El Salvador is nearing three years under the state of exception, in effect since March 2022. On Sunday, January 5th, lawmakers, mostly from the ruling party, approved the thirty-fourth extension of the state of exception, which suspends constitutional guarantees and has resulted in over 83,600 detentions, according to the Salvadoran government.
According to Gabriela Santos, director of the Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) (Central American University Human Rights Institute), the year begins under the same logic wherein the state of exception has shifted focus from gangs and is now used as a means to intimidate or threaten the Salvadoran population. Santos asserted that the exceptional measures are employed to justify breaches in due process.
During his visit to Costa Rica in November of last year, Nayib Bukele addressed the issue of innocent detainees, stating that in El Salvador’s case, the state has released 8,000 individuals who had no ties to gangs.
Santos highlighted that within the framework of these measures, innocent people have been imprisoned for one or two years without legal certainty, creating uncertainty across the Salvadoran population. She added that many of these detentions occurred amid irregularities in police records by National Civil Police (PNC) officers.
The IDHUCA director affirmed that suspending rights should not be the sole method to combat crime and ensure public safety. “We cannot think that the only way the state has to combat crime is by suspending everyone’s rights,” Santos noted. “Safety is not a trade-off. We must demand respect for our lives and security while also ensuring human rights are respected,” she emphasized.
Santos expressed that some of the Salvadoran population fears the state of exception, even though they know they have no ties to gangs or criminal activities. This fear leads many to lower their profile or avoid voicing their opinions, concluded the IDHUCA director.
El Estado debe garantizar seguridad sin sacrificar derechos fundamentales: Gabriela Santos
El Salvador está cerca de cumplir tres años bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. El domingo 5 de enero, los diputados, en su mayoría oficialistas, aprobaron la trigésima cuarta ampliación del régimen, que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 83,600 detenciones, según el gobierno salvadoreño.
De acuerdo con la directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Gabriela Santos, el año inicia bajo la misma lógica en la que el régimen de excepción ha dejado de enfocarse en las pandillas y ahora es utilizado como una forma de amedrentar o amenazar a la población salvadoreña. Santos afirmó que las medidas excepcionales son empleadas para justificar las faltas al debido proceso.
Nayib Bukele, en su visita a Costa Rica, en noviembre del año pasado, se refirió a las personas inocentes detenidas y afirmó que, en el caso de El Salvador, el Estado ha liberado a 8,000 personas que no tenían vínculos con las pandillas.
Santos señaló que, en el marco de estas medidas, se ha encarcelado a personas inocentes que llevan uno o dos años detenidas sin certeza jurídica, lo que genera incertidumbre en toda la población salvadoreña. Agregó que muchas de estas detenciones ocurrieron bajo irregularidades en las actas policiales por parte de agentes de la PNC.
La directora del IDHUCA aseguró que suspender derechos no debe ser la única manera de combatir el delito y garantizar la seguridad de la población. “No podemos pensar que la única forma que el Estado tiene para combatir la delincuencia sea suspender los derechos de todos”, acotó Santos. “No es un trueque la seguridad. Debemos exigir respeto a nuestra vida y que nos brinden seguridad, pero que también se respeten los derechos humanos”, enfatizó.
Santos manifestó que una parte de la población salvadoreña tiene miedo al régimen, a pesar de que saben que no tienen vínculos con pandillas o actividades criminales. El miedo hace que muchas personas bajen su perfil o eviten opinar, concluyó la directora del IDHUCA.