“Mining in El Salvador has always existed and has always caused damage,” said Edgar Vanegas, a representative of CONADAM (Coalition for the Right to Live in a Healthy Environment).
That statement resonates strongly and clashes with the official discourse, which claims that “in El Salvador there is no mining, there will be,” attempting to deny the contamination still coming from the abandoned mines in the eastern part of the country. It is important to understand that the term “mining” is not limited to gold or silver extraction but also includes other geological materials.
“The only thing that was prohibited in El Salvador was metallic mining as such, but there are indeed other types of mining for other resources that remain active in the country, whether it be sand, limestone, or white clay. These also cause significant environmental impact,” Vanegas added.
The first visible effects of these activities include the deterioration of biodiversity, due to deforestation, loss of wildlife species, changes in temperature, and modifications to the soil, resulting in a marked depletion of natural resources.
Regarding this type of exploitation, Vanegas argued: “The greatest problem is that we lose the soil’s absorption capacity because we no longer have primary and secondary forests, which are responsible for recharging aquifers. In the end, this leads to the loss of aquifers.” This abrupt change to ecosystems turns the affected areas into “sacrifice zones.”
One of the most common cases of resource extraction takes place along the banks of the Lempa River, where large amounts of sand are removed.
“We have historical cases related to nonmetallic mining, such as El Cerrito in Quezaltepeque, where stone is being mined. To do so, part of the hill is destroyed, which has been a key water recharge point for the whole area and has also served agricultural production for surrounding communities,” Vanegas explained.
Historically, local communities have led the way in protecting and defending common environmental goods. CONADAM emphasized that mega-projects must be submitted to a prior, free, and informed consultation among the population.
“Right now, metallic mining is in the public eye because it has a greater impact than other types of mining, but in reality, mining in El Salvador has always existed and has always affected ecosystems,” Vanegas added.
It is worth noting that, to this day, artisanal mining is still carried out illegally in Santa Rosa de Lima, La Unión, because the projects in that area were abandoned after the surface deposits were exhausted. For that reason, CONADAM maintains that the historical process culminating in 2017 aimed to prohibit the most lethal kind of mining.
“A conflict catalyst”
CONADAM has investigated examples in Latin American countries that have implemented what are deemed sustainable mining projects. However, it has not found favorable results.
“We are gathering data on other extractive projects similar to those currently being promoted in El Salvador. One of the most well-known cases was Panama, with its copper mine. Now they are not only looking for gold but also other materials,” Vanegas explained. Nonetheless, he pointed out that in all the cases studied, “the damage and impacts do not bring about the booming economy the Salvadoran government claims.”
“We are talking about sacrifice zones, the forced displacement of communities, and various types of criminalization against environmental defenders,” Vanegas stressed.
The coalition concluded that “mining in Latin America is a catalyst for social conflicts in all the areas where these kinds of projects are carried out.”
CONADAM: “Los proyectos mineros se vuelven una zona de sacrificio”
“La minería en El Salvador siempre ha estado presente y siempre ha causado daños”, señaló Edgar Vanegas, representante de la Coalición por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano (CONADAM).
Una frase que resuena con fuerza y choca con el discurso oficialista que asegura que “en El Salvador no hay minería, va a haber”, intentando negar la contaminación que aún emana de las minas abandonadas en el oriente del país. Es importante entender que el término “minería” no se limita exclusivamente a la extracción de oro o plata, sino que también incluye otros materiales geológicos.
“Lo único que estaba prohibido en El Salvador era la minería metálica como tal, pero sí hay otros tipos de minería sobre otros recursos que todavía están activos en el país, ya sea arena, piedra caliza o tierra blanca. Estos también causan un impacto ambiental significativo”, agregó Vanegas.
Los primeros impactos visibles de estas actividades incluyen el deterioro de la biodiversidad, debido a la deforestación, la pérdida de especies silvestres, cambios en la temperatura y modificaciones del suelo, lo que resulta en una marcada pérdida de recursos naturales.
En cuanto a este tipo de explotación, Vanegas argumentó: “La mayor problemática es que perdemos capacidad de absorción en el suelo porque ya no tenemos los bosques primarios y secundarios, que son los encargados de la recarga de los mantos acuíferos. Al final, esto provoca la pérdida de los acuíferos”. Este cambio abrupto en los ecosistemas convierte las áreas afectadas en “zonas de sacrificio”.
Uno de los casos más comunes de extracción de recursos ocurre en las riberas del río Lempa, donde se extraen grandes cantidades de arena.
“Tenemos casos históricos relacionados con la minería no metálica, como el de El Cerrito en Quezaltepeque, donde se está minando piedra. Para ello, se destruye parte del cerro, que ha sido un punto clave de recarga hídrica para toda la zona y también ha servido para la producción agrícola de las comunidades cercanas”, explicó Vanegas.
Históricamente, las comunidades locales han liderado la protección y defensa de los bienes comunes ambientales. La CONADAM enfatizó que los megaproyectos deben someterse a una consulta previa, libre e informada entre la población.
“Ahorita está en boca pública la minería metálica porque causa un impacto mayor que otros tipos de minería, pero en realidad, la minería en El Salvador siempre ha estado presente y siempre ha afectado los ecosistemas”, agregó Vanegas.
Cabe destacar que, hasta la fecha, en Santa Rosa de Lima, La Unión, aún se practica de forma ilegal la minería artesanal, debido a que los proyectos en dicha zona fueron abandonados tras el agotamiento de los depósitos superficiales. Por ello, la CONADAM sostiene que el proceso histórico que culminó en 2017 buscaba prohibir la minería más letal.
“Un catalizador de conflictos”
La CONADAM ha investigado ejemplos en países latinoamericanos que implementan proyectos mineros sostenibles; sin embargo, no ha encontrado resultados favorables.
“Estamos recuperando datos sobre otros proyectos extractivos similares a los que se están promoviendo en El Salvador. Uno de los casos más sonados fue Panamá, con la mina de cobre. Ahora buscan no solo oro, sino también otros materiales”, explicó Vanegas. Sin embargo, señaló que en todos los casos estudiados “los daños y los impactos no generan una economía pujante, como menciona el gobierno de El Salvador”.
“Estamos hablando de zonas de sacrificio, desplazamiento forzado de comunidades y diversos tipos de criminalización hacia los defensores ambientales”, recalcó Vanegas.
La coalición concluyó que “la minería en América Latina es un catalizador de conflictos sociales en todas las zonas donde se desarrollan este tipo de proyectos”.