Members of the Armed Forces of El Salvador (FAES) will continue to patrol the streets for another year, according to Executive Decree No. 27 issued on December 4, 2024, and published in the Official Gazette. This practice has been repeatedly extended in recent years, despite being the responsibility of the National Civil Police (PNC).
The decree, titled “Reform to the Special Temporary Provisions for the Participation of the Armed Forces in Internal Peacekeeping Operations,” states that the Army will support the PNC until December 31, 2025. This support includes “operations to maintain internal peace, tranquility, and public security through joint patrols for prevention, deterrence, and apprehension of members of organized crime and common delinquency across the national territory.”
Published in the Official Gazette 242, Volume 445, on December 18, the decree also outlines that the FAES will assist in border protection, especially in non-official crossing points, provide perimeter security for penitentiaries, and control entry and exit points. Additionally, it includes the protection of educational center perimeters.
Citing constitutional provisions, the Executive justifies the extension by highlighting the president’s authority to deploy the Armed Forces “exceptionally” for maintaining internal peace, tranquility, and public security.
Another justification for extending military involvement in public security is the “positive results” of the Territorial Control Plan in combating crime. The Executive argues that ongoing military participation is necessary to sustain these results and reform measures to support PNC operations.
Human rights lawyer Jayme Magaña warns that military involvement in public security may become permanent, suggesting it could be part of a strategy to militarize the country rather than purely control security.
During the pandemic lockdown, according to Magaña, the military learned to surround municipalities and manage mass detentions, raising concerns about long-term militarization.
Security expert Jeannette Aguilar describes the executive decrees extending military roles as providing “legal cover for what has already become institutionalized—the militarization of security,” which she argues violates the Salvadoran Constitution.
Aguilar criticizes the vague language of the decrees, allowing military forces to potentially take on a broad range of roles, suggesting this expansion supports authoritarian regression.
Aguilar further argues that the unprecedented pace of militarization poses a threat to the public, compounded by a climate of opacity, corruption, and lack of accountability. She also highlights the scarcity of information regarding the Armed Forces’ involvement in intelligence and civilian surveillance and their influence across state sectors.
Moreover, Aguilar calls for transparency in military spending, technology acquisition, and usage.
Army Budget
The Legislative Assembly has approved a budget of $314.3 million for the Ministry of Defense in 2025, representing an increase of nearly $53 million compared to 2024. This marks the largest budget in its history, with a consistent rise over the past three years.
Since this administration’s start in 2019, the Defense budget has increased by 117%, up from just over $145 million.
The Defense budget has grown gradually: in 2020, it was $220.3 million; $220 million in 2021; $256.6 million in 2022; $250.6 million in 2023, and $261.4 million in 2024, not including additional funds.
Prorrogan uso de militares en seguridad pública
Miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) estarán por un año más en las calles realizando labores de seguridad pública, según el Decreto Ejecutivo número 27 del 4 de diciembre de 2024 y que ya fue publicado en el Diario Oficial. Se trata de una actividad que se ha prorrogado continuamente en los últimos años, a pesar de que le compete a la Policía Nacional Civil.
El decreto “Reforma a las Disposiciones Especiales Transitorias para la Participación de la Fuerza Armada en Operaciones de Mantenimiento de la Paz Interna” consigna que el Ejército podrá apoyar a la PNC hasta el 31 de diciembre de 2025 en “operaciones de mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, por medio de patrullajes conjuntos de prevención, disuasión y aprehensión de miembros de estructuras de crimen organizado y delincuencia común en todo el territorio nacional”.
El decreto, publicado en el Diario Oficial 242, tomo 445, del 18 de diciembre pasado, también establece que la FAES apoyará en resguardo de fronteras en lugares identificados como no habilitados, seguridad perimetral de centros penales, y en la custodia y control de ingresos y egresos a los mismos. Así como la protección perimetral de centros educativos.
Entre los considerandos para avalar la prórroga, el Ejecutivo señala que la Constitución establece que el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada “excepcionalmente” para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública.
Otra de las justificaciones del Ejecutivo para prorrogar un año más el uso de militares en labores de seguridad pública, es que “la implementación del Plan Control Territorial ha brindado resultados positivos en la lucha contra la criminalidad y, habiéndose constatado la existencia de circunstancias que hacen recomendable y necesaria la continuidad de la participación de la Fuerza Armada en su implementación y sostenibilidad, es pertinente emitir una reforma con la finalidad de que la Fuerza Armada continúe apoyando a la Policía Nacional Civil en operaciones de mantenimiento de la paz interna”.
Para la abogada Jayme Magaña y defensora de derechos humanos, la utilización de militares en seguridad pública podría quedarse de forma permanente; pero dentro de una “plan de seguridad que pareciera no ser de control de seguridad, sino de control del territorio a través de la militarización del país”.
Magaña recuerda el uso de los militares durante la cuarentena por la pandemia, donde “les enseñaron a cercar municipios y detuvieron a personas que aprender a manejar detenciones masivas”.
Jeannette Aguilar, experta investigadora en temas de seguridad, considera que los decretos Ejecutivos de prórroga sobre los militares son por una “apariencia legal a lo que en la práctica ya se institucionalizó: la militarización de la seguridad y la policialización de los militares, en clara violación a lo que establece la Constitución salvadoreña”.
Además, Aguilar señala que los decretos al estar formulados de manera extremadamente genérica, dejan abierta la posibilidad de que los militares “puedan asumir un amplio espectro de funciones, en un escenario en el que la institución militar ha jugado un rol importante en el proceso de regresión autoritaria”.
Aguilar agrega que “en un escenario donde la opacidad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas se han vuelto un patrón, el avance del militarismo y la militarización a un ritmo sin precedentes y sin controles políticos, se convierte en una amenaza para la población”.
La experta también señala que hay poca información sobre el rol que está jugando la Fuerza Armada “en labores de inteligencia y vigilancia ciudadana y de su injerencia en diversas áreas del Estado”.
Además, ve necesario tener transparencia sobre la composición real del gasto militar real, la adquisición de tecnología militar y del uso que se está dando.
Presupuesto FAES
El presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para 2025 contempla que el Ministerio de Defensa reciba $314.3 millones , lo que representa un aumento de casi $53 millones en comparación con 2024. Eso significa que este ramo tendrá el mayor presupuesto en su historia y un aumento continuo durante los últimos tres años.
Desde la entrada de esta administración, en el año 2019, la (117 %) de asignación desde que le fueron aprobados poco más de $145 millones.
El aumento en el presupuesto para Defensa ha sido gradual. En el año 2020, le fueron aprobados $220.3 millones; para 2021 fueron $220 millones; en 2022, le asignaron $256.6 millones; en 2023, tuvo $250.6 millones y en este 2024 se le asignó $261.4 millones, sin contar refuerzos.