The Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) (Salvadoran Teachers’ Front) has reported the initiation of layoffs at the Ministry of Education (MINED), affecting both teaching and administrative staff in various parts of the country. According to Idalia Zúniga, FMS general secretary, the layoffs began last Friday and have included the elimination of positions in administrative and educational areas in departments like La Paz and Santa Ana.
“In La Paz, they fired all those who were already eligible for retirement and those who continued working despite being retired. The same happened in Santa Ana, where 21 positions were eliminated on Friday, including those of pedagogical and training technicians,” stated Zúniga. The leader pointed out that the layoffs have been carried out without ensuring severance payments or adherence to due process.
Zúniga explained that some retired teachers who were still working received dismissal letters through school principals, without being previously summoned by the Departmental Directorate. According to these reports, the letters mention the elimination of positions but do not include information about severance pay, causing concern among those affected.
This newspaper sought a response from the Ministry of Education regarding the reported layoffs of administrative and teaching staff, but received no reply.
These layoffs are part of a broader budget adjustment affecting various public institutions. According to data from the Ministry of Finance, the general budget for 2025 anticipates reducing 11,176 positions compared to the previous year.
The Minister of Finance, Jerson Posada, defended the measure during the presentation of the 2025 budget project, arguing that it aims to “optimize resource use” and maintain an “optimal payroll” in institutions, although he assured that the cuts would not affect medical or nursing staff.
Additionally, this year’s budget includes a $31 million reduction for Education.
However, unions have expressed concern over the lack of technical studies supporting these decisions.
Héctor Rodríguez, representative of the Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) (Dismissed Workers Movement), called the eliminations “illegal and arbitrary,” and pointed out that many institutions have not allowed workers to exercise their right to defense.
“Eliminations have been approved without a supporting law. We have legislation that states the right to a hearing and defense must be respected, but this has not happened,” said Rodríguez.
According to a report from LA PRENSA GRÁFICA, a total of 3,847 public employees were laid off in 2024, mostly under the guise of position elimination.
However, this practice has been questioned by legal experts like Eduardo Escobar, executive director of Acción Ciudadana (Citizen Action), who stated that no public employee in a technical position can be dismissed without justified cause and due process.
Besides labor concerns, the layoffs have had a significant impact on affected employees. According to the FMS, many workers face emotional and economic crises after losing their jobs.
Zúniga recounted the case of a dismissed laboratory worker who, not receiving severance, has fallen into extreme vulnerability. “His neighbors had to collect money because his electricity and water were cut off, and his partner left him. We’re afraid he might resort to suicide,” she commented.
Zúniga also stated that this situation primarily affects the most vulnerable workers, like retired teachers who continued working because their pension payments are insufficient.
According to complaints, some of these employees have been forced to sign voluntary resignation letters with minimal compensation. For example, administrative staff choosing this route receive only $360 per year worked, an amount below the minimum wage, while those dismissed through position elimination receive only six months of salary.
Zúniga assured that the layoffs at MINED are part of a broader plan responding to commitments of the Salvadoran government with the International Monetary Fund. “They are punishing state workers with this cutback policy. We will continue to denounce these violations,” she stated.
Meanwhile, unions like the FMS and the Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) have announced actions to raise awareness of the situation. These include press conferences and activities commemorating the Peace Accords, aimed at demanding respect for labor rights.
2025 inicia con despidos en el Ministerio de Educación
El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) denunció el inicio de despidos en el Ministerio de Educación (MINED), afectando tanto a personal docente como administrativo en distintas dependencias del país. Según Idalia Zúniga, secretaria general del FMS, los despidos comenzaron el viernes pasado y han incluido la supresión de plazas en áreas administrativas y educativas en departamentos como La Paz y Santa Ana.
“En La Paz despidieron a todos aquellos que ya tienen tiempo para jubilarse y a los que, estando jubilados, seguían laborando. Lo mismo ocurrió en Santa Ana, donde el viernes se suprimieron 21 plazas, entre ellas las de técnicos pedagógicos y de formación”, afirmó Zúniga.
La dirigente señaló que los despidos los han realizado sin garantizar el pago de indemnizaciones ni el cumplimiento del debido proceso.
Zúniga explicó que algunos docentes jubilados que aún trabajaban recibieron cartas de despido a través de los directores escolares, sin ser citados previamente por la Dirección Departamental. Según estas denuncias, las cartas mencionan la supresión de plazas, pero no incluyen información sobre indemnizaciones, lo que ha generado preocupación entre los afectados.
Este periódico buscó la postura del Ministerio de Educación sobre la denuncia de los despidos de administrativos y docentes, pero no hubo respuesta.
Estos ceses se enmarcan en un ajuste presupuestario más amplio que afecta a distintas instituciones públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto general de 2025 contempla la reducción de 11,176 plazas en comparación con el año anterior.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, defendió, durante la presentación del proyecto de presupuesto 2025, la medida argumentando que busca “optimizar el uso de recursos” y mantener una “planilla óptima” en las instituciones, aunque aseguró que los recortes no afectarían a personal médico ni de enfermería.
Además, el presupuesto de este año contempla una reducción de $31 millones menos para Educación.
No obstante, los sindicatos han expresado su preocupación por la falta de estudios técnicos que avalen estas decisiones.
Héctor Rodríguez, representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), calificó las supresiones de plazas como “ilegales y arbitrarias”, y señaló que muchas instituciones no han permitido que los trabajadores ejerzan su derecho a la defensa.
“Se han aprobado supresiones de plazas sin una ley que lo sustente. Tenemos una legislación que dice que se deben respetar los derechos de audiencia y defensa, pero esto no ha ocurrido”, dijo Rodríguez.
De acuerdo con un informe de LA PRENSA GRÁFICA, un total de 3,847 empleados públicos fueron despedidos en 2024, en su mayoría bajo la figura de supresión de plazas.
Sin embargo, esta práctica ha sido cuestionada por expertos legales como Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien aseguró que ningún empleado público con un cargo técnico puede ser cesado sin causa justificada y sin un debido proceso.
Además de las preocupaciones laborales, los despidos han tenido un impacto significativo en los empleados afectados. Según el FMS, muchos trabajadores enfrentan crisis emocionales y económicas tras perder sus empleos.
Zúniga relató el caso de un laboratorista despedido que, al no recibir indemnización, ha caído en una situación de extrema vulnerabilidad. “Sus vecinos tuvieron que recolectar dinero porque le cortaron la luz y el agua, y su pareja lo dejó. Tememos que pueda llegar al suicidio”, comentó.
Asimismo, Zúniga señaló que esta situación afecta principalmente a los trabajadores más vulnerables, como docentes jubilados que continuaban laborando debido a que el pago que reciben por sus pensiones son insuficientes.
Según las denuncias, algunos de estos empleados han sido obligados a firmar cartas de renuncia voluntaria con compensaciones mínimas. Por ejemplo, los administrativos que optan por esta vía solo reciben $360 por año trabajado, un monto inferior al salario mínimo, mientras que aquellos despedidos por supresión de plaza obtienen únicamente seis meses de salario.
Zúniga aseguró que los despidos en el MINED son parte de un plan más amplio que responde a compromisos del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional. “Están castigando a los trabajadores del Estado con esta política de recorte. Continuaremos denunciando estas violaciones”, expresó.
Mientras tanto, sindicatos como el FMS y el Movimiento de Trabajadores Despedidos han anunciado que realizarán acciones para visibilizar la situación. Entre estas, destacan conferencias de prensa y actividades en conmemoración de los Acuerdos de Paz, con el objetivo de exigir respeto a los derechos laborales.