A couple of weeks before the discussion of El Salvador’s human rights record in the context of the UN’s Universal Periodic Review (UPR), the El Salvador government renewed the state of emergency in the country for the 34th time. The state of emergency, and how it facilitates arbitrary detention, was a key focus of UPR recommendations. 

According to official records, 80,000 people are held in detention, the highest prisoner rate in the world. Amnesty International and other civil society organisations noted in their UPR submission, that thousands are held arbitrarily. In their submission to the UPR, IM Defensoras highlighted the risks for women, in particular, when they challenge the arbitrary detention of their family members. 

Civil society submissions to the UPR and side events are key contributions to ensuring the reality on the ground is shared in discussion and decision-making spaces and informs recommendations made to the State under review. 

Ahead of the UPR, the first ever side event on El Salvador at the Palais de Nations in Geneva was held, organised by DPLF, Rights to Security and CCPR. Speakers pointed to the ways arbitrary detention in the country is facilitated, including through the lack of judicial and prosecutorial independence. Panelists spoke of the arrested facing extended periods in custody before being charged and of secret detentions.  They also highlighted the fact that the security model employed by the El Salvador government is studied and copied by governments across the region leading to the normalisation of  the human rights violations the model promotes and facilitates. 

During the UPR itself, 74 States shared recommendations focused on a range of topics including, the respect of freedom of expression, the rights of the most vulnerable in society, and the ongoing state of emergency. 

Interactive dialogue

Delegations from Norway, Ireland, Germany, the Netherlands, Mexico, the United Kingdom, Spain and Colombia, among others, expressed their concern about the state of emergency, highlighting the detrimental effects it has had on the exercise of human rights. The New Zealand delegation recommended that the Salvadoran authorities establish a temporary framework to lift the state of emergency on a permanent basis as well as review and repeal the laws and regulations passed under the state of emergency that permanently suspend due process, and ensure that the fair trial guarantees and procedural rights of all persons detained during the state of emergency are respected and upheld.

The dialogue also served as an opportunity to highlight the situation of women and girls, especially access to sexual and reproductive health services, as well as the rights of Indigenous Peoples and called on El Salvador to ratify Convention 169 of the World Labour Organisation. The delegations also highlighted the role of human rights defenders and made recommendations to El Salvador for the elaboration of protection measures.

‘UN focus on El Salvador must continue’, said ISHR’s Eleanor Openshaw. ‘Without pressure for the respect of human rights guarantees, the risk is that the features of the state of emergency in the country becomes a de facto policy and the security model employed in the country is applied further and further afield without serious questioning. The threat to vulnerable populations, in particular, is great as are threats to human rights defenders who denounce the situation’.

International Service for Human Rights: https://ishr.ch/latest-updates/upr-states-urge-el-salvador-to-limit-state-of-emergency-and-end-arbitrary-detention/

El Salvador debe limitar el régimen de excepción y poner fin a las detenciones arbitrarias

Un par de semanas antes de que se debatiera el historial de derechos humanos de El Salvador en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) (Universal Periodic Review – UPR) de la ONU, el gobierno salvadoreño renovó por trigésima cuarta vez el régimen de excepción en el país. El régimen de excepción, y la forma en que facilita la detención arbitraria, fueron un punto central en las recomendaciones del EPU.

Según datos oficiales, 80.000 personas se encuentran detenidas, la tasa de reclusión más alta del mundo. Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil señalaron, en su informe al EPU, que miles de estas personas están bajo detención arbitraria. En su propia contribución al EPU, IM Defensoras destacó los riesgos específicos para las mujeres, en especial cuando ellas denuncian la detención arbitraria de sus familiares.

Las aportaciones de la sociedad civil al EPU y los eventos paralelos constituyen contribuciones clave para asegurar que la realidad sobre el terreno se discuta y se tenga en cuenta en la toma de decisiones, y para fundamentar las recomendaciones hechas al Estado examinado.

Antes de la sesión del EPU, tuvo lugar en el Palacio de las Naciones de Ginebra el primer evento paralelo dedicado a El Salvador, organizado por DPLF, Rights to Security y CCPR. Las y los ponentes señalaron los mecanismos que posibilitan la detención arbitraria en el país, entre ellos la falta de independencia judicial y de la fiscalía. También explicaron que muchas personas arrestadas permanecen largas temporadas en custodia antes de ser acusadas y mencionaron la existencia de detenciones secretas. Asimismo, destacaron que otros gobiernos de la región estudian y replican el modelo de seguridad aplicado por el gobierno de El Salvador, lo cual conduce a la normalización de las violaciones de derechos humanos que dicho modelo propicia y facilita.

Durante la propia sesión del EPU, 74 Estados aportaron recomendaciones centradas en numerosos temas, entre ellos el respeto a la libertad de expresión, los derechos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y el vigente régimen de excepción.

Diálogo interactivo 

Delegaciones de Noruega, Irlanda, Alemania, Países Bajos, México, el Reino Unido, España y Colombia, entre otras, expresaron su preocupación por el régimen de excepción, resaltando los efectos perjudiciales que ha tenido para el ejercicio de los derechos humanos. La delegación de Nueva Zelandia recomendó a las autoridades salvadoreñas que establecieran un marco temporal para levantar de manera permanente el régimen de excepción, así como que revisaran y derogaran las leyes y regulaciones aprobadas al amparo de dicho régimen que suspenden de manera permanente el debido proceso, asegurando el respeto y la protección de las garantías judiciales y los derechos procesales de todas las personas detenidas durante el régimen de excepción.

El diálogo también sirvió para subrayar la situación de las mujeres y las niñas, especialmente en relación con su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como los derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se instó a El Salvador a ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Las delegaciones resaltaron igualmente la importancia de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos e hicieron recomendaciones a El Salvador para la formulación de medidas de protección.

«La atención de la ONU en El Salvador debe continuar», afirmó Eleanor Openshaw, del ISHR. «Sin la presión para que se respeten las garantías de derechos humanos, corremos el riesgo de que las características del régimen de excepción se conviertan en una política de facto y de que el modelo de seguridad aplicado en el país se propague aún más sin un cuestionamiento serio. La amenaza para las poblaciones vulnerables es enorme, al igual que para las personas defensoras de derechos humanos que denuncian la situación».

International Service for Human Rights: https://ishr.ch/latest-updates/upr-states-urge-el-salvador-to-limit-state-of-emergency-and-end-arbitrary-detention/