At least 12,000 people have been victims of short-term forced disappearances by the Salvadoran state, stated Ingrid Escobar, director of Socorro Jurídico Humanitario (SJH) (Humanitarian Legal Aid), during an interview with YSUCA Radio on December 31, 2024.
The human rights defender explained that, along with other organizations, they have been invited to attend the United Nations in Geneva, Switzerland, in January 2025, where they will provide details on cases of forcibly disappeared individuals for certain periods, arbitrary arrests, and human rights violations against women, human rights defenders, and children in the context of the state of exception.
In cases of short-term forced disappearances, Escobar emphasized the presence of three characteristics defined by international law: detention by a state agent, the detained individual being taken to an undisclosed location without notifying their family, and a lack of information about the detainee’s condition once imprisoned.
Regarding how the number of victims is calculated, the director of Socorro Jurídico stated that they include the 8,000 individuals released as confirmed by the President of the Republic, deaths in detention centers where families were previously unaware of their loved ones’ condition, and cases of detainees for whom habeas corpus petitions have been filed without receiving any response.
Additionally, human rights organizations have reported as forced disappearances cases in which individuals detained under the state of exception have been ordered released by a court, yet they remain in custody as Penal Centers failed to release them without providing explanations.
Escobar revealed that out of the 130 complaints filed for various human rights violations, 12 specific cases of forced disappearance, four extrajudicial killings, and the remaining cases involving arbitrary detentions will be discussed in Geneva.
In an official communication dated July 8, 2024, the United Nations requested information from the Salvadoran state on how it prevents forced disappearances under the legislation implemented as part of the state of exception, which began in March 2022.
“Please indicate the measures adopted to prevent, under the framework of the aforementioned legislation, cases of torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment, as well as forced disappearances,” the document read.
Furthermore, on July 11 of the same year, the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary Executions and the Working Groups on Arbitrary Detention and Enforced or Involuntary Disappearances from the United Nations requested that the Salvadoran state clarify why Alejandro Muyshondt’s family was not officially informed about his detention, legal proceedings, or provided any information about his whereabouts and subsequent transfer.
Muyshondt, a personal friend of President Bukele and former presidential security advisor, died in state custody under murky circumstances, which have been scrutinized by forensic experts.
According to Ingrid Escobar, the Salvadoran state’s responses to the UN have demonstrated “denialism” regarding alleged human rights violations related to forced disappearances.
“We are witnessing denialism; they do not acknowledge the vast number of human rights violations that have occurred during these 33 months of the state of exception,” she argued.
The director of Socorro Jurídico highlighted one case presented to the UN system involving young Giovanni Antonio Aguirre López.
Escobar claimed that defense attorneys have successfully obtained three separate court orders for Aguirre López’s release, but his fate remains unknown.
Two of these orders were issued through habeas corpus petitions, yet Aguirre López remains detained at the Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot) (Terrorist Confinement Center) in Tecoluca.
“We have secured orders for Cecot’s director to release him. All of this evidence is documented; it has been submitted to the United Nations and the Inter-American Human Rights system,” she stated.
Escobar added that prior to his detention, Aguirre López worked for the municipality of San Salvador, studied law at the Lutheran University, and had no connections to gangs.
The human rights defender also asserted that the young man, who was a union member, was imprisoned because on May 1, 2022, he refused to participate in a government activity. Instead, he attended a march organized by social organizations and unions to denounce abuses committed by the current government.
Socorro Jurídico denuncia 12,000 desapariciones forzadas de corta duración
Al menos 12,000 personas han sido víctimas de desaparición forzada de corta duración por parte del Estado salvadoreño, señaló Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), durante la entrevista de la radio YSUCA este 31 de diciembre de 2024.
La defensora de derechos humanos explicó que junto a otras organizaciones han sido convocadas para asistir en enero de 2025 a las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, donde brindarán detalles de los casos de personas desaparecidas forzosamente por ciertos periodos, capturas arbitrarias y violaciones a derechos humanos a mujeres, defensores y a la niñez, en el contexto del régimen de excepción.
En los casos de desapariciones forzadas de corta duración, Escobar asegura que concurren tres características establecidas por el derecho internacional: la detención por un agente del Estado, el capturado es llevado a un lugar incierto del que no comunican nada a los familiares y la falta de información sobre la condición de la persona, cuando ya se encuentra encarcelada.
En cuanto a cómo hacen el cálculo del número de víctimas, la directora del Socorro asegura que incluyen a los 8,000 liberados confirmados por el presidente de la República, los muertos en penales, de los que previamente la familia desconocía sobre su condición y los casos de capturados por los cuales han presentado habeas corpus y no han tenido respuesta.
Además, los representantes de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado como desapariciones forzadas aquellos casos de personas detenidas en el contexto del régimen de excepción, que un tribunal ha ordenado su liberación, pero Centros Penales no les ha liberado, sin dar ninguna explicación.
Escobar manifestó que de 130 denuncias presentadas de las diferentes violaciones a derechos humanos, en Ginebra se abordarán 12 casos concretos de desaparición forzada, cuatro muertes extrajudiciales y el resto son capturas arbitrarias.
En una comunicación oficial con fecha del 8 de julio de 2024, Naciones Unidas solicitó al Estado salvadoreño información sobre cómo prevenir las desapariciones forzadas en el marco de la legislación aplicada en el régimen de excepción, que inició en marzo de 2022.
“Sírvase indicar las medidas adoptadas para prevenir, en el marco de la aplicación de la legislación mencionada, casos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y desapariciones forzadas”, indica el documento.
Asimismo, el 11 de julio del mismo año, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de las Naciones Unidas, pidió al Estado salvadoreño informar acerca de las razones por las cuales no se informó oficialmente a la familia de Alejandro Muyshondt “de su detención, procesos legales, ni se le facilitó información sobre su paradero y posterior traslado”.
Muyshondt, quien fuera amigo personal del presidente Bukele y asesor de seguridad presidencial, murió en custodia del Estado; una muerte que ocurrió en situaciones oscuras que han sido cuestionadas por expertos forenses.
A criterio de Ingrid Escobar en ambas respuestas brindadas por el Estado a Naciones Unidas ha existido “un negacionismo” de las presuntas violaciones a derechos humanos en relación a las desapariciones forzadas.
“Tenemos un negacionismo, ellos no aceptan la enorme cantidad de violaciones a derechos humanos que han habido en estos 33 meses de régimen de excepción”, alegó.
La directora del Socorro Jurídico expuso que uno de los casos que se han presentado ante el sistema de Naciones Unidas es el del joven Giovanni Antonio Aguirre López.
Escobar asegura que la representación de la defensa ha logrado en tres ocasiones la orden judicial de libertad para Aguirre López, pero hasta ahora se desconoce su suerte.
Dos órdenes de libertad para el detenido se han logrado a través de demandas de habeas corpus, pero sigue recluido en el Centro de Confinamiento de Terroristas, conocido como Cecot, en Tecoluca.
“Hemos logrado que se ordene al director del Cecot su libertad, todo esto son pruebas que están ahí, van a Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo.
Escobar asegura que, previo a su detención, Aguirre López laboraba en la alcaldía de San Salvador y estudiaba derecho en la Universidad Luterana y no tenía ninguna relación con las pandillas.
La defensora de derechos humanos asegura que el joven, quien además estaba afiliado a un sindicato, fue encarcelado porque el 1 de mayo de 2022 se negó a participar en una actividad del gobierno, pero asistió a una marcha organizada por las organizaciones sociales y sindicatos, en las que denunciaron abusos cometidos por el actual gobierno.