The president of the republic, Nayib Bukele, approved the legislative decree containing the metal mining law, which revives the exploration, extraction, and processing of minerals in El Salvador, as stated in Official Gazette number 245, volume 445, dated December 23, 2024.
The decree was endorsed by President Bukele and Minister of Economy, María Luisa Hayem, at the Presidential House on December 23, the same day it was approved by the Assembly at the request of the Executive Body, thereby nullifying the ban that had been in place since 2017 after a long struggle from social organizations.
Various sectors have criticized the enforcement of regulations that are not published in the Official Gazette, even if they are approved on the same day. In the case of the General Law on Metal Mining, the regulation was published on January 10, 2025, thirteen days after being approved.
Article 140 of the Constitution of the Republic states that a law becomes mandatory only “eight days after its publication. This period may be extended, but not shortened.”
Additionally, there is a ruling from the Constitutional Court that establishes that the circulation date on which a law is published “constitutes the real publication.” “The effective date of a law is to be established at least eight days after — at minimum — its actual publication, meaning the circulation of the Official Gazette in which the law is printed.”
The law was approved in a session that provoked fierce criticism from both opposition lawmakers and environmental organizations, who pointed out the lack of public discussion and technical studies on the impact of metal mining in the country.
Although the law establishes that the state is solely responsible for the exploration, extraction, and processing of metallic minerals, eliminating the need for legislative concessions, it allows partnerships with private companies under public-private cooperation schemes.
According to the government, the change in legislation responds to the need to “rationally and sustainably” harness the country’s mineral resources to promote economic development and to generate employment and resources for the state.
A key provision of the new law is Article 8, which prohibits the use of mercury in mining activities due to its toxicity, requiring that any generated mercury be treated according to specific plans regulated by the Ministry of Environment and Natural Resources (MARN).
However, despite this measure, which was seen as a step forward in terms of environmental protection, opponents of the law believe it is insufficient and that the return of metal mining could have devastating effects on the environment and the most vulnerable communities, which face risks of water contamination, deforestation, and the destruction of fragile ecosystems, as it does not prohibit the use of other harmful chemicals like arsenic, cyanide, and other chemicals released by mining activities.
According to a national survey conducted between December 5 and 17 by the Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) (University Institute of Public Opinion) of the José Simeón Cañas Central American University (UCA), 59.2% of Salvadorans believe the country is not suitable for metallic mining.
This perception has been consistent over the years, and the survey results coincide with those obtained in 2007 and 2015, where the majority of respondents also expressed concern about metal mining.
Moreover, 61% of the survey participants indicated that mining would have negative impacts on the environment, with 29.9% identifying the contamination of water sources as the main problem associated with this activity.
Additionally, Andrew McKinley, a water and mining expert from the UCA, questioned the economic and environmental viability of mining in El Salvador, noting that the concentration of gold and silver in the country’s subsoil is very low, making the extraction process unfeasible in a profitable and sustainable manner.
McKinley explained that to extract enough gold to make a ring, more than 20 tons of rock and soil would need to be processed. “What would that imply for a country as small as El Salvador?” the expert pondered.
This outlet requested from the Presidential House, via the Public Information Access Law, a copy of the studies supporting the re-establishment of mining in El Salvador in a “rational and sustainable” manner; however, the Presidency’s response was that it was unable to provide that information.
Bukele sanciona ley que permite la minería metálica en El Salvador
El presidente de la república, Nayib Bukele, sancionó el decreto legislativo que contiene la ley de minería metálica que revive la exploración, extracción y procesamiento de minerales en El Salvador, según lo consigna el Diario Oficial número 245, tomo 445, del 23 de diciembre de 2024.
El decreto fue avalado por el presidente Bukele y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, en Casa Presidencial el 23 de diciembre pasado, el mismo día que lo aprobó la Asamblea a petición del Órgano Ejecutivo. Anulando así la prohibición que estaba vigente desde 2017, después de una larga lucha de las organizaciones sociales.
Diversos sectores han criticado la vigencia de las normativas que no son publicadas en el Diario Oficial, aunque sean sancionadas el mismo día de su aprobación. En el caso de la Ley General de Minería Metálica, la normativa fue publicada hasta el 10 de enero de 2025, trece días después de ser aprobada.
El artículo 140 de la Constitución de la República determina que para que una ley sea obligatoria deberán transcurrir, por lo menos, “ocho días después de su publicación. Este plazo podrá ampliarse, pero no restringirse”.
Además, existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional que establece que la puesta en circulación en la que aparece publicada una ley “constituye la real publicación”. “La fecha de vigencia de una ley ha de establecerse transcurridos ocho días después –al menos- de su efectiva publicación, es decir, de la puesta en circulación del Diario Oficial en que aparece impresa la ley”.
La ley fue aprobada en una sesión que suscitó intensas críticas tanto de diputados opositores como de organizaciones medioambientales, quienes señalaron la falta de discusión pública y de estudios técnicos sobre el impacto de la minería metálica en el país.
Aunque la ley establece que el Estado es el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, eliminando la necesidad de concesiones legislativas; permite las asociaciones con empresas privadas bajo modalidades de cooperación público-privada.
Según el gobierno, el cambio de legislación responde a la necesidad de aprovechar de manera “racional y sostenible” los recursos minerales del país para fomentar el desarrollo económico, y para generar empleo y recursos para el Estado.
Una de las disposiciones clave de la nueva ley es el artículo 8, que prohíbe el uso de mercurio en actividades mineras debido a su toxicidad, exigiendo que cualquier mercurio generado sea tratado conforme a planes específicos regulados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Sin embargo, a pesar de esta medida, que fue vista como un avance en términos de protección ambiental, los opositores a la ley consideran que es insuficientes y que el retorno de la minería metálica podría tener efectos devastadores en el medio ambiente y en las comunidades más vulnerables, que enfrentan los riesgos de contaminación del agua, la deforestación y la destrucción de ecosistemas frágiles; pues no prohíbe el uso de otros químicos contaminantes como el arsénico, cianuro y otros químicos que se desprenden de la actividad minera.
Según los resultados de una encuesta nacional realizada entre el 5 y el 17 de diciembre por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), un 59.2% de los salvadoreños considera que el país no es adecuado para la minería metálica.
Esta percepción ha sido constante a lo largo de los años, y los resultados de la encuesta coinciden con los obtenidos en 2007 y 2015, donde la mayoría de los encuestados también expresó su preocupación por la minería metálica.
Además, un 61% de los participantes en la encuesta señaló que la minería tendría impactos negativos en el medio ambiente, y más específicamente, el 29.9% identificó la contaminación de fuentes de agua como el principal problema asociado con esta actividad.
De igual manera, Andrew McKinley, experto en agua y minería de la UCA, cuestionó la viabilidad económica y ambiental de la minería en El Salvador, al señalar que la concentración de oro y plata en el subsuelo del país es muy baja, lo que haría inviable el proceso extractivo de manera rentable y sostenible.
McKinley explicó que, para extraer suficiente oro para hacer un anillo, se necesitarían procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “¿Qué implicaría eso para un país tan pequeño como El Salvador?”, reflexionó el experto.
Este medio solicitó a Casa Presidencial, vía Ley de Acceso a la Información Pública, una copia de los estudios que respalden el restablecimiento de la minería en El Salvador de forma “racional y sostenible”, sin embargo, la respuesta de la Presidencia fue que no estaba en capacidad de entregar esa información.