The General Law of Metallic Mining was sanctioned by President Nayib Bukele on the same day it was approved by the Legislative Assembly, December 23, 2024, according to the Official Gazette published this week dated December 23. The decree was also endorsed by the Minister of Economy, María Luisa Hayem.
The decree states that its enactment would take effect 15 days after its publication in the Official Gazette, making it effective from January 7. However, the dissemination of the edition only became effective this week, so its validity could extend until the end of January.
With this law, all activities related to metallic mining will once again be fully permitted, which was banned by El Salvador in 2017. It was the only country with such legislation.
It was approved unanimously by all the political parties in the Legislative Assembly at the time and was the result of years of struggle by civil society organizations, community leaders, and even the Catholic Church.
The prohibition was also based on scientific research demonstrating the infeasibility of such an activity in a country like El Salvador, densely populated and with interconnected drainage basins.
In contrast, the law ultimately approved by the officialist Legislative Assembly underwent only a few changes from the proposal that came from the Presidential House. And these were not even suggested by the parliamentarians but by representatives from the Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
Among these modifications is the possibility of establishing mixed-economy companies, in which the state has participation in carrying out mining cycle activities. Others pertain to penalties, increasing the base of severe fines from 10 minimum wages for the commerce sector to 100.
For lawmaker Marcela Villatoro, from ARENA, the speed with which this General Law of Mining was approved and sanctioned, along with the chosen dates, reflects a government desire for the population “not to have time to protest, so people wouldn’t say anything.”
“The same happened when it was sanctioned, seeking, according to the Executive, a way for it to go unnoticed. However, even though it’s ‘in force’, the people can continue demanding tirelessly so that the president realizes there is strong opposition from Salvadorans,” the lawmaker commented. She recalled that almost 60% of the population believes the country is not suitable for metallic mining, according to a December survey by the Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) of the Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
The law prohibits the use of mercury in mining activities; however, it does not do the same with other products highly harmful to humans, such as arsenic and cyanide, something that has been denounced by civil society organizations. The government can still address this omission in the manuals that will operate under this law.
Both in the discussions in the respective commission and those held in the Plenary the day the decree was approved, lawmaker Francisco Lira also highlighted the issue that the institutions responsible for monitoring and regulating the environmental aspects of mining activities will be the Ministry of Environment and Natural Resources (MARN) and the Salvadoran Water Authority (ASA), as both have received significant budget cuts for 2025, of 21% and 32% from 2024, respectively.
“Let’s be coherent, fellow lawmakers, you haven’t even given the necessary budget to the two institutions that will monitor mining issues in our country,” said Lira.
Bukele sancionó ley de Minería Metálica el mismo día que la Asamblea la aprobó
La Ley General de la Minería Metálica fue sancionada por el presidente Nayib Bukele, el mismo día en el que se aprobó en la Asamblea Legislativa, el 23 de diciembre de 2024, según consta en el Diario Oficial publicado esta semana con fecha 23 de diciembre. El decreto también fue avalado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem.
El decreto dice que su entrada en vigencia sería 15 días después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que estaría vigente desde el 7 de enero; pero la divulgación de la edición se hizo efectiva hasta esta semana, por lo que su vigencia podría ser hasta finales de enero.
Con esta ley volverán a permitirse de manera plena todas las actividades relacionadas con la minería metálica, que fue prohibida por El Salvador en 2017. Era el único país con una legislación semejante.
La misma se aprobó con el consenso de todos los partidos políticos que conformaban la Asamblea Legislativa en la época y fue el fruto de años de lucha de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios e, incluso, de la Iglesia Católica.
La prohibición también se decidió con base en investigaciones científicas que demuestran la inviabilidad de una actividad como esta en un país como El Salvador, densamente poblado y con todas las cuencas hidrográficas interconectadas.
En cambio la ley que finalmente se aprobó en la Asamblea Legislativa oficialista tuvo apenas unos pocos cambios respecto al proyecto que llegó desde Casa Presidencial. Y estos no fueron siquiera sugeridos por los parlamentarios, sino por los representantes de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
Entre esas modificaciones está que se puedan establecer sociedades de economía mixta, en las que el Estado tenga participación, para la realización de las actividades del ciclo minero. Otras son respecto a las sanciones, a las que se elevó la base de las sanciones graves, pasando de 10 salarios mínimos para el sector comercio a los 100.
Para la diputada Marcela Villatoro, de ARENA, la celeridad con la que se aprobó y se sancionó esta Ley General de Minería, además de las fechas elegidas para ello, responden a un deseo desde el Gobierno de que población “no tuviera tiempo de protestar, para que la gente no dijera nada”.
“Lo mismo pasó al momento de sancionarla, buscando, según el Ejecutivo, la forma de que pasara desapercibido. Sin embargo, aunque esté ‘vigente’ el pueblo puede seguir exigiendo hasta la saciedad para que el presidente se dé cuenta que existe un rechazo fuerte por parte de los salvadoreños”, comentó la legisladora.
Recordó que casi el 60 % de la población considera que el país no es adecuado para la minería metálica, según una encuesta de diciembre del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La ley prohíbe el uso de mercurio en las actividades mineras; sin embargo, no hace lo mismo con otros productos altamente nocivos para el ser humano, como el arsénico y el cianuro, algo que fue denunciado por organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno todavía puede corregir esta ausencia en los manuales con los que se operará esta ley.
Tanto en las discusiones en la comisión respectiva como en la realizada en el Pleno el día en el que se aprobó el decreto, el diputado Francisco Lira también llamó la atención sobre el hecho de que las instituciones encargadas de monitorear y regular el tema ambiental de las actividades mineras serán el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), pues ambas han recibido sendos recortes a sus presupuestos del 2025, del 21 % y el 32 % respecto al 2024, respectivamente.
“Seamos coherentes, colegas diputados, no le han dado ni siquiera el presupuesto que necesitan las dos instituciones que van a vigilar el tema de minería en nuestro país”, dijo Lira.