The retrial of the five environmental leaders from Santa Marta will start on February 3, and Mary Lawlor, the UN Special Rapporteur on human rights defenders, noted that the process has taken on greater importance after the Salvadoran government repealed the law that banned metallic mining.
“I will closely follow the reopening hearing of the case of the five defenders from Santa Marta in El Salvador next week. The case has become even more important after the repeal of the Law Prohibiting Metallic Mining,” Lawlor posted on her account on X.
The human rights defender also spoke out during the first trial against the environmental leaders and welcomed the acquittal issued by the Sentencing Court of Sensuntepeque in October of last year.
“We fear that the case is an attempt to intimidate those who seek to defend the environment in the country, especially those who defend human rights from the negative impacts of mining,” Lawlor stated in 2023. However, once a Criminal Chamber ordered the trial to be repeated, the UN representative has again expressed her concern.
“The right to defend human rights must be guaranteed,” Lawlor urged once more on her X account.
International Support
On January 29, various civil society organizations made public a letter sent to Salvadoran President Nayib Bukele, asking for the charges against the environmental leaders from Santa Marta to be dropped, as well as for the recently approved Ley de Minería (Mining Law) to be repealed.
“The letter outlines the ways in which mining would increase the risk of environmental contamination, human rights violations, and public health issues in El Salvador, which is why it asks President Bukele to listen to the water defense movements in El Salvador and not allow the opening of new mines,” the organizations state.
The letter has been signed by 297 groups and more than 370 academics and lawyers from 44 different countries, and it can be read here.
The trial against the environmentalists is scheduled to take place from February 3 to 5 at the Ciudad Delgado Judicial Center in San Salvador.
“El caso ha cobrado más importancia después de la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica”
La repetición del juicio contra cinco líderes ambientalistas de Santa Marta empezará el 3 de febrero y la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, dijo que el proceso ha cobrado mayor importancia después que el gobierno salvadoreño derogó la Ley que prohibía la minería metálica.
“Seguiré de cerca la audiencia de reapertura del caso de los cinco defensores de Santa Marta en El Salvador, la semana que viene. El caso ha cobrado aún más importancia después de la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, publicó Lawlor, en su cuenta de X.
La defensora de derechos humanos también se pronunció durante el primer proceso contra los líderes ambientalistas y celebró la absolución que el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque había brindado en octubre del año pasado.
“Tememos que el caso sea un intento de intimidar a los y las que buscan defender el medioambiente en el país, y sobre todo a quienes defienden los derechos humanos de los impactos negativos de la minería”, expuso Lawlor, en 2023.
Pero luego que una Cámara de lo Penal ordenó repetir el juicio, la representante de la ONU ha vuelto a mostrar su preocupación.
“El derecho a defender derechos humanos debe ser garantizado”, exhortó Lawlor, siempre en su cuenta de X.
Apoyo internacional
El 29 de enero diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron pública una carta enviada al presidente salvadoreño Nayib Bukele, en la que piden retirar los cargos contra los líderes ambientalistas de Santa Marta, pero también derogar la recién aprobada Ley de Minería.
“La carta expone las formas en que la minería aumentaría el riesgo de contaminación ambiental, violaciones de derechos humanos y problemas de salud pública en El Salvador, por lo quesolicita al Presidente Bukele que escuche a los movimientos por la defensa del agua en El Salvador y no permita la apertura de nuevas minas”, exponen las organizaciones.
La carta ha sido firmada por 297grupos y más de 370 académicos y abogados de 44 países distintos y puede leerse acá.
El juicio contra los ambientalistas está programado para realizarse del 3 al 5 de febrero y se llevará a cabo en el Centro Judicial de Ciudad Delgado, en San Salvador.