Hundreds of people gathered this Sunday in front of Cuscatlán Park, in San Salvador, to march in commemoration of the 33rd anniversary of the Peace Accords, signed on January 16, 1992, which ended the civil war in El Salvador.
The march proceeded along 25th Avenue South and then Alameda Juan Pablo II, heading toward Gerardo Barrios Square and concluding at the steps of the National Library (BINAES).
During the march, participants demanded the release of innocents detained under the state of exception and expressed their opposition to the recently approved Mining Law, citing its potential effects on the environment and water resources.
They also denounced mass dismissals in state institutions and criticized the government for what they described as a lack of commitment to human rights.
“People are still fighting to get out of the prisons, the judicial system isn’t functioning, and it’s the president who oversees it. Judges order the release of a person because they’ve been proven innocent through a process, but the prison director won’t allow it, and that’s serious—it violates the rule of law,” said Samuel Ramírez, from the Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) (Movement of Victims of the Regime).
Ricardo Navarro, from the Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) (Salvadoran Center for Appropriate Technology), expressed his concern over the possible return of metal mining, warning about its environmental impact, especially on rivers like the Lempa.
“In El Salvador, many families will be displaced from areas near rivers, which will become contaminated. Bukele must choose between giving water to the gold industry or to the population, because if metal mining is implemented in El Salvador, all the contamination will end up in the Lempa River. We all, the whole country, rely on water from the Lempa River, and we’ll all be harmed. Not only will the Salvadoran people suffer, but Bukele himself will suffer—that’s why he must reflect and not lead the people down the wrong path,” Navarro said.
Alicia Córdova, the mother of a detainee under the state of exception, called for justice for her son, claiming he was unjustly arrested on false terrorism charges.
“I came from Soyapango to share my son’s case; he was arbitrarily detained, taken from his workplace, accused of being part of a terrorist group. I’m asking the president to intervene because my son isn’t a gang member. I have his criminal record right here,” said Córdova.
The march concluded in front of the BINAES with multiple chants and speeches by members of various movements, emphasizing the need for dialogue and respect for the principles of the Peace Accords.
Organizaciones marchan en conmemoración de los Acuerdos de Paz de El Salvador
Cientos de personas se concentraron este domingo frente al parque Cuscatlán, en San Salvador, para realizar una marcha en conmemoración del 33 aniversario de los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992, los cuales pusieron fin a la guerra civil en El Salvador.
La manifestación avanzó por la 25 avenida Sur y luego por la alameda Juan Pablo II, en dirección hacia la plaza Gerardo Barrios, y culminó en las gradas de la Biblioteca Nacional (BINAES).
Durante el recorrido, los asistentes exigieron la liberación de todas aquellas personas inocentes detenidas bajo el régimen de excepción y mostraron su rechazo a la recién aprobada Ley de Minería, señalando sus posibles efectos sobre el medio ambiente y los recursos hídricos.
Asimismo, denunciaron despidos masivos en instituciones estatales y criticaron al Gobierno por lo que señalaron como una falta de compromiso con los derechos humanos.
“La gente sigue luchando por ver cómo sale de los centro penales, el sistema judicial no funciona y es el presidente quien los preside. Los jueces dictan libertad a una persona porque comprobaron a través de un proceso que son inocentes y el director de centros penales no le permite la salida, y eso es grave, va contra el Estado de Derecho”, dijo Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), expresó, por su parte, su preocupación por el posible retorno de la minería metálica, advirtiendo sobre su impacto ambiental, especialmente en los ríos como el Lempa.
“En El Salvador hay muchas familias que van a ser desplazadas de las cercanías de los ríos, los cuales se van a contaminar. O Bukele le da agua a la industria del oro o le da agua la población, porque si la minería metálica se aplica en El Salvador toda la contaminación va a ir a parar al río Lempa y nosotros, todo el país en general, consumimos agua del río Lempa y saldremos perjudicados, no solo se va hundir el pueblo salvadoreño, sino que también Bukele, por eso debe reflexionar, no debe llevar al pueblo por el camino equivocado”, dijo Navarro.
Alicia Córdova, madre de un detenido en el marco del régimen de excepción, pidió justicia por su hijo, asegurando que fue arrestado injustamente bajo acusaciones infundadas de terrorismo.
“Vengo de Soyapango para exponer el caso de mi hijo, quien fue detenido arbitrariamente, sacándolo la Policía de su trabajo como miembro de un grupo terrorista. Yo le digo al señor presidente que tome cartas en el asunto porque mi hijo no es ningún pandillero. Aquí traigo los los antecedentes penales”, mencionó Córdova.
La marcha terminó frente a la BINAES con múltiples consignas y discursos de miembros de los diferentes movimientos en los que insistieron en la necesidad de diálogo y en el respeto a los principios de los Acuerdos de Paz.