Union leaders from the Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) (Movement for the Defense of Workers’ Rights) are reporting delays and closures of institutions established to guarantee human rights after the signing of the 1992 Peace Accords, as well as the dismissal of over 5,500 public workers.
Among the institutions highlighted are the Policía Nacional Civil (PNC) (National Civil Police), where 300 workers have been dismissed since October 19, 2023; the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) (Office of the Human Rights Ombudsman), which has recorded 102 personnel removals; and the Tribunal Supremo Electoral (TSE) (Supreme Electoral Tribunal), where 140 positions have been eliminated.
At a press conference that included union leaders dismissed from the Legislative Assembly, the Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) (National Commission for Micro and Small Enterprises), the PDDH, and the Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) (Salvadoran Teachers’ Front), among others, it was revealed that since October 19, 2023, a total of 3,498 employees have been dismissed across various state institutions.
During Nayib Bukele’s first term, union leaders stated that there were 20,650 dismissals across government entities, municipalities, and the Legislative Assembly. For the second term, up to October, the number had already reached 2,250 dismissals.
“This coming January 16, 2025, marks 33 years since the signing of the Peace Accords that ended 12 years of civil war through political means, paving the way for democracy, respect for human rights, and the reunification of Salvadoran society. However, these rights are now being violated,” said Silvia Navarrete from Sitrasalud.
In 2022, following the approval of the Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) (Special Law for the Retirement and Economic Compensation of Personnel of the National Civil Police and the National Academy of Public Security), more than 3,000 police officers and 106 academy staff were “forced into early retirement,” they stated.
“The union leaders from SITANSP were dismissed on May 31, and it took a year and a half for them to receive their economic compensation, contrary to what the law stipulated,” Navarrete added.
One institution born of the Peace Accords and eliminated by the government in December 2022 is the Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) (Protection Fund for the Disabled and Wounded as a Result of the Armed Conflict), leaving 375 people unemployed, they asserted.
75 Unionists Dismissed
The MDCT reiterated that there is “a clear violation” of the right to unionization and union immunity as recognized under Article 47 of the Constitution of the Republic.
Since October 19, 2023, 75 union members have been dismissed from their jobs, according to data shared by the MDCT on Thursday.
“Many of the dismissals being carried out are illegal, if not all of them. The practice of eliminating positions is currently being used as a disguised form of dismissal, which enables us to take legal action and file appropriate lawsuits. We urge anyone who feels their rights have been violated by such dismissals to seek us out,” explained Luis Rivera, an MDCT legal advisor.
Erick Zelaya, a union leader dismissed from CONAMYPE, also stated that the elimination of positions continues to be announced this January in sectors such as education and health, ANDA (the National Water and Sewer Administration), and other entities.
“We know this will continue until March,” he remarked, referencing the cutting of over 11 positions under the government’s current fiscal adjustment plan.
Rivera added that the data do not include workers who opted for voluntary retirement decrees.
“At the Supreme Court of Justice alone, 1,800 people adhered to these decrees; we know coercion was involved,” he claimed.
“The crisis into which the working class, institutionalism, and the Salvadoran people are entering is severe, and it is something we must also review with international organizations. These groups should hold this government accountable to fulfill the parameters of democracy, transparency, and respect for the rule of law,” said Guillermo García, dismissed from the PDDH.
They also denounced the use of the state of exception to arbitrarily persecute and imprison human rights defenders, as well as political and social leaders.
In this regard, they demanded the reinstatement of individuals illegally dismissed, adherence to due process, respect for the right to hearings and legal defense, and the restoration of the rights of union members whose rights have been violated.
They also called for an end to workplace harassment and arbitrary transfers.
The unionists further demanded the “immediate” release of municipal union leaders Giovanni Aguirre, Sabino Ramos, and Misael Itamir Gómez, who they claim are being criminalized for defending workers’ rights as part of the ongoing state of exception.
Sindicalistas denuncian retrocesos en instituciones y más de 5 mil despidos
Sindicalistas que forman parte del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) denuncian retrasos y cierre de instituciones que fueron creadas como garantes de derechos humanos, tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, así como el despido de más de 5,500 trabajadores públicos.
Entre estas señalan la Policía Nacional Civil (PNC) donde, desde el 19 de octubre de 2023 a la fecha, se han despedido a 300 trabajadores; en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) apuntan que tienen un registro de 102 personas que han sido separadas de sus cargos; asimismo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han sido suprimidas 140 plazas.
Durante una conferencia de prensa en la que participaron líderes sindicales despedidos de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE ); de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), entre otros, señalaron que desde el 19 de octubre pasado a la fecha la cifra de empleados despedidos en diferentes instituciones del Estado es de 3,498.
Durante el primer mandato de Nayib Bukele señalaron que hubo 20,650 despidos, entre entidades de gobierno, alcaldías y Asamblea Legislativa. Para el segundo periodo, hasta octubre ya se tenía 2,250.
“Este 16 de enero de 2025 se cumplen 33 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil por vía política, abriendo el camino a la democracia, al respeto de los derechos humanos y a la reunificación de la sociedad salvadoreña, no obstante ahora se está violentando estos derechos”, expuso Silvia Navarrete, de Sitrasalud.
En 2022, con la aprobación de la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), más de 3,000 policías y 106 empleados de la Academia fueron “obligados al retiro forzoso”, expusieron.
“Los directivos del sindicato SITANSP fueron despedidos el 31 de mayo, tardaron año y medio para darles la compensación económica, contrario a lo que estipulaba la ley”, añadió Navarrete.
Una de las instituciones que nació tras los Acuerdos de Paz y que en diciembre de 2022 fue eliminada por el gobierno es el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD), expusieron, asimismo afirmaron que este acto dejó a 375 personas desempleadas.
75 sindicalistas despedidos
El MDCT reiteró además que existe “una clara violación” al derecho de sindicación y al fuero sindical reconocido en el artículo 47 de la Constitución de la República.
Desde el 19 de octubre pasado a la fecha, 75 sindicalistas han sido separados de sus puestos de trabajo, según los datos dados a conocer este jueves por el MDCT.
“Muchos de los despidos que se están realizando son de forma ilegal, por no decir que todos; la figura de supresión de plazas es una figura utilizada en este momento como un despido encubierto y eso nos permite poder accionar ante la jurisdicción, poder poner las demandas respectivas. Solicitamos a todos aquellos que se sientan vulnerados por despidos que se hayan realizado, que nos busquen”, expuso el abogado Luis Rivera, asesor del MDCT.
Erick Zelaya, sindicalista y despedido de CONAMYPE, por su parte afirmó que la supresión de plazas se han seguido anunciando en este mes de enero en carteras como Educación y Salud, en ANDA y otras entidades.
“Sabemos que esto va a seguir hasta marzo”, expuso, en relación al recorte de más de 11 plazas contempladas en un plan de ajsute fiscal del gobierno en turno.
El abogado Rivera añadió que estos datos no incluyen a trabajadores que se apegaron a los decretos de retiro voluntario.
“Solo en la Corte Suprema de Justicia, 1,800 personas se adhirieron a estos decretos; sabemos que hubo coacción para adherirse”, sostuvo.
“La crisis en la que va a entrar la clase trabajadora, la institucionalidad y el pueblo salvadoreño es tremenda, y es algo que debemos revisarlo también con los organismos internacionales para que cuestionen a este gobierno para que cumpla con los parámetros de democracia, transparencia, de respeto al estado de derecho”, sostuvo Guillermo García, despedido de la PDDH.
Asimismo, denuncian la utilización del Régimen de Excepción para perseguir y encarcelar de manera arbitraria a personas defensoras de derechos, liderazgos políticos y sociales.
En tal sentido, demandan el reinstalo de las personas despedidas de manera ilegal, además de seguir el debido proceso, respeto a los derechos de audiencia y defensa, así como el respeto al derecho a la libre sindicación, al fuero sindical y el restablecimiento de estos derechos a sindicalistas a quienes se les ha vulnerado.
Asimismo, detener el acoso laboral y los traslados arbitrarios.
Los sindicalistas piden además la libertad “inmediata” para los líderes sindicales municipales detenidos en el marco del régimen de excepción Giovanni Aguirre, Sabino Ramos y Misael Itamir Gómez, quienes aseguran, son criminalizados por defender los derechos de la clase trabajadora.