The ruling party, which won nearly all seats in last year’s elections except for three held by the opposition, ratified a constitutional amendment that had already been approved by the previous legislature, which also had a Bukele majority.
Until now, the Constitution required that any reform be passed by two consecutive legislatures —that is, with an election in between. This two-step process complicated amendments but also guaranteed stability amid the political shifts that accompany changes in government, and it required approval by two-thirds of the lawmakers.
However, with the reform of Article 248, the Constitution can now be changed by a single legislature with 45 out of 60 votes—three-quarters—in a single plenary session. Bukele promoted this measure, claiming it aimed to eliminate public funding for political parties. It will take effect eight days after its publication.
Nuevas Ideas, the ruling bloc, holds 54 of the 60 lawmakers in Congress. Its allies hold three.
Opposition members accused the ruling-party lawmakers of altering the Constitution without having been convened as a constituent assembly, meaning specifically elected to enact constitutional reforms.
“What a convenient excuse to tinker with the Constitution… Under the pretext of campaign debt, they now want to meddle with the Constitution. Time will prove me right on what you’re going to do—this is just an excuse to centralize more power,” criticized Cesia Rivas, a lawmaker from the opposition party Vamos.
The director of Acción Ciudadana (Citizen Action), Eduardo Escobar, warned that, since Congress is dominated by Nuevas Ideas, this reform “opens the possibility of reforming any aspect of the Constitution,” including “the electoral system, the institutions, fundamental rights, and private property.”
He added that this “reduces legal certainty in El Salvador” because “from one day to the next, the rules can be changed.”
Once it takes effect, Article 210—which provides for public campaign funding of parties—may be repealed. “We can permanently eliminate political debt, just as Salvadorans have demanded. This is our historical responsibility for today,” announced the head of the ruling bloc, Christian Guevara.
From Article 248, lawmakers did not remove the stipulation prohibiting the reform “under any circumstances of the articles of this Constitution referring to the form and system of government, the territory of the Republic, and the alternation in holding the Presidency of the Republic.”
Nonetheless, Bukele was reelected despite the constitutional ban on immediate reelection, thanks to a September 3, 2021 ruling by the Sala de lo Constitucional (Constitutional Chamber) that reinterpreted “alternation.”
In the same plenary session, with votes from Nuevas Ideas and its allies, the Salvadoran Congress also approved the thirty-fifth extension of the state of exception. The country has spent nearly three years with fundamental rights suspended—such as the right to be assisted by an attorney or to be informed of the grounds for arrest—which, according to the government, has enabled it to detain 84,200 alleged gang members and lower violence rates.
Under the state of exception, questioned by human-rights organizations that have reported more than 6,500 violations—such as arbitrary arrests and torture—90% of those incarcerated remain without sentence, and the government itself has released over 8,000 people for lack of evidence.
El Salvador ratifica reforma que permitirá cambiar fácilmente la Constitución
El Congreso de El Salvador ratificó el miércoles una reforma constitucional que permitirá, precisamente, simplificar el proceso para cambiar la Constitución y dejarlo en la votación de una sola legislatura y no en dos. El partido de Nayib Bukele consiguió la aprobación pese a las críticas de la oposición de que busca acaparar más poder.
El oficialismo salvadoreño, que obtuvo en las elecciones del año pasado casi todos los asientos del Congreso menos los tres que ocupa la oposición, ratificó una reforma constitucional que ya había sido aprobada por el Congreso de la legislatura anterior, también de mayoría del partido de Bukele.
La Carta Magna requería —hasta hoy— que cualquier reforma a su contenido debía pasar por dos legislaturas, es decir, con unas elecciones de por medio. Ese doble paso complicaba las modificaciones a la Constitución, pero a la vez servía de garantía de estabilidad ante los vaivenes políticos por los cambios de gobierno. Hacían falta, además, dos tercios de los votos.
Pero con la modificación al artículo 248 se permitirá cambiar el texto constitucional en una sola legislatura con 45 de los 60 votos —tres cuartas partes— en una sola sesión plenaria. La reforma fue impulsada por Bukele alegando que buscaba eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Quedará vigente ocho días después de que sea publicada.
Nuevas Ideas, el bloque oficialista, cuenta en el Congreso con 54 de los 60 diputados. Sus aliados tienen tres.
La oposición señaló a los legisladores oficialistas de trastocar la Constitución sin haber sido nombrados como Congreso constituyente, es decir, elegidos en urnas con el único objetivo de aprobar reformas constitucionales.
“Qué bonita excusa para manosear la Constitución… Con esta excusa de la deuda política, hoy quieren meterle mano a la Constitución. El tiempo me dará la razón de lo que ustedes van a hacer, ésta es la excusa para centralizar más poder”, criticó la diputada Cesia Rivas, del opositor Vamos.
El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que dado que el Congreso es dominado por Nuevas Ideas esta reforma “abre la posibilidad de que puedan reformar cualquier aspecto de la Constitución”. Mencionó, entre estos, el “sistema electoral, la institucionalidad, los derechos fundamentales y la propiedad privada”.
Y eso, apuntó, “disminuye la seguridad jurídica en El Salvador” porque “de un día para otro se pueden cambiar las reglas”.
Una vez entre en vigor, se podrá derogar el artículo 210 que es el que contempla la financiación pública a partidos. Se podrá “eliminar de forma permanente la deuda política, tal como solicitan los salvadoreños, ésta es nuestra responsabilidad histórica de este día”, anunció el jefe de la bancada oficialista, Christian Guevara.
Del artículo 248 no fue eliminada la disposición que prohíbe reformar “en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.
Bukele fue reelegido, pese a que esa prohibición constitucional a la reelección continua, gracias a una resolución de la Sala de lo Constitucional del 3 de septiembre de 2021 que reinterpretó la “alternabilidad”.
En la misma sesión plenaria, con los mismos votos de Nuevas Ideas y sus aliados, el Congreso salvadoreño también aprobó la trigésima quinta prórroga del régimen de excepción. El país lleva casi tres años con derechos fundamentales suspendidos —como el de ser asistido por un abogado o el de ser informado del motivo de una detención—, lo que según el gobierno, le ha permitido detener a 84.200 supuestos pandilleros y reducir los índices de violencia.
Bajo el estado de excepción, cuestionado por organizaciones de derechos humanos que han reportado más de 6.500 violaciones como capturas arbitrarias y torturas, el 90 % de las personas encarceladas están sin sentencia y el propio gobierno ha liberado a más de 8.000 personas por falta de pruebas.