. Therefore, they violate the protection system of both the Constitution and international standards. It is important for an organization like the United Nations to be aware of these reforms and to know what is happening, because they create a dangerous scenario that makes it easier to violate the human rights of the population,” he said.
The alert to the UN states that the rights being violated include: the right of access to justice, due process, the right to a defense, the presumption of innocence, respect for human dignity, the principle of legality, and the principle of pacta sunt servanda.
During today’s plenary session, the leadership of the Legislative Assembly added these reform proposals to the agenda for approval.
Denuncian ante la ONU reformas al Código Penal y Procesal Penal
Las reformas propuestas al Código Penal y Código Procesal Penal que fueron solicitadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y que ya cuentan con dictamen favorable de parte de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, fueron denunciadas este viernes 7 de febrero de 2025 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por vulnerar derechos a la población.
Dichas reformas elevan las penas por delitos como homicidio simple y contra el patrimonio. La modificación destacada es la del artículo 128, el cual regula la pena de prisión para las personas condenadas por cometer homicidio simple. En el código vigente se ordena una pena de prisión de entre 15 y 20 años y en la reforma aprobada se incrementa la pena entre 20 y 26 años de prisión.
Según el documento de la alerta enviado a la ONU, en cuanto a las reformas Código Procesal Penal con respecto a restringir los delitos patrimoniales que pueden ser objeto de conciliación, advierten que obliga a las víctimas tener que pagar los peritajes pertinentes idóneos respecto a los delitos de administración fraudulenta, así como aumentar condena en una tercera parte si la persona condenada no paga acción civil.
Destacan también poder utilizar la confesión de un imputado beneficiado con el proceso abreviado para poder acusar o fundamentar la acusación de otros imputados o terceros que supuestamente hayan cometido delitos, sin la presencia de un defensor de las personas señaladas o acusadas, entre otras denuncias.
La alerta fue interpuesta por los abogados penalistas Jayme Magaña y Otto Flores, a través de la organización Mujeres por la Transparencia, tiene la referencia r7ncxmqp y está bajo los mandatos de capturas arbitrarias, orden internacional, independencia de los magistrados y abogados, cuestiones de las minorías, verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Se busca excluir la capacidad de conciliación entre víctimas y el acusado de poder llegar acuerdos que permitan salidas alternas al proceso penal, así como el destruir el principio de igualdad de armas de las partes procesales intervinientes para hacer más fácil a la Fiscalía General de la República poder conseguir condenas, vulnerando el derecho al acceso a la jurisdicción,el debido proceso,el derecho ala defensa y el principio de inocencia”, cita el reporte.
Para Magaña, el incremento de las penas no están acordes a los estándares internacionales por lo que realizaron el procedimiento de denuncia ante la ONU “por el nivel de daños a los derechos de la población que va a hacer la reforma”.
Se ha enviado la notificación a las Naciones Unidas, a la misión en El Salvador, esperando que los diputados sean conscientes del tipo de daño que le harán a la población al aprobar una reforma en la que las penas son demasiadas altas y no están acordes al estándar internacional, ni los parámetros que establece el derecho penal actual”, indicó.
Es la segunda denuncia realizada ante la ONU sobre las reformas al Código Penal y Procesal Penal tras la interpuesta en julio de 2024 cuando se intentó hacer dichas modificaciones.
Para Otto Flores, la presunción de inocencia será vulnerada con estas reformas, por lo que considera oportuno que la ONU pueda conocer dichas modificaciones. Menciona además que las personas que están siendo procesadas en el marco del régimen de excepción verán vulnerados sus derechos y propensos a recibir condenas sin un proceso adecuado.
Es obvio y claro que estas reformas atentan con derechos constitucionales y derechos humanos que son sido establecidos en diferentes tratados internacionales que El Salvador ha suscrito y ratificado como tal, por lo tanto es una violación al sistema de garantías de protección de la Constitución y a nivel Internacional. Es importante que un organismo como Naciones Unidas conozca estas reformas y sepa lo que está sucediendo, pues generan un peligro para que sea fácil la vulneración de derechos humanos de la población”, mencionó.
La alerta a la ONU expone que los derechos vulnerados son: el derecho al acceso a la jurisdicción, el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el respeto a la dignidad humana, el principio de legalidad y el principio pacta sunt servanda.
En la plenaria de este día, la junta directiva de la Asamblea Legislativa ingresó a la agenda los dictámenes de estas reformas, para ser aprobados.