Letter: The Mining Law is a Law Made in Haste to Foster Corruption — Carta: La de la minería es una ley hecha con las patas para fomentar la corrupción

Jan 4, 2025

The new Mining Law does not even cite Article 103 of the Constitution ("The subsoil belongs to the State, which may grant concessions for its exploitation"), which specifically regulates the exploitation of the subsoil through concessions. Concessions require deadlines, conditions, and approval by the Legislative Assembly. The new Mining Law invents another procedure that is essentially arbitrary. There is no longer an Assembly, a Constitution, a law, or a valid concession, only the will of an unconstitutional president. Everything will be decided arbitrarily. — La nueva Ley de Minería ni siquiera cita el Art.103 de la Constitución (“El subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación”), que específicamente regula la explotación del subsuelo a través de concesiones. Concesiones requieren de plazos, condiciones y aprobación de la Asamblea Legislativa. La nueva Ley de Minería inventa otro procedimiento que es en esencia arbitrario. Ya no hay Asamblea, tampoco Constitución, ni ley, ni concesión que valga, sino solamente la voluntad de un presidente inconstitucional. Todo será a dedo.

Dear friends:

Much has been said about the environmental consequences of the Mining Law. Everyone already understands they will be disastrous. But little has been mentioned about the corruption this law opens the door to. After speaking with legal experts, I outline the first points of irregularities in this law:

The new Mining Law does not even cite Article 103 of the Constitution (“The subsoil belongs to the State, which may grant concessions for its exploitation”), which specifically regulates the exploitation of the subsoil through concessions. Concessions require deadlines, conditions, and approval by the Legislative Assembly. The new Mining Law invents another procedure that is essentially arbitrary. There is no longer an Assembly, a Constitution, a law, or a valid concession, only the will of an unconstitutional president. Everything will be decided arbitrarily.

The mining law is an ad hoc regulation, tailor-made to serve the interests of a private corporation that they are going to create—and no one else will be invited to the party, except members and close friends of the ruling clan, who can join as partners with whichever partner they choose…

  • The new law does not establish the participation of the State in the company that will exploit the gold. It only states that the State must have shareholding participation, but without setting a minimum threshold. Consequently, the private partner could have majority control of the shares, enabling them to arrange service contracts at will; increase capital to reduce state participation, appoint the company auditor, and minimize net distributable profits. The State’s interests are not guaranteed.
  • There will also be no effective state regulation and supervision. The law transfers responsibility to four officials: the Minister of Environment; the head of the Water Authority; the Director-General of Energy, Hydrocarbons, and Mines; and the Director of Mines. All are presidential appointments and lack any independence.
  • Mercury is banned for gold extraction, but mercury-generating processing plants are authorized. Why?
  • The Penal Code sanctions environmental contamination crimes with imprisonment: 

Art. 255.- Anyone who directly or indirectly causes or allows emissions, radiation, or discharges of any nature into the soil, atmosphere, surface or underground waters, or maritime areas, in violation of respective laws and regulations and endangers the health or quality of life of people or the balance of ecological systems or the environment, shall be punished with imprisonment from four to eight years.

It also punishes officials who fail to intervene to prevent these crimes:

Art. 262.- Public officials or employees who, being obliged in the performance of their duties to report the commission of crimes related to the protection of natural resources, the environment, flora, and fauna, fail to do so or report them with omissions, shall be punished with imprisonment from one to three years and disqualification from holding office or employment for the same period.

But according to the new law, if the contamination is caused by mining, such as poisoning rivers and aquifers, only fines are imposed, while in any other polluting industry, those responsible face imprisonment. The mining law explicitly exempts from the sanctions outlined in the Penal Code. Immunity for the government and its partners.

  • They repeal the Mining Prohibition Law but essentially maintain it except for this corporation created by the State and its strategic partner chosen by the Bukele brothers. A monopoly emerges.

No serious and responsible investor would participate in mining exploitation under a framework fraught with so many irregularities. Those who come, come to plunder.

This is the Christmas gift given to us by Bukele’s 57 lawmakers. Any of them are responsible for the damage.

Best regards,

Paolo Lüers

EDH: https://www.elsalvador.com/opinion/cartas-de-paolo/las-cartas-de-paolo-luers-/1191509/2025/

Carta: La de la minería es una ley hecha con las patas para fomentar la corrupción

Estimados amigos:

Mucho se ha hablado de las consecuencias de la Ley de Minería para el medio ambiente. Ya todos entendieron que serán fatales. Pero poco se ha hablado de las puertas que esta ley abre a la corrupción. Luego de hablar con letrados del Derecho, expongo un primer punteo de las irregularidades de esta ley:

La nueva Ley de Minería ni siquiera cita el Art.103 de la Constitución (“El subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación”), que específicamente regula la explotación del subsuelo a través de concesiones. Concesiones requieren de plazos, condiciones y aprobación de la Asamblea Legislativa. La nueva Ley de Minería inventa otro procedimiento que es en esencia arbitrario. Ya no hay Asamblea, tampoco Constitución, ni ley, ni concesión que valga, sino solamente la voluntad de un presidente inconstitucional. Todo será a dedo.

La de la minería es una ley ad hoc, o sea hecho a la medida del interés de una sociedad anónima, que van a crear – y no habrá más invitados a la fiesta, excepto los miembros y cheros del clan gobernante, que pueden entrar como socios del socio que ellos escogen…

  • La nueva ley no establece la participación del Estado en la sociedad que explotará el oro. Sólo dice que el Estado tiene que tener participación accionaria, pero sin establecer un límite mínimo. En consecuencia, el socio particular podría tener el control mayoritario de las acciones, con lo que podría hacer los contratos de servicio a su antojo; incrementar el capital reduciendo la participación estatal, nombrar al auditor de la sociedad, y reducir al mínimo las utilidades netas a distribuir. Los intereses del Estado no están garantizados.
  • Tampoco habrá regulación y supervisión efectiva del Estado. La ley traslada la responsabilidad a cuatro funcionarios: el ministro de Medio Ambiente; el jefe de la Autoridad de Agua; el director General de Energía, Hidrocarburos y Minas; y el director de Minas. Todos son nombramientos del presidente y no tienen ninguna independencia.
  • Se prohíbe el mercurio para la extracción del oro, pero se habilitan plantas de procesamiento generadoras de mercurio. ¿Para qué?
  • El Código Penal sanciona con prisión los delitos de contaminación del medio ambiente:

Art. 255.– El que provocare o realizare directa o indirectamente, emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmosfera, aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas, en contravención a las leyes y reglamentos respectivos y que pusiere en peligro grave la salud o calidad de vida de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, será́ sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

También sanciona con prisión a los funcionarios que no intervienen para prevenir estos delitos:

Art. 262.- Los funcionarios o empleados públicos que estando obligados en el ejercicio de sus funciones, a informar sobre la comisión de los delitos relativos a la protección de los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la fauna, omitiendo hacerlo o informaren ocultando los mismos, serán sancionados con prisión de uno a tres años e inhabilitación del cargo o empleo por el mismo tiempo.

Pero según la nueva ley, si la contaminación es causada por la minería, por ejemplo intoxicando los ríos y mantos acuíferos, solamente se sanciona con pagos de multas, mientras en cualquier otra industria que contamina los responsables reciben penas de cárcel. La ley de minería explícitamente exonera de las sanciones contempladas en el Código Penal. Inmunidad para el gobierno y sus socios.

  • Derogan la Ley de Prohibición Minera, pero en realidad la mantienen con excepción de esta sociedad anónima creada por el Estado y su socio estratégico escogido por los hermanos Bukele. Surge un monopolio.

Ningún inversionista serio y responsable participaría en la explotación minera bajo un marco preñado de tantas irregularidades. Quienes vienen, vienen a depredar.

Este es el regalo de Navidad que nos dieron los 57 diputados de Bukele. Cualquiera de ellos es responsable de los daños.

Saludos,

Paolo Lüers

EDH: https://www.elsalvador.com/opinion/cartas-de-paolo/las-cartas-de-paolo-luers-/1191509/2025/