Five more people were dismissed this Monday, January 6, from the Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH), according to internal sources who requested anonymity and report over 100 dismissals occurring between December 16, 2024, and the present date. “And the dismissals continue,” they emphasize.

On December 20, it was revealed that seven of the 10 members of the board of the Union of Employees of the Office of the Human Rights Ombudsman of El Salvador (SEPRODEHES) were dismissed.

The affected individuals complained that their dismissals are illegal and that their union protections are not being respected. On December 26, Guillermo García, a former PDDH employee, indicated that the institution is eliminating positions and leaving minimal staff with the workload nationwide, which would complicate case resolution and cause delays in processes.

In an interview with this outlet, García said that the Office of the Human Rights Ombudsman has entered into “a crisis” that, in his opinion, began with the return of Raquel Caballero de Guevara as the head. The official is questioned for her role concerning the complaints from victims of the state of exception, her travels, and alleged hiring of family members.

“The dismissals are generating a crisis,” says García, detailing that five people were dismissed on Monday. Among them were a coordinator of youth units, an employee of the deputy ombudsman’s office for economic, social, and cultural rights, a member of the women’s unit, and a member of the communications team.

Recently, the Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador reported the death of Edgar Remberto Minero Hernández, after being notified of his dismissal by the institution’s human resources on December 16.

The man, who served as a guard for the PDDH in the Zacatecoluca delegation, reportedly passed away on December 31.

This outlet obtained a letter notifying Minero that his position would be eliminated as of January 1, 2025. The reason, according to the document, was due to budget cuts for the 2025 fiscal year.

On January 3, the PDDH Union collected documents from dismissed individuals from the rights-defending entity. Union spokespeople announced they would take legal action and seek the reinstatement of the unemployed.

An important detail is that the PDDH Union has stated that at this moment they can only provide legal support to dismissed PDDH workers who are affiliated with the union. They cannot assist others due to the large number of affiliated members who have been laid off in recent days, according to a union statement verified by YSUCA.

An anonymous source said that the entity’s workforce consists of about 500 people, but 20% of workers have already been dismissed. “They want to turn the PDDH into a useless institution,” the source claims.

This outlet sought a statement from the PDDH through email and by calling 2529-5348, but as of the closing of this article, there has been no response.

YSUCA: https://ysuca.org.sv/2025/01/crisis-en-la-pddh-una-muerte-despidos-y-vulneracion-de-derechos/

Crisis en la PDDH: una muerte, despidos y vulneración de derechos

Cinco personas más fueron despedidas este lunes 6 de enero de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, según informan fuentes internas que pidieron el anonimato y que contabilizan más de 100 despidos ocurridos entre el 16 de diciembre de 2024 hasta la fecha. “Y siguen los despidos”, subrayan.

El 20 de diciembre pasado se dio a conocer que siete de los 10 miembros de la junta directiva del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador -SEPRODEHES- fueron despedidos.

Los afectados denunciaron que sus despidos son ilegales y que no están respetando su fuero sindical. El 26 de diciembre, Guillermo García, extrabajador de la PDDH, señaló que la institución está suprimiendo plazas y dejando a poco personal con la carga de trabajo a nivel nacional, lo que complicaría la resolución de casos y generará retrasos en los procesos.

Entrevistado por este medio, García dice que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha entrado en “una crisis” que, a su parecer, comenzó desde el regreso de Raquel Caballero de Guevara, como titular. A la funcionaria se le cuestiona su papel de cara a las denuncias de víctimas de régimen de excepción, sus viajes y presuntas contrataciones de familiares.

“Los despidos vienen a generar una crisis», dice García al detallar que este lunes se despidió a cinco personas, entre estas se encuentra una coordinadora de unidades juveniles, un empleado de la procuraduría adjunta de derechos económicos, sociales y culturales, una persona de la unidad de la mujer. También se quedó sin empleo un integrante de comunicaciones.

Recientemente, el Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador denunció la muerte de Edgar Remberto Minero Hernández, después de ser notificado de su despido por recursos humanos de la institución el 16 de diciembre pasado.

El hombre que se desempeñó como vigilante de la PDDH de la delegación de Zacatecoluca, habría perdido la vida el 31 de diciembre pasado.

Este medio tuvo acceso a la carta en que se le notificó a Minero que su plaza sería suprimida a partir de este 1 de enero del 2025. La razón, según el documento, obedece a la disminución presupuestaria para el ejercicio fiscal 2025.

El 3 de enero el Sindicato de la PDDH recogió documentos de personas despedidas de la entidad defensora de derechos. Voceros del sindicato anunciaron que tomarán acciones legales y pedirán el reinstalo de los desempleados.

Un dato importante es que el Sindicato de la PDDH ha informado que en estos momentos solo pueden brindar apoyo jurídico a los trabajadores despedidos del PDDH que estén afiliados a la organización sindical. A los demás no pueden ayudarles debido a la gran cantidad de afiliados y afiliadas que han sido despedidas en los últimos días, según se lee en un comunicado del sindicato que fue verificado por YSUCA.

Una fuente que pidió anonimato dice que la planta de trabajadores de esa entidad es de unas 500 personas, pero ya se ha despedido al 20% de trabajadores. “Quieren convertir a la PDDH en una institución inutil”, manifiesta.

Este medio gestionó la postura de la PDDH, a través de un correo electrónico y llamando al 2529-5348, pero al cierre de esta nota no ha habido respuesta.

YSUCA: https://ysuca.org.sv/2025/01/crisis-en-la-pddh-una-muerte-despidos-y-vulneracion-de-derechos/