A total of 32 organizations and social movements have denounced “double jeopardy” in the judicial case against former FMLN veterans, now environmentalists, accused of the murder of María Inés Alvarenga, committed in Santa Marta in August 1989, in the context of the country’s armed conflict.
“We once again express our deep concern and vigorous rejection of this unjust criminal process, in which the Fiscalía General de la República (FGR) (Attorney General’s Office) maintains an accusation without evidence, based on the contradictory account of a suspect protected witness who has constantly changed his version,” they highlighted in a statement.
The Criminal Chamber of Cojutepeque annulled the ruling issued by the Sentencing Court of Sensuntepeque, in which the five former guerrilla members were acquitted, after the Prosecutor’s Office appealed the ruling.
In the appeal, prosecutors argued that Alvarenga’s murder by the guerrilla group is a crime against humanity and is imprescriptible because more than 50 people were killed by the same guerrilla group in a similar manner, as witnesses have stated. They also claim that she was a civilian who was forced to cook and run errands for the combatants.
Furthermore, they point out that even as a common crime, it has not expired, considering that the Amnesty Law was not in effect until 2016.
David Ortiz, a lawyer from the Asociación Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández,” explained that although the appeal process after the acquittal is legal, they consider it a double jeopardy when conducting “a thorough analysis.”
“There are two levels of analysis that can be done, one procedural and one substantive (…) if we look at it procedurally, we can say that these are processes provided by law and there are no irregularities,” he indicated.
However, from a substantive analysis, Ortiz asserts that the Prosecutor’s Office “has been unable to generate evidence to support the accusation against the defendants.”
“We have a case in which the Prosecutor’s Office has not developed any investigation process and they have built it upon the testimony of a ‘lying’ key witness who has made different statements and contradicted himself throughout the process,” Ortiz explained.
The prosecution maintains that the accused, who were members of a guerrilla group, ordered and carried out Alvarenga’s murder because they suspected she was an Army informant. The woman was taken from her home in Santa Marta district and transported to an FMLN guerrilla camp, where she was tortured and then killed.
The prosecution’s accusation states that all those involved in the murder had some level of command in the platoon, were part of the leadership, zone commanders, and at a national level.
The defendants are Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, and Alejandro Laínez García. Also being tried are the rebellious defendants (persons who do not appear before the judge in the established timeframe in a criminal proceeding despite being summoned) José Eduardo Sancho Castañeda and Arturo Serrano Ascencio.
The retrial has been scheduled from February 3 to 6 at the courts of Ciudad Delgado, in San Salvador Center.
“There is an obstinacy on the part of the Prosecutor’s Office to continue maintaining this case that has been unsustainable so far; the Prosecutor’s Office has been unable to sustain it (…) the perversity is so great that they are bringing our comrades back to trial. We hope that the judges will act in accordance with the law; they are also beholden to justice,” declared Vidalina Morales, representative of the Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta.
Political Background
Furthermore, the social organizations pointed out that the process against the veterans is related to the government’s interest in reviving the mining industry in the country.
“The political background of this judicial process is the economic interests evidenced by the recent repeal of the Law Prohibiting Metallic Mining and the express approval of a new regulation that paves the way for the most polluting of extractive industries,” they noted.
Morales said that since the arrest of the environmentalists, groups like ADES have denounced the government’s intention to reactivate mining projects in the country.
“Since 2020, we had been alerting El Salvador; unfortunately, we were not heard, but we resumed the issue upon the arrest of our comrades because, knowing who they are, we said, ‘there is no other interest here but to exploit mining,'” Morales declared.
An attempt was made to obtain the Prosecutor’s Office’s opinion through a message to the institutional phone of the press chief of that institution, but no response was received by the time this article was finalized.
Organizaciones denuncian “doble juzgamiento” en caso Santa Marta
Un total de 32 organizaciones y movimientos sociales denunciaron un “doble juzgamiento” en el caso judicial contra excombatientes del FMLN, ahora ambientalistas, acusados por el homicidio de María Inés Alvarenga, cometido en Santa Marta en agosto de 1989, en el contexto del conflicto armado en el país.
“Manifestamos una vez nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo a este injusto proceso penal, en el cual la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una acusación sin pruebas, basada en el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido que ha cambiado constantemente su versión”, destacaron en un comunicado.
La Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en el que los cinco ex integrantes de la guerrilla fueron sobreseídos, luego que la Fiscalía apeló el fallo.
En la apelación, los fiscales argumentaron que el asesinato de Alvarenga, por parte de la agrupación guerrillera, es un crimen de lesa humanidad y es imprescriptible, porque con ese mismo patrón fueron asesinadas más de 50 personas por el mismo grupo guerrillero, según han declarado los testigos. Además, alegan que se trata de una persona civil que era obligada a cocinarles y hacer mandados a los combatientes.
Por otra parte, señalan que como delito común tampoco no ha prescrito, tomando en cuenta que la Ley de Amnistía no estuvo vigente sino hasta 2016.
El abogado David Ortiz, de la Asociación Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández”, explicó que aunque el procedimiento de apelación tras el sobreseimiento es legal, consideran que se trata de un doble juzgamiento cuando se hace “un análisis de fondo”.
“Hay dos niveles de análisis que se pueden hacer, uno de forma y uno de fondo (…) si lo vemos desde un enfoque de forma, podemos decir que son procesos que la ley prevé y no hay ninguna irregularidad”, indicó.
Sin embargo, desde el análisis de fondo Ortiz asegura que la Fiscalía “no ha sido capaz de generar pruebas para amparar la acusación que le hace a los imputados”.
“Tenemos un caso en el cual la Fiscalía no ha desarrollado ningún proceso de investigación y lo han montado sobre la declaración de un testigo criteriado ‘mentiroso’, que ha dicho diferentes afirmaciones y se ha contradicho en el transcurso del proceso”, explicó Ortiz.
El ente fiscal sostiene que los imputados, quienes eran integrantes de un grupo guerrillero, ordenaron y perpetraron el asesinato de Alvarenga, debido a que sospechan que ella era informante del Ejército. La mujer fue sacada de su vivienda ubicada en el cantón Santa Marta, y fue llevada hacia un campamento de la guerrilla del FMLN, donde fue torturada y luego le quitaron la vida.
La acusación fiscal establece que todos los implicados en el asesinato tenían algún grado de mando del pelotón, eran parte de las jefaturas, comandantes de zona y a nivel nacional.
Los procesados son: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García. También están siendo juzgados los imputados rebeldes (persona que no comparece ante el juez en el plazo establecido en un procedimiento penal, a pesar de haber sido demandada) José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
La repetición del juicio ha sido programada del 3 al 6 de febrero en los juzgados de Ciudad Delgado, en San Salvador Centro.
“Aquí hay una necedad de la Fiscalía de querer seguir manteniendo este caso que ha sido insostenible hasta ahora, la Fiscalía no lo ha podido sostener (…) la perversidad es tan grande que llevan de nuevo a los compañeros a juicio. Esperamos que los señores jueces actúen en conformidad a la ley, ellos se deben también a la justicia”, declaró Vidalina Morales, representante de la la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta.
Trasfondo político
Por otra parte, las organizaciones sociales señalaron que el proceso contra los excombatientes está relacionado al interés del gobierno de reactivar la industria de la minería en el país.
“El trasfondo político de este proceso judicial son los interés económicos evidenciados en la reciente derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y la aprobación exprés de una nueva normativa que abre el camino a la más contaminante de las industrias extractivas”, señalaron.
Morales dijo que desde la captura de los ambientalistas como ADES denunciaron la intención del gobierno de reactivar los proyectos mineros en el país.
“Desde el 2020 nosotros veníamos poniendo en alerta a El Salvador, desgraciadamente no fuimos escuchados, pero volvimos a retomar el tema al momento de la captura de nuestros compañeros, porque nosotros conociendo quienes son, dijimos ‘aquí no hay otro interés de explotar la minería’ ”, declaró Morales.
Se intentó conocer la opinión de la Fiscalía a través de un mensaje al celular institucional de la jefa de prensa de esa institución, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta.