Social and community organizations that oppose the development of the mining industry in the country held a caravan in the jurisdiction of San Isidro, Cabañas, to demand the repeal of the Ley General de la Minería Metálica (General Law on Metallic Mining), which was approved on an expedited basis by the ruling party on December 23 of last year.

The recently approved law permits mining extraction in the country and stipulates that the Salvadoran state is the only entity authorized to explore, exploit, extract, and process resources obtained from metal mining at the national level.

“We will publicly demonstrate against metallic mining. This community has made its position clear on multiple occasions and continues to speak out because we have understood the magnitude of the impacts that metallic mining can have on a country like ours,” said Vidalina Morales, an environmental defender from Santa Marta.

During the caravan, they also called for the acquittal of the environmentalists who are being prosecuted for the murder of a woman committed in 1989, in the context of the armed conflict.

“We are on the eve of the hearing for our colleagues who have been criminalized, and we raise our voices for their freedom. Other sectors have also joined in demanding the freedom of our colleagues and the repeal of the law that the government has now approved along with its lawmakers,” Morales added.

The retrial is scheduled for February 3 to 6 in a court in Ciudad Delgado, after the Cámara de lo Penal de Cojutepeque (Cojutepeque Criminal Chamber) annulled the ruling issued by the Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque (Sensuntepeque Sentencing Tribunal), which had dismissed charges against the five former members of the guerrilla.

Environmental organizations assert that this is a “political” case intended to counter resistance to the implementation of mining projects in the country, since the accused were part of the citizens’ movement that achieved the ban on mining in 2017.

Participants in the caravan made a stop at the El Dorado mine, located in the San Francisco El Dorado canton.

“This is a place that risks being destroyed by greed and by the thirst for power and wealth of a few. But we are not only going to focus on the negative; in the midst of this harm to nature, there is a spirit, and it is that spirit of life and transformation that brings us together this morning,” said Miguel Ventura, a member of Comunidades Eclesiales de Base (Basic Ecclesial Communities).

In recent days, various sectors have expressed concern about the impact of metallic mining in El Salvador, given that the country already faces a serious water stress problem that affects thousands of people who do not have access to potable water for this reason.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mineria-cabanas-protestas-sociales/1197184/2025/

Organizaciones realizan caravana en rechazo a ley de minería

Organizaciones sociales y comunitarias que se oponen al desarrollo de la industria minera en el país realizaron una caravana en la jurisdicción de San Isidro, Cabañas, para pedir la anulación de la Ley General de la Minería Metálica aprobada de manera exprés por la bancada oficialista el 23 de diciembre del año pasado.

La normativa recién aprobada permite la extracción minera en el país y establece que el Estado salvadoreño será el único habilitado para la exploración, explotación, extracción y procesamiento de los recursos productos de la minería metálica a nivel nacional.

“Vamos a manifestarnos públicamente en rechazo a la minería metálica, este pueblo se ha expresado en múltiples oportunidades y sigue expresándose porque hemos dimensionado la magnitud de los impactos que la minería metálica puede ocasionar a un país como el nuestro” manifestó Vidalina Morales, defensora ambiental de Santa Marta.

Asimismo en el recorrido pidieron la absolución de los ambientalistas que están siendo procesados penalmente por el asesinato de una mujer cometido en 1989, en el contexto del conflicto armado. 

“Estamos a las puertas de la audiencia de los compañeros criminalizados y alzamos nuestras voces por la libertad de nuestros compañeros, pero también otros sectores que se non han sumado a la exigencia de la libertad de los compañeros y a la derogación de ley que ahora el gobierno ha aprobado junto a sus diputados y diputadas”, agregó Morales.  

La repetición del juicio está programado del 3 al 6 de febrero en un juzgado de Ciudad Delgado, luego que la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anulara el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque que sobreseyó a los cinco exintegrantes de la guerrilla.

Las organizaciones ambientalistas aseguran que se trata de un caso “político” con el fin de anular la resistencia a la implementación de proyectos mineros en el país, ya que los acusados participaron en el movimiento ciudadano que logró la prohibición de la minería en 2017. 

Los participantes de la caravana hicieron una parada en la mina El Dorado, localizada en el cantón San Francisco El Dorado. 

“Este es un sitio que pretende ser deteriorado por la ambición, por el ansia de poder y de tener de unos poco, pero no solo vamos a ver la parte negativa, en este deterioro de la naturaleza hay espíritu y ese espíritu es el que nos convoca esta mañana, ese espíritu de vida y transformación”, declaró Miguel Ventura, integrante de las Comunidades Eclesiales de Base. 

En los últimos días, diversos sectores han mostrado su preocupación por el impacto de la minería metálica en El Salvador debido a que el país ya enfrenta un problema grave de estrés hídrico, afectando a miles de personas que no tienen acceso al acceso al servicio de agua potable por esta razón.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mineria-cabanas-protestas-sociales/1197184/2025/