Representatives of the Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) (Committee of Political Prisoners of El Salvador) denounced the failure of penitentiary authorities to comply with the court order granting house arrest to former Zacatecoluca Mayor Francisco Salvador Hirezi Morataya and two others.
Lourdes Palacios, coordinator of Cofappes, explained during a protest held over the weekend in front of the La Esperanza prison that, despite the ruling in favor of Hirezi Morataya, José Denis Córdova Elizondo, and Jaime Gilberto Valdez Hernández, issued 13 months ago, the three remain in incarceration.
The house arrest measure was granted by the court based in San Vicente in response to a habeas corpus petition. Former Mayor Hirezi Morataya and former councilmember Córdova Elizondo are detained in the Mariona prison, while Valdez Hernández is imprisoned in Santa Ana.
“They’ve had the right to these substitute measures for 13 months and six days, yet the director of the National Penitentiary Centers, Osiris Luna, has simply not complied with the court decision,” stated Palacios.
In May 2023, Zacatecoluca’s First Sentencing Court convicted the former mayor to 18 years in prison and the former councilmember to 16 years for the crimes of illicit negotiations and passive bribery.
According to the prosecutor’s accusations, the ex-officials accepted bribes in return for awarding procurement contracts to certain private companies.
Meanwhile, Valdez Hernández, linked to a supplier company, was sentenced to 13 years in prison for aggravated active bribery and illegal possession of a firearm.
Despite these convictions, the Cofappes coordinator maintained that the corruption accusations presented by prosecutors regarding the use of municipal resources were refuted during the trial.
“It was a false accusation by the prosecution (…) they were subjected to an irregular, flawed process full of questionable aspects that cast doubt on how the trial was conducted,” Palacios asserted.
She further explained that political prisoners have often been accused by authorities for their roles in local governments or as officials in previous administrations.
The human rights defender alleged that these charges are fabricated, asserting that it has been demonstrated in court that the crimes for which the former officials were accused did not occur.
“It has been proven that this is a lie, that these allegations are false, unfounded, and without proper arguments. The Attorney General’s Office is not doing its job,” she emphasized.
Separately, during an interview on Radio YSUCA, Palacios called on judges to uphold judicial independence.
“The rule of law does not work; laws are not functioning (…) in the case of political prisoners, they have been targeted through the instrumentalization of the judicial system. We call that the judicialization of politics,” she added.
Tribunal ordenó hace un año arresto domiciliar para exalcalde, pero sigue en la cárcel
Representantes del Comité de de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) denunciaron la falta de cumplimiento por parte de autoridades de centros penales de la orden judicial emitida por la Cámara de la Tercera Sección del Centro que ordena el arresto domiciliar del exalcalde de Zacatecoluca y dos personas más.
Lourdes Palacios, coordinadora de Cofappes, explicó durante un plantón realizado el fin de semana frente al penal La Esperanza, que pese a la medida otorgada el 22 de noviembre de 2023 a favor del exalcalde de Zacatecoluca Francisco Salvador Hirezi Morataya, José Denis Córdova Elizondo y Jaime Gilberto Valdez Hernández, ellos siguen en prisión.
La medida de arresto domiciliario fue otorgada por la Cámara, con sede en San Vicente, en respuesta a una demanda de hábeas corpus. El exalcalde Hirezi Morataya y el ex concejal Córdova Elizondo se encuentran recluidos en el penal conocido como Mariona, mientras que Valdez Hernández está en la penitenciaría de Santa Ana.
“Ya tienen 13 meses con seis días de tener su derecho a esas medidas sustitutivas y simplemente los directores de centros penales no los dejan salir, en concreto es el director de Centros Penales, Osiris Luna, quien no acata esta resolución judicial”, manifestó Palacios.
En mayo de 2023, el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca condenó al exalcalde a 18 años de prisión y el exconcejal fue sentenciado a 16 años de cárcel, ambos por los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho impropio.
Según la acusación fiscal los exfuncionarios aceptaron dádivas a cambio de otorgar compras a favor de las empresas de las personas particulares.
Mientras que Valdés Hernández, relacionado a una empresa proveedora, fue condenado a 13 años de prisión por los delitos de cohecho activo en modalidad continuada y tenencia ilegal de arma de fuego.
A pesar de las condenas impuestas, la coordinadora de Cofappes sostiene que las acusaciones de la Fiscalía de que hubo corrupción en el uso de los recursos de la alcaldía fueron desvirtuadas durante el juicio.
“Fue una acusación falsa por parte la Fiscalía (…) fueron sometidos en un proceso irregular, viciado y plagado de aspectos que ponían en duda cómo se llevó a cabo ese juicio”, indicó.
Palacios explicó que en el caso de los presos políticos han sido acusados por las autoridades por su desempeño en gobiernos municipales o por su rol como funcionarios de los gobiernos anteriores.
La defensora de derechos humanos aseguró que se trata de una fabricación de delitos porque en los tribunales se ha demostrado que no se han configurado los delitos por los que los exfuncionarios fueron acusados.
“Se ha demostrado que eso ha sido una mentira, que son falsedades, que no hay fundamentación, que no hay argumentos, la Fiscalía General de la República no está haciendo su papel”, dijo.
Por otra parte, durante una entrevista en la radio YSUCA Palacios hizo un llamado a los jueces y juezas a que cumplan con el principio de independencia.
“El estado de derecho no funciona, las leyes no funcionan (..) en el caso de los presos políticos han sido llevados mediante esa instrumentalización que se hace del sistema judicial, a eso le llamamos judicialización de la política”, agregó.