The director of Socorro Jurídico Humanitario (SJH) (Humanitarian Legal Aid), Ingrid Escobar, confirmed to VOCES that they provided information to the Special Rapporteur on extrajudicial, summary, or arbitrary executions, Morris Tidball-Binz, regarding cases where individuals have died under the custody of the Salvadoran State during the state of exception.
“We presented specific cases of deaths during the state of exception. We have received confirmation that they have admitted (the information), taken it in, will process it, and will request information from the State of El Salvador,” Escobar said, noting that the rapporteur was very receptive to the details shared.
Escobar confirmed that they reported on the cases of:
• Santos Navarro, a merchant
• Rafael Castellón, a mill worker
• Aarón Morales, a waiter
• Leonidas Bonilla, a union activist
Morris Tidball-Binz, who is Chilean, was appointed Special Rapporteur on April 1, 2021. He has an extensive background in the investigation and documentation of extrajudicial deaths.
According to his profile featured on the website of the Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights), he is a physician specialized in forensic sciences, human rights, and humanitarian action.
He helped develop the Protocolo de Estambul (Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Punishment or Treatment), revise the Protocolo de Minnesota (Minnesota Protocol, the model protocol for the legal investigation of extralegal, arbitrary, and summary executions), and the Guidelines for the Investigation of Deaths in Custody of the Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (International Committee of the Red Cross). He was also the first director of the Forensic Unit and Services at the CICR.
Furthermore, he co-founded the Equipo Argentino de Antropología Forense (Argentine Forensic Anthropology Team) in 1984. This institution investigates serious human rights violations throughout Latin America, including in El Salvador, where it has assisted with excavations at massacre sites such as El Mozote and nearby areas.
During his time as a student, he worked with the Abuelas de la Plaza de Mayo (Grandmothers of the Plaza de Mayo) and helped establish the first genetic database to locate victims of enforced disappearances.
The director of SJH explained that they are currently on a six-day trip in Geneva, Switzerland, where they have met with human rights advocacy working groups and representatives of OACNUDH to present the situation of the state of exception in El Salvador.
SJH maintains that so far, 364 people have died under state custody during the state of exception.
The only figure that the Salvadoran State has publicly released about deaths in custody during the state of exception was provided by Attorney General Rodolfo Delgado in June 2023. In a television interview, he stated that 142 people had died in prison facilities, but that these deaths were due to “preexisting conditions.” “In those cases, so far, we have found that there is no crime to pursue on the part of the Fiscalía General de la República (Attorney General’s Office), and therefore the cases have been filed away,” he said.
Informan a relator sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU sobre casos de muertes durante el régimen de excepción
La directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, confirmó a VOCES que informaron al relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, sobre casos en donde personas han fallecido bajo custodia del Estado salvadoreño durante el régimen de excepción.
“Presentamos casos específicos de muertes durante el régimen de excepción. Tenemos respuesta de que la han admitido (la información), recibido, la van a procesar y van a pedir información al Estado de El Salvador”, dijo Escobar, señalando de que el relator fue muy receptivo con la información expuesta.
Escobar confirmó que informaron sobre los casos de:
- Santos Navarro, comerciante
- Rafael Castellón, molinero
- Aarón Morales, mesero
- Leonidas Bonilla, sindicalista
Morris Tidball-Binz, de nacionalidad chilena, fue nombrado relator el 1 de abril de 2021. Tiene un amplio perfil en la temática de la investigación y documentación de las muertes extrajudiciales.
Según su perfil destacado en la página de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), es un médico especializado en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria.
Ayudó a crear el Protocolo de Estambul (Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes), a revisar el Protocolo de Minnesota (Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias) y las Directrices para la Investigación de Muertes en Custodia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
También, fue el primer director de la Unidad y Servicios Forenses del CICR.
Además, cofundó el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1984. La institución investiga graves violaciones a derechos humanos en toda América Latina, incluida El Salvador, donde ha contribuido en excavaciones de masacres como las de El Mozote y lugares aledaños.
En su etapa de estudiante, trabajó con las Abuelas de la Plaza de Mayo y ayudó a crear la primera base de datos genéticos para ubicar a víctimas de desapariciones forzadas.
La directora del SJH detalló que se encuentran en una gira de seis días en Ginebra, Suiza, donde se han reunido con grupos de trabajo de defensores de derechos humanos y representantes de OACNUDH para exponer la situación del régimen de excepción en El Salvador.
El SJH sostiene que, hasta el momento, 364 personas han muerto en custodia del Estado durante el régimen de excepción.
La única cifra que el Estado salvadoreño ha difundido públicamente sobre muertes en custodia del Estado durante el régimen de excepción fue la que dio el fiscal general, Rodolfo Delgado, en junio de 2023. En una entrevista televisiva afirmó que 142 personas habían muerto en centros penales, pero que se debían a que padecían “enfermedades preexistentes”. «En esos casos, hasta el momento, ya tenemos comprobado que no hay un delito que perseguir por parte de la Fiscalía General de la República y por tanto los casos se encuentran archivados», dijo.