Three departments within MARN have declared nonexistent the findings regarding gold districts in El Salvador and studies on modern and sustainable mining that Nayib Bukele claimed to possess as a basis for reactivating metallic mining in the country.
The Directorate of Environmental Evaluation and Compliance (DEC), the General Directorate of Threats and Natural Resources Observatory (DOA), and the General Directorate of Water Security (DSH) concluded that they could not provide the requested information under the Access to Public Information Law (LAIP) because it does not exist in MARN’s records, invoking Article 73 of the law.
In its response, the DEC stated that “the information related to the request is not located in this directorate’s records.” Similarly, the DOA asserted it did not have the data, and the DSH declared the information as nonexistent in its department.
MARN’s Public Information Access Unit directed the request to be processed through the General Directorate of Energy, Hydrocarbons, and Mines.
Utilizing the LAIP, this outlet requested the same data from the Presidential House, which claimed that possessing studies on modern and sustainable mining does not fall within its institutional duties. This is despite the Internal Regulations of the Executive Branch granting the Presidential Private Secretary the responsibility to process any requests directed to the President of the Republic.
Without public discussion and without technical studies on sustainable mining, the Legislative Assembly approved the new General Metallic Mining Law on December 23, during the last plenary session of the year, passing it with 57 votes in favor.
The favorable report on the law had been issued two days earlier by the Assembly’s Committee on Technology, Tourism, and Investment without the inclusion of affected sectors or academics.
Thus, the majority of lawmakers from the ruling Nuevas Ideas party repealed the Law Prohibiting Metallic Mining, which had been approved in 2017 following an intense struggle by sectors such as environmental organizations and the Catholic Church.
One key provision of the new law is in Article 8, which prohibits the use of mercury in mining activities due to its toxicity but allows it if treated following specific plans regulated by MARN.
Despite this, opposing sectors warn that the proposed measures for resuming mining are insufficient and that the consequences will remain “devastating.”
Oposition
The presidential announcement immediately sparked opposition from various sectors against repealing the law banning metallic mining, which had been approved after a prolonged effort by diverse social groups.
On December 1, 2024, the Catholic Church made its stance against mining clear: “We are asking for metallic mining not to be reinstated,” declared Archbishop José Luis Escobar Alas, emphasizing that this practice causes “serious and irrevocable harm to the health and life” of society.
He also reminded the public that the prohibition of mining had been a “victory for the Salvadoran people.”
The University of El Salvador (UES) is another sector opposing the move, warning of increased environmental degradation and threats to the Lempa River. On December 4, the UES established a special commission on metallic mining composed of experts, issuing a statement on the matter.
The President of the UES General University Assembly (AGU), Carlos Villalta, explained that “this position is the result of an analysis process by specialists in various fields. Hydrologists, biologists, civil engineers specializing in watershed management, geologists, lawyers, economists, psychologists, and doctors were involved. The statement has scientific backing, and it is an institutional position (by UES on mining).”
However, during the approval process for the new law, none of these sectors were included, despite their historical struggle on this issue.
Medio Ambiente de El Salvador declara inexistentes los estudios de minería metálica
Tres direcciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) declaran inexistentes los hallazgos relacionados a los distritos de oro en El Salvador y estudios de minería moderna y sostenible que Nayib Bukele dijo que poseía para reactivar la minería metálica en el país.
La Dirección de Evaluación y Cumplimiento Ambiental (DEC), la Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales (DOA) y la Dirección General de Seguridad Hídrica (DSH) concluyeron que no podían entregar la información solicitada a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) porque no existe en los archivos del MARN, amparándose en el artículo 73 de la normativa.
En su respuesta la DEC argumentó que “la información relacionada a dicha solicitud no se ubica en los registros de esta dirección”. Mientras que la DOA sostuvo que no contaba con los datos y la DSH que la información es inexistente en dicha dirección.
La Unidad de Acceso a la Información Pública del MARN refirió en su resolución procesar la petición a través de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.
Siempre haciendo uso de la LAIP, este medio solicitó los mismos datos a Casa Presidencial que alegó que no se encuentra dentro de sus funciones institucionales poseer los estudios de minería moderna y sostenible, pese a que el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE) le confiere a la Secretaría Privada de la Presidencia que es su deber tramitar cualquier solicitud de particulares hecha al presidente de la República.
Con 57 votos a favor, sin discusión pública y sin respuesta de estudios técnicos de minería sostenible, el pleno legislativo aprobó la nueva Ley General de Minería Metálica, el 23 de diciembre pasado en la última sesión plenaria del año.
El dictamen favorable de la ley fue emitido dos días antes por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, sin la participación de los sectores afectados y académicos.
Así, la mayoría de diputados del partido oficialista Nuevas Ideas derogó la Ley de Prohibición de Minería Metálica, aprobada en 2017 luego de una intensa lucha de sectores como organizaciones ambientalistas y la Iglesia católica.
Una de las disposiciones clave de la nueva ley es que incluye en su artículo 8, la prohibición del uso de mercurio en actividades mineras por toxicidad y exige que si se utiliza este elemento químico deberá ser tratado conforme a planes específicos regulados por el MARN.
Pese a ello, los sectores que se oponen alertan que las medidas con las que plenean retomar la minería son insuficientes y que las consecuencias seguirán siendo “debastadoras”.
Sectores en contra
El anuncio presidencial provocó desde un inicio que varios sectores se pronunciaran en contra de derogar la ley que prohíbe la minería metálica, aprobada después de una larga lucha de diversos sectores sociales.
El 1 de diciembre de 2024, la Iglesia católica dejó clara su postura en contra de la minería: “Estamos pidiendo que no se revierta la minería metálica”, sentenció el arzobispo José Luis Escobar Alas, mientras sostenía que esta práctica causa un daño “grave e irrevocable a la salud y vida” de la sociedad.
A la vez, recordó que la aprobación de la ley contra la minería fue una “victoria del pueblo salvadoreño”.
La Universidad de El Salvador (UES) es otro de los sectores que se ha mostrado en contra advirtiendo de un incremento en el deterioro ambiental del país y de amenazas al río Lempa. Además, el 4 de diciembre, la UES creó una comisión especial por la minería metálica conformada por un panel de expertos y emitieron un pronunciamiento respecto al tema.
El presidente de la Asamblea General Universitaria (AGU), Carlos Villalta, detalló que “el posicionamiento es un resultado de un proceso de análisis de especialistas en diferentes temáticas. Estuvieron involucrados hidrólogos, biólogos, ingenieros civiles especialistas en el área de manejo de cuencas, geólogos, abogados, economistas, psicólogos, médicos. El pronunciamiento tiene el sustento científico, es una posición institucional (de la UES sobre la minería)”.
Sin embargo, en la aprobación de la nueva ley ninguno de estos sectores fue incluido, pese a la lucha histórica que han sostenido en el tema.