Representatives of three social organizations appeared before the Fiscalía General de la República (FGR) (Attorney General’s Office) to file a criminal complaint against the heads of the Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) (Office of the Human Rights Ombudsman) and the Procuraduría General de la República (PGR) (Office of the Public Defender) over the possible commission of the crimes of arbitrary acts and failure to fulfill duties.

The complaint was filed by members of the Movimiento de Víctimas del régimen de excepción (Movir) (Movement of Victims of the State of Exception (Movir)), the Bloque de Resistencia Popular (BRP) (Popular Resistance Bloc (BRP)), and the Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) (Human and Community Rights Unit (Unidehc)).

“Here we have about 30 cases of people who are reporting some sort of arbitrariness or negligence on the part of the Office of the Human Rights Ombudsman or the Office of the Public Defender. Today, a team of attorneys from Unidehc, supporting the victims of Movir, has come before the attorney general to file two criminal complaints,” said Unidehc attorney, Rudy Joya.

Joya explained that they submitted the filing so that the FGR can investigate the possible commission of the crimes of arbitrary acts and failure to fulfill duties by the heads of both institutions.

“This criminal complaint is documented with the full names of those cases of complaints that have been filed with the PDDH since July of last year, and to date the ombudswoman has not processed them as required by law,” he stated.

Regarding the PGR, Joya explained that in June of last year they filed 20 cases reporting public defenders who mistreated the relatives of detainees when they came requesting information, and who charged illegal fees even though the services should be free.

“It’s been nearly seven months, and that office has not responded to these requests. This shows not only the public officials’ omission—which in turn constitutes the crimes of arbitrary acts and failure to fulfill duties,” he said.

Several of the families affected by the alleged omission of duties by these public officials arrived at the Attorney General’s Office carrying posters with photos and information about the detainees.

“It’s not possible that two institutions forming part of this country’s Public Ministry exist merely for decoration and fail to fulfill the constitutional mandate entrusted to them, simply following directives from the Presidential House,” the attorney added.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-audiencias-fmln/1197949/2025/

“No es posible que solo estén de adorno”, presentan aviso penal contra procuradores

Representantes de tres organizaciones sociales presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso penal contra los titulares de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) ante posible cometimiento de los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. 

El aviso fue presentado por integrantes del Movimiento de Víctimas del régimen de excepción (Movir), el Bloque de Resistencia Popular (BRP) y la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc). 

“Aquí tenemos unos 30 de casos de personas que están denunciando alguna arbitrariedad o negligencia de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la República; por este día el equipo de abogados de Unidehc apoyando a las víctimas de Movir, hemos venido ante el fiscal general a presentar dos avisos penales”, manifestó Rudy Joya, abogado de Unidehc.

Joya explicó que presentaron el escrito para que la Fiscalía investigue el posible cometimiento de los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes por los titulares de ambas instituciones. 

“Va documentado en este aviso penal, con nombre y apellido, de aquellos casos de denuncias que vienen interponiendo en la PDDH desde julio del año pasado y que hasta la fecha la procuradora no le ha dado el trámite de ley como corresponde” declaró.

En cuanto a la PGR, Joya explicó que en junio del año pasado presentaron 20 casos en los cuales denunciaron a defensores públicos que maltrataban a los familiares de los detenidos cuando llegaban a pedir información y por cobros ilegales, pese a que los servicios deben ser gratuitos. 

“Ya casi siete meses y la Procuraduría no ha contestado a esas peticiones, ahí se observa no sólo la omisión de los funcionarios públicos, que obviamente por eso cometen el delito de actos arbitrarios y de incumplimiento de deberes”, expuso. 

Varias de las familias afectadas por la presunta omisión de funciones de los servidores públicos llegaron hasta la Fiscalía portando carteles con fotos e información de los detenidos. 

“No es posible que dos instituciones que integran el ministerio público de este país solo estén de adorno y no estén haciendo el mandato constitucional que les corresponde y solo siguen línea de Casa Presidencial”, agregó el abogado.

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