Human Rights Ombudsman Office Recommended Government Maintain Ban on Mining One Month Before Reactivation — PDDH recomendó al gobierno mantener la prohición de la minería un mes antes de su reactivación

Feb 6, 2025

Thirty days before metal mining became legal again in El Salvador, the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) (Office of the Human Rights Ombudsman) recommended that the prohibition on this activity be maintained due to its adverse effects on the environment and people’s health. This recommendation was included in the report that the PDDH submitted to the Organización de las Naciones Unidas (ONU) (United Nations) for the fourth cycle of the Examen Periódico Universal (EPU) (Universal Periodic Review), which evaluates the human rights situation in the country. The government of Nayib Bukele ignored this recommendation and those of environmental experts who see the reactivation of mining as a threat to the country’s natural resources and the population’s health. — 30 días antes de que la minería metálica volviera a ser legal en El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recomendó que se mantuviera la prohibición de esta actividad por sus efectos adversos en el medio ambiente y la salud de las personas. Esta recomendación fue incluida en el informe que la PDDH entregó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal que evalúa la situación de los derechos humanos en el país. El Gobierno de Nayib Bukele ignoró esta recomendación y la de expertos ambientalistas que ven en la reactivación de la minería un peligro para los recursos naturales del país y la salud de la población.

As part of its contribution to the fourth cycle of the EPU for El Salvador, in its November 2024 report, the PDDH recommended that the State maintain the ban on metal mining, which had been in force since 2017. However, only a month later, on December 23, 2024, this activity—considered by scientists and environmentalists to be highly polluting—was legalized by the lawmakers of Nuevas Ideas at the request of the unconstitutional President Nayib Bukele, who had previously called it “absurd” that El Salvador was the only country in the world with a total ban on metal mining.

The PDDH’s recommendation to maintain the ban on metal mining is based on Article 117 of the Constitution of the Republic of El Salvador, which obligates the State to “protect natural resources, as well as the diversity and integrity of the environment” and also “declares of social interest the protection, conservation, and rational use (…) of natural resources.”

The PDDH’s report also aligns with certain fundamental principles of the Ley de Medio Ambiente de El Salvador (Environmental Law of El Salvador), such as granting citizens the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the principle of economic and social development compatible and in balance with the environment, taking into account the social interest set out in Article 117 of the Constitution.

Regarding the environment, the PDDH highlighted in its report some progress, such as the approval of the Ley General de Recursos Hídricos (General Water Resources Law), but noted that the Human Right to Drinking Water and Sanitation is still not recognized at the constitutional level and that the gap in water access between urban and rural areas remains significant. Finally, the institution added that “the environmental degradation resulting from deforestation, the granting of environmental permits, disordered territorial development, soil and water pollution from the use of agrochemicals, and loss of biodiversity is worrisome.”

The PDDH’s observations were ignored by Nayib Bukele, who justified his interest in mining exploration by arguing that it is a “God-given wealth” that can be utilized for the country’s economic and social development. However, various studies show that mining companies do not bring progress to communities; on the contrary, they generate precarious and poorly paid jobs.

Citing studies that have not yet been made public, Bukele claimed that the total value of the gold to be extracted amounts to three trillion dollars, which represents more than 8,800% of El Salvador’s Gross Domestic Product (GDP).

At a panel discussion held at the University of El Salvador on January 13, scientists from various fields analyzed the potential risks and consequences of the future implementation of metal mining. In their remarks, the experts refuted Bukele’s perspective of “sustainable” mining.

Dr. Velia Sosa, who holds a doctorate in Analytical Environmental Chemistry and Pollution, asserted that metal mining has serious consequences for human health and contaminates soil, water, and air. Meanwhile, Dr. Rafael Gómez Escoto, who holds a doctorate in Natural Sciences specializing in Physics, described mining as one of the most harmful activities for the planet, due to its high risk to human health and the environment.

The scientists’ opinion is based on the fact that the gold extraction process requires the use of chemicals such as mercury, cyanide, lead, and arsenic, which contaminate water, soil, and air and leave serious consequences for all forms of life.

GatoEncerrado sought the opinion of the PDDH on its recommendation to keep metal mining banned in El Salvador, which was disregarded by both the Executive and Legislative branches, but no response had been received at the time this article was published.

Gato Encerrado: https://gatoencerrado.news/2025/01/18/pddh-recomendo-al-gobierno-mantener-prohibida-la-mineria-metalica-un-mes-antes-de-su-reactivacion/

PDDH recomendó al gobierno mantener la prohición de la minería un mes antes de su reactivación

Como parte de su contribución al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de El Salvador, en su informe de noviembre de 2024, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recomendó al Estado mantener la prohibición de la minería metálica que se encontraba vigente desde 2017. Sin embargo, tan solo un mes después, el 23 de diciembre de 2024, esta actividad considerada por científicos y ambientalistas como altamente contaminante del medio ambiente, fue legalizada por los diputados y diputadas de Nuevas Ideas a solicitud del presidente inconstitucional Nayib Bukele, quien anteriormente había calificado de “absurdo” que El Salvador fuera el único país del mundo con una prohibición total de la minería metálica.

La recomendación de la PDDH de mantener la prohibición de la minería metálica se sostiene en conformidad con el artículo 117 de la Constitución de la República de El Salvador, que obliga al Estado a “proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente” y, además, “declara de interés social, la protección, conservación y aprovechamiento racional (…) de los recursos naturales”.

El informe de la PDDH también es acorde a algunos principios fundamentales de la Ley de Medio Ambiente de El Salvador, como el de otorgar a los ciudadanos el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el principio del desarrollo económico y social compatible y equilibrado con el medio ambiente, tomando en cuenta el interés social señalado en el artículo 117 de la Constitución.

En materia de medio ambiente, la PDDH destacó en su informe algunos avances como la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, pero cuestionó que el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento sigue sin ser reconocido a nivel constitucional, y que la brecha por el acceso al agua entre el área urbana y el área rural sigue siendo significativa. Por último, esta institución agregó que “preocupa la degradación ambiental consecuencia de la deforestación, la autorización de permisos ambientales, el desarrollo territorial desordenado, la contaminación de suelos y agua por uso de agrotóxicos, y la pérdida de la biodiversidad”.

Los señalamientos de la PDDH fueron ignorados por Nayib Bukele, quien justificó su interés en la exploración minera argumentando que es una “riqueza dada por Dios” que puede utilizarse para el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, diversos estudios demuestran que las empresas mineras no aportan progreso a las comunidades; al contrario, generan empleos con condiciones precarias y mal remunerados. 

Citando estudios que aún no se conocen públicamente, Bukele aseguró que el valor total del oro que pretenden extraer asciende a 3 billones de dólares, lo que representa más del 8,800% del Producto Interno Bruto de El Salvador.

En un conversatorio que tuvo lugar en la Universidad de El Salvador, el pasado 13 de enero, científicos de distintas ramas analizaron los potenciales riesgos y consecuencias de la futura implementación de la minería metálica. En sus intervenciones, los expertos desmintieron la perspectiva de Bukele sobre una minería “sostenible”.

La doctora en Química Analítica de Medio Ambiente y Polución, Velia Sosa, aseveró que la minería metálica genera graves consecuencias para la salud humana y contamina el suelo, agua y aire. Por su parte, el doctor en Ciencias Naturales con especialidad en Física, Rafael Gómez Escoto, calificó la actividad minera como una de las más nefastas para el planeta, debido a su alto riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

La opinión de los científicos se basa en que el proceso de extracción del oro requiere del uso de químicos como Mercurio, Cianuro, Plomo, y Arsénico, los cuales contaminan el agua, suelo, aire y dejan graves consecuencias para todas las formas de vida. 

GatoEncerrado buscó la opinión de la Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos sobre su recomendación de mantener prohibida la minería metálica en El Salvador, la cual fue ignorada tanto por el Órgano Ejecutivo como por el Legislativo, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Gato Encerrado: https://gatoencerrado.news/2025/01/18/pddh-recomendo-al-gobierno-mantener-prohibida-la-mineria-metalica-un-mes-antes-de-su-reactivacion/