Since last year, the country’s public and private education system has been facing a crisis on multiple fronts, one of which is school dropout, as mentioned last Wednesday, February 5, by Javier Hernández, president of the Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES) (Salvadoran Association of Private Schools).
“Since last year, the education system, both public and private, has been showing certain signs of crisis. There are some indicators that are not very favorable—for example, regarding enrollment, the educational coverage of early childhood, preschool, elementary, and secondary levels are numbers that may decline year after year, and that is serious for the country,” Hernández said in the Pulso Ciudadano interview on Grupo Megavisión.
“There is a lack of research on these issues of educational coverage. Gaps exist in the number of students who complete secondary education but do not continue to higher education; and there is also a gap that is difficult to understand, but there is a certain number of students who, after ninth grade, do not continue their high school studies,” added the ACPES president.
In August of last year, LA PRENSA GRÁFICA revisited a Human Rights Watch (HRW) report on human rights violations against children and adolescents during the state of exception in El Salvador. The organization concluded that this measure stigmatizes and criminalizes young people.
Another factor that may cause school dropout is the closing of schools. The Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) (Salvadoran Teachers’ Front) has denounced since the beginning of this year that at least 30 schools have closed their doors nationwide.
Idalia Zúniga, the union’s secretary, explained that when a school is closed, children’s access to education is restricted, whether due to distance or economic problems, prompting parents to stop sending their children to classes.
“This is a criminal act being carried out by President Nayib Bukele through the Minister of Education (José Mauricio Pineda), by closing the schools, as it violates children’s right to education. In schools located in hamlets, children will have to walk, and mothers will think twice before sending their six- or seven-year-olds to walk three kilometers and then another three to get back, exposing them to dangers,” Zúñiga said on February 3.
On previous occasions, this editorial team has written to the Minister of Education, José Mauricio Pineda, to ask him about the reason for the school closures, but he has not responded to the requests.
“It’s an obligation”
Meanwhile, Hernández explained that there are students who are already old enough to attend a school but do not do so, as is the case of early childhood and preschool education, when parents decide not to take their children to school.
He stated that parents “have no excuse” not to enroll their children; in fact, he stressed that the Ley Crecer Juntos (Growing Together Law) “obligates” caregivers of minors to place them in school.
“The Growing Together Law obligates parents to enroll their children in school. That means if a child is of school age, it is the father’s and mother’s duty to enroll them and keep them within the education system,” Hernández stressed. “This is a legal obligation. It must be made clear that the Ley Crecer Juntos guarantees every child and adolescent’s right to education. Through the government, all institutions must be used to ensure that children can attend a public or private school.”
Article 55 of the Ley Crecer Juntos states that it is the responsibility of mothers, fathers, representatives, and guardians of minors to enroll them “in a timely manner” in an educational center.
Hernández also spoke about this year’s enrollment. Although he said they do not yet have figures, based on recent trends in recent weeks, he emphasized that “there is a possible reduction.”
“I think it has been evident; the media have also reported that there is, let’s say, a possible decrease, a reduction in the number of students if we compare 2025 with 2024. That is a reality. We do not know for certain how much enrollment has gone down, not even in percentage terms,” he said in the interview.
He explained that as an association they have information that some private schools have reduced sections, “and we have also seen some similar trends in some public schools.” “That leads us to understand that there may be a possible reduction in the number of students in the education system in 2025 compared to 2024.”
Hernández believes there is no reason for enrollment to drop in the country, since the education system offers alternatives in both the public and private sectors.
“In this country, school absenteeism, a lack of enrollment, or being outside the education system cannot be justified. If economic conditions do not allow for enrollment in a private system, there is the public education sector,” he concluded.
El sistema educativo enfrenta crisis de deserción escolar, dice el presidente de Colegios Privados
El sistema educativo público y privado del país enfrenta desde el año pasado una crisis en diversos bandos, una de ellas es la deserción escolar, mencionó el pasado miércoles 5 de febrero el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hernández.
“Desde el año pasado el sistema educativo, tanto público como privado, ha venido manifestando ciertas crisis. Hay unos indicadores que no son muy favorables, por ejemplo, de la matrícula, la cobertura educativa de los niveles de educación inicial, parvularia, básica y media son números que se nos pueden ir cayendo año con año y eso es grave para el país”, aseguró Hernández en la entrevista Pulso Ciudadano, de Grupo Megavisión.
“Hay una falta de investigación sobre estos temas de cobertura educativa. Las brechas que hay de la cantidad de estudiantes que finalizan educación media y no continúan en educación superior; y también hay una brecha que es difícil de poder entender, pero hay cierta cantidad de estudiantes que después de noveno grado no continúan sus estudios de bachillerato”, agregó el presidente de ACPES.
En agosto del año pasado, LA PRENSA GRÁFICA retomó un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre violaciones de derechos humanos en niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador. La organización concluyó que esta medida estigmatiza y criminaliza a los jóvenes.
Otro de los motivos que puede provocar deserción escolar es el cierre de escuelas. El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) ha denunciado desde inicios de este año que al menos unas 30 escuelas han cerrado sus puertas a nivel nacional.
Idalia Zúniga, secretaria de la gremial, ha expuesto que al cerrar una escuela se limita el acceso a la educación de los menores, ya sea por distancia o por problemas económicos, los padres de los alumnos deciden ya no enviarlos a clases.
“Este es un acto criminal que está cometiendo el presidente Nayib Bukele a través del ministro de Educación (José Mauricio Pineda) cerrando los centros escolares, ya que con eso se les está violentando el derecho a la educación a los niños y las niñas. En los centros escolares que están en caseríos, los niños van a tener que caminar, las madres se lo van a pensar antes de mandar a sus niños de seis o siete años a caminar tres kilómetros y de regreso otros tres, exponiéndolos a los peligros” dijo Zúñiga el pasado 3 de febrero.
Esta redacción ha escrito en ocasiones anteriores al ministro de Educación, José Mauricio Pineda, para consultarle a qué se debe el cierre de las escuelas, pero no ha respondido las solicitudes.
“ES UNA OBLIGACIÓN”
Por otro lado, Hernández explicó que hay estudiantes que ya están en edad de asistir a un centro escolar y no lo hacen, como en el caso de educación inicial y parvularia, cuando los padres deciden no llevar a sus hijos a centros escolares.
Afirmó que los padres de familia “no tienen excusa” para no matricular a sus hijos, de hecho, aseguró que la Ley Crecer Juntos “obliga” a los tutores de las menores de edad a escolarizarlos.
“La Ley Crecer Juntos obliga al padre de familia a escolarizar a sus hijos. Eso significa que si un niño está en edad escolar, es obligación del padre y madre de familia, matricularlo y mantenerlo dentro del sistema educativo”, aseguró Hernández. “Eso es una obligación por ley. Debe tenerse claro que la Ley Crecer Juntos garantiza el derecho a la educación a todo niño y adolescente. Por medio del Estado debe garantizarse que se usen todas las instituciones para garantizar que el niño acceda a un centro educativo público o privado”.
El artículo 55 de la Ley Crecer Juntos dice que es responsabilidad de madres, padres, representantes y responsables de las menores matricularlos “oportunamente” en un centro educativo.
Hernández también se refirió a la matrícula de este año. Aunque dijo que no tienen cifras todavía, por el comportamiento de la misma en las últimas semanas, subrayó que “hay una posible reducción”.
“Creo que ha sido palpable, los medios de comunicación se han encargado también de dar a conocer que existe, digamos, una posible disminución, una reducción de cantidad de estudiantes si comparamos 2025 con 2024. Eso es una realidad. No tenemos la certeza de cuánto (ha bajado la matrícula), ni siquiera en valores porcentuales”, dijo en la entrevista.
Explicó que como asociación tienen información que algunos colegios privados han reducido secciones “y también en algunos centros escolares públicos hemos visto algunos comportamientos también similares”. “Eso nos da a entender que existe una posible reducción de cantidad de estudiantes dentro del sistema educativo de 2025 comparado con el 2024”.
Hernández consideró que no hay razón para que bajen las matrículas en el país, pues el sistema educativo ofrece alternativas en el sector público como privado.
“En este país no puede justificarse el ausentismo escolar, la no matrícula o no estar dentro del sistema educativo. Si las condiciones económicas no le permiten a matricularse en un sistema privado, existe el sector educativo público”, concluyó.