By the end of 2024, approximately 8,196 government employees were let go under the mechanisms of position eliminations, layoffs, and voluntary retirements, according to data from the UNT.
“The quality of services in state departments will deteriorate. Public workers perform roles directly tied to citizens’ rights,” said Erick Zelaya from the UNT.
The Supreme Court of Justice faced the highest number of dismissals with 2,220, of which 1,800 were reportedly voluntary retirements. Following this, the Ministry of Finance registered 1,103 layoffs, with only three not attributed to voluntary retirement.
The Ministry of Health (MINSAL) reported 580 dismissals, the Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) (Salvadoran Social Security Institute) saw 104, and the Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) (Salvadoran Teacher Welfare Institute) also had 104.
Héctor Rodríguez from the MTD indicated that within the healthcare system, workers at Rosales Hospital, the Psychiatric Hospital, and other health units were severely impacted by the layoffs.
Rodríguez further stated that nurses at Zacamil Hospital received only the equivalent of their 2024 year-end bonus without their December salary, and compensation would not be provided until 2026 due to its exclusion from the 2025 budget.
Other ministries were also affected. The Ministry of Education, Science, and Technology reported 16 dismissals, while the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) experienced at least 175 layoffs.
The Ministry of Culture accounted for 600 dismissals, reported the UNT.
According to the labor union, the Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) (National Commission for Micro and Small Businesses) recorded 16 layoffs, alongside closures of offices in Zacatecoluca, Sonsonate, and La Unión.
The Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) (National Judiciary Council) documented at least 50 dismissals, while the Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH) saw 76, and the Procuraduría General de la República (PGR) (Office of the Attorney General of the Republic) reported 450.
The Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) (National Administration of Aqueducts and Sewers) dismissed 500 retirement-age employees, while the Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) (Executive Autonomous Port Commission) laid off 100 workers.
In the Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) (Salvadoran Institute for Women), 103 employees were dismissed from women’s assistance centers.
“In places like Colón in La Libertad, they weren’t even notified about the end of their service. They expect notification to be given in the first days of January 2025,” explained Rodríguez.
At least 300 dismissals were registered in the National Civil Police (PNC) over the course of the year.
“Throughout 2024, employees from all levels were laid off month by month, including administrative staff, private security personnel assigned to the police, and even officers,” said Marvin Reyes from the Movimiento de Trabajadores de la Policía (Police Workers Movement) to *El Diario de Hoy*.
“For 2025, it is expected that the higher ranks of the police – including the commissioners from the first three classes – will all step down, leaving leadership to a new generation rather than the original founders,” he added.
A change in magistrates within the Tribunal Supremo Electoral (TSE) (Supreme Electoral Tribunal) resulted in 150 dismissals, mostly of electoral administration and execution experts, as well as some union leaders.
Meanwhile, the Legislative Assembly reported 950 dismissals, according to the UNT. Rodríguez claimed that many layoffs occurred after the hacker group *Ciber Inteligencia SV* revealed a list of hires linked to the Nuevas Ideas party.
Smaller institutions, like the Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) (Salvadoran Institute of Tourism) and the Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) (Governmental Ethics Tribunal), reported minimal layoffs, with only six and two, respectively, according to the UNT.
The union also counted 480 municipal workers dismissed following administrative restructuring.
After the dissolution of the Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) (Salvadoran Cooperative Development Institute), 65 employees lost their jobs. Similarly, 120 staff members were let go from the dissolved Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) (Salvadoran Professional Training Institute).
Alleged Arbitrary Dismissals
Rodríguez claimed that more than half of the layoffs were announced before the 2025 Wage Law took effect and often lacked technical justification.
“Workers were notified of dismissals due to the elimination of their positions under the Wage Law, which hadn’t even been voted on or published in the Official Gazette,” he stated.
He also pointed out that many employees did not receive official notification of their layoffs, which were mostly verbal, preventing them from exercising their right to a defense. “Additionally, no technical evaluation, as outlined in the Civil Service Law, justified these dismissals,” he added.
Among the dismissed workers were individuals with physical disabilities, including two blind employees and wheelchair users.
“This administration, rather than hiring people with disabilities, has dismissed those who were already employed,” Rodríguez remarked.
Hasta 8,000 servidores públicos fueron despedidos en 2024
El 2024 cerrará con un aproximado de 8,196 servidores públicos cesados del gobierno bajo la figura de supresión de plazas, despidos y retiros voluntarios, según datos de la Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT).
“Los servicios se van a precarizar en las carteras de Estado, los trabajadores públicos cumplen funciones basadas en derechos de la población”, expresó Erick Zelaya, de la Federación.
Según la UNT, la Corte Suprema de Justicia experimentó la mayor cantidad de despidos, con 2,220, de los que 1,800 serían por retiro voluntario. Sigue el Ministerio de Hacienda con 1,103 (de estos solo tres no fueron por retiro voluntario).
El Ministerio de Salud (MINSAL) tuvo 580 despidos; el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 104 y el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), también 104.
Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), informó que dentro de la red de salud se han visto afectados con los despidos servidores públicos del hospital Rosales, Psiquiátrico, etc. y de diversas unidades de salud.
Según Rodríguez, a las enfermeras del Hospital Zacamil solo les otorgaron el equivalente al aguinaldo de 2024 sin su salario de diciembre y su indemnización sería efectiva hasta 2026, porque el presupuesto 2025 no lo incluía.
Otros ministerios también se vieron afectados, pues el movimiento contabilizó para el mismo periodo 16 despidos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) también sufrió de al menos 175 despidos.
Del Ministerio de Cultura se contabilizan 600 despidos, indicó la Federación.
En la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) se registraron 16 despidos, esto además de que según el sindicato, la institución comenzó a cerrar oficinas de la autónoma como las de Zacatecoluca, Sonsonate y La Unión.
Del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) se registran al menos 50 despidos; de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), 76; y la de la Procuraduría General de la República (PGR) serían 450.
En la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) hubo 500 despidos de empleados en edad de jubilación y de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) 100 empleados habrían sufrido despidos.
En el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) habrían despedido a 103 colaboradores, en las sedes de atención a las mujeres.
Héctor Rodríguez explicó que en las sedes de atención a mujeres de Colón, en La Libertad, “no alcanzaron a informarles del cese de sus funciones, pero que esperan que lo hagan en los primeros días de enero 2025”.
De la Policía Nacional Civil (PNC) se registran al menos 300 despidos durante el año.
“En este 2024 mes a mes han ido despidiendo a trabajadores de todos los niveles, incluye administrativos, PPI asignados a la Policía, no a funcionarios y también los oficiales”, explicó a El Diario de Hoy Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía.
“Para 2025 se prevé que la cúpula de la Policía, los comisionados de la primera, segunda y tercera promoción se irían todos, entonces ya quedaría una nueva generación al mando de la PNC, los que fueron los fundadores”, añadió.
Del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la llegada de las nuevas magistraturas a sus cargos se despidió a 150 colaboradores, de los que la mayoría eran expertos en la administración y ejecución electoral, además de otros líderes sindicales.
La Asamblea Legislativa tendría 950 despidos, según la Federación. Rodríguez, por su parte, explicó que una gran cantidad de despidos se realizaron en el Órgano Legislativo luego de que el grupo de “hacktivistas” Ciber Inteligencia SV divulgó el listado de contrataciones que tendría la fracción de Nuevas Ideas.
En contraste, instituciones más pequeñas como el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) reportaron despidos mínimos, con solo 6 y 2 respectivamente, según la Federación.
La Federación también contabiliza 480 empleados despedidos de alcaldías tras la reestructuración municipal.
Del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), tras su disolución, 65 empleados quedaron despedidos; así como 120 del también disuelto Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).
Despidos arbitrarios
Rodríguez dijo que más de la mitad de los despidos que contabilizan fueron notificados sin que hubiese entrado en vigencia la Ley de Salarios 2025, además de carecer de fundamento técnico.
“Y fueron notificados de que se iban las personas debido a la supresión de la plaza en la Ley de Salarios, cosa que ni siquiera estaba votada ni mucho menos promulgada en el Diario Oficial”, expresó.
“A muchos no les dieron la hoja de notificación, los despidos en su mayoría han sido verbales, cosa que imposibilita al trabajador al ejercicio de su derecho de defensa, tampoco ha ocurrido ningún estudio técnico, de acuerdo a la Ley del Servicio Civil, que fundamenta el despido”, añadió.
Asimismo, denunció que entre los despedidos hay personas con discapacidades físicas, entre ellos dos no videntes y usuarias de silla de ruedas.
“Esta administración, lejos de contratar a personas con discapacidad, lo que ha hecho es despedir a los que ya estaban”, dijo Rodríguez.