Eighty-nine employees of the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) (Office of the Human Rights Ombudsman) were dismissed between December 2024 and January 2025 without following due process, according to employees of this institution.
The dismissals took place under the rationale of “position elimination” and pursuant to a budget reduction policy for the current fiscal period, stated Guillermo García, one of the dismissed employees.
He also said that among the people dismissed there are seven members of the union’s Board of Directors, whose constitutional rights—such as freedom of union membership and union immunity—have been violated.
“I’m surprised by the way one is dismissed, citing ‘position elimination.’ Why does this surprise me? Because in order to do that, we should follow due process, and that is precisely what has been broken at this time,” explained former PDDH legal advisor, Jesús Velázquez, who served in that capacity for nearly 22 years. Both were interviewed on Thursday on radio YSUCA.
During the interview, it was noted that a measure such as eliminating 11,000 positions in government institutions is causing a “very big” economic and social impact on families.
Likewise, they pointed out that Ombudswoman Raquel Caballero has undermined the institution by merging the Procuraduría Adjunta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Deputy Office for Economic, Social, and Cultural Rights) with the Procuraduría Adjunta de Medio Ambiente (Deputy Office for the Environment).
“It seems as if this is a total dismantling of the institution. Nationwide, there are delegations and departments that have been severely affected (by the position eliminations). For example, the Political Rights Department now has only two people left; it used to be five or six. Now there is only the head of the department and one legal staffer—completely taken apart,” García reported.
More Dismissals in the Public Sector
The interviewees point out that 150 people will be dismissed from the PDDH as part of the current government’s fiscal austerity policy.
Regarding this issue, various social organizations have recently denounced a setback in human rights in El Salvador—an area that, after the signing of the Peace Accords, was supposed to be strengthened with the creation of institutions such as the PDDH, the Policía Nacional Civil (PNC) (National Civil Police), and the Tribunal Supremo Electoral (Supreme Electoral Tribunal).
The Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador (CDHES) (Human Rights Labor Commission for the Historical Memory of El Salvador) has expressed its concern about a scenario of persistent rights violations in the country, which it believes places the population in a vulnerable position and weakens institutions.
The Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) (Movement for the Defense of the Rights of the Working Class) also recently denounced setbacks and the closure of branches within institutions that were created as human rights guarantors following the signing of the 1992 Peace Accords, as well as the dismissal of more than 5,500 public workers.
According to the MDCT’s data, since October 19, 2023, 300 employees of the PNC have been dismissed; 102 from the PDDH and 140 from the Electoral Tribunal.
In the face of this wave of dismissals, the MDCT indicates that there is “a clear violation” of the right to unionize and the union immunity recognized in Article 47 of the country’s Constitution.
From October 19 until January 10, 2025, there was a record of 75 union members removed from their jobs, out of the 3,498 workers dismissed from various institutions during the same period.
According to MDCT figures, during Nayib Bukele’s first term (2019–2024), 20,650 people were removed from their positions in government entities, municipalities, and the Legislative Assembly. During his second term, up to October 2024, the figure had already reached 2,250.
Denuncian 89 despidos arbitrarios en la PDDH
89 trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos fueron despedidos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, sin seguir el debido proceso, denuncian empleados de esta institución.
Los despidos se han desarrollado mediante la figura de “supresión de plaza” y bajo la política de reducción presupuestaria para el presente periodo fiscal, señaló Guillermo García, trabajador despedido.
Dijo, además, que entre los despedidos hay siete miembros de la Junta Directiva del sindicato, a quienes se les han violado derechos constitucionales como la libre sindicalización y el fuero sindical.
“Me sorprende la forma en que lo despiden a uno, diciendo una ‘supresión de plaza’. ¿Por qué me sorprende? Porque para hacer esto tendríamos que seguir el debido proceso y esto es lo que se ha roto en este momento”, expuso por su parte Jesús Velázquez, quien se desempeñó como jurídico en la PDDH por casi 22 años. Ambos fueron entrevistados el jueves en radio YSUCA.
En la entrevista se expuso que una medida como la supresión de 11 mil plazas en instituciones de gobierno viene a generar una afectación “muy grande” a las familias en términos económicos y sociales.
Asimismo se señaló a la procuradora Raquel Caballero de menoscabar la institucionalidad, al fusionar la Procuraduría Adjunta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con la Procuraduría Adjunta de Medio Ambiente.
“Pareciera que esto es un total desmantelamiento de la institución. A nivel nacional hay delegaciones y departamentos que han sido afectados muchísimo (con la supresión de plazas). Por ejemplo, tenemos el caso del Departamento de Derechos Políticos, que únicamente se queda con dos personas, eran cinco, seis. Hoy sólo queda la jefatura y un jurídico, desmontado completamente”, denunció García.
Más despidos en el sector público
Los entrevistados señalan que son 150 personas las que serán despedidas de la PDDH como parte de la política de ahorro fiscal del gobierno en turno.
Respecto a este tema, diferentes organizaciones sociales han señalado recientemente un retroceso en materia de derechos humanos en El Salvador, los cuales, tras la firma de los Acuerdos de Paz, debía fortalecerse con la creación de instituciones como la PDDH, la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral.
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador (CDHES) ha manifestado su preocupación ante un escenario de violación a derechos en el que vive el país, lo cual- considera- coloca a la población en una condición de vulnerabilidad y debilitamiento institucionalidad.
El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) también denunció recientemente retrocesos y cierre de dependencias de instituciones que fueron creadas como garantes de derechos humanos, tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, así como el despido de más de 5,500 trabajadores públicos.
Según sus datos, desde el 19 de octubre de 2023 se han despedido a 300 trabajadores de la PNC; 102 en la PDDH y 140 del Tribunal Electoral.
Ante esta ola de despidos, el MDCT señala que existe “una clara violación” al derecho de sindicación y al fuero sindical reconocido en el artículo 47 de la Constitución de la República.
Desde el 19 de octubre pasado hasta el 10 de enero de 2025 se tenía un recuento de 75 sindicalistas separados de sus puestos de trabajo, de entre 3,498 trabajadores de diferentes instituciones despedidos en el mismo periodo.
Según datos del MDCT, en el primer mandato de Nayib Bukele (2019-2024) hubo 20,650 personas separadas de sus puestos de trabajo, en entidades de gobierno, alcaldías y la Asamblea Legislativa. Para el segundo periodo, hasta octubre de 2024 ya se tenía 2,250.