While the environmental scars left by abandoned mining projects in the country remain visible and continue wreaking havoc as of 2024, rural communities now face renewed threats with the reopening of the mining sector in both Guatemala and El Salvador.
Additionally, the Salvadoran Legislative Assembly repealed the law that banned all extractive activities and approved a new General Mining Law.
Months earlier, permission was granted for the Cerro Blanco Mining Project in Asunción Mita, Guatemala, which could contaminate El Salvador’s main water sources. Environmentalists and ecologists immediately raised the alarm, managing to temporarily halt the project. However, this only marked the beginning of a debate that authorities have largely ignored.
Salvadoran authorities had already hinted at their interest in reviving extractive projects. In March following the constitutional reform approved without the usual procedural steps, organizations such as the Central American Alliance Against Mining (ACAFREMIN), the National Roundtable Against Mining, and the Economic and Social Development Association of Santa Marta (ADES) urged the Assembly not to amend or repeal laws prohibiting mining.
The silence surrounding this issue was shattered when President Nayib Bukele openly expressed his interest in reactivating mining, calling the prohibition of such activities “absurd.”
These comments ignited heated discussions and spurred dozens of organizations, environmentalists, and representatives of the Catholic Church to march in the streets, demanding that authorities legislate in favor of the people and protect natural resources.
The gold deposit beneath the northern departments of Cabañas, San Miguel, Usulután, La Unión, and Morazán—areas that feed into the Lempa River—could result in significant damage. Initial exploration alone would lead to the deforestation of a third of the territory and the forced displacement of communities due to water shortages.
Environmentalists argue that activating this economic sector would endanger access to potable water for communities in northern El Salvador, as 100,000 liters of water are needed to extract just one gram of gold.
Dr. Ricardo Navarro, president of the Salvadoran Center for Appropriate Technology (CESTA), has explained that the initial impacts of mining would manifest as water stress. Within 10 years, communities closest to mining sites could begin experiencing chronic kidney disease, various cancers, and birth defects caused by the buildup of heavy metal microparticles in the body.
If open-pit mining projects operate in El Salvador, they could use approximately 8 tons of arsenic per day during the 10–15 years of a mine’s operational lifespan, according to CESTA.
Environmentalists have noted that as recently as five years ago, there were at least 16 requests to study Salvadoran soil for potential mining projects.
The Legacy of Mining
The social impacts of mining are equally alarming. The mining project in Valle de Siria, Honduras, serves as a cautionary tale, where 19 of the 24 rivers in the area dried up, farmland was lost, entire communities were displaced, and workers faced an increase in health problems.
Far from bringing development to rural communities, opening the door to metallic mining in El Salvador would carry devastating and irreversible consequences, environmental leaders have warned.
El precio de la minería: Impactos irreversibles tras su aprobación
Mientras la huella de contaminación por los proyectos de extracción minera abandonados en el país todavía son visibles y siguen generando estragos hasta 2024, las comunidades rurales nuevamente se ven amenazadas con la reapertura de este sector en Guatemala y El Salvador.
Además, la Asamblea Legislativa salvadoreña derogó la Ley que prohibía toda la actividad extractiva y aprobó una nueva Ley General de Minería.
Meses antes, se dio a conocer la autorización para el Proyecto Minero Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala, que contaminaría las principales vertientes de agua salvadoreñas, aunque los ambientalistas y ecologistas se pronunciaron de forma inmediata llegando a poner una pausa al proyecto, esto solo marcó el inicio de una discusión que las autoridades han ignorado.
Las autoridades salvadoreñas ya habían dejado ver su interés en la reactivación de los proyectos extractivistas, por lo que en marzo posterior a la reforma establecida con dispensa de trámite a la Constitución, la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), la Mesa Nacional Frente a la Minería y la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), pidieron a la Asamblea no reformar o derogar leyes que prohíben la minería.
El marcado silencio sobre este tema se rompió cuando el presidente Nayib Bukele expresó abiertamente su interés en la reactivación minera tachando de “absurdo” la prohibición de esta actividad.
Comentarios que enardecieron la discusión y llevaron a la decenas de asociaciones, ambientalistas y representantes de la Iglesia Católica a marchar en las calles exigiendo a las autoridades legislar en favor del pueblo y la protección de los recursos naturales.
La explotación de la veta de oro alojada en el subsuelo se encuentra entre Cabañas, San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, estos departamentos conforman la zona norte del país, misma que alimenta al río Lempa, solo los trabajos de exploración generaría la deforestación de un tercio del territorio, el desplazamiento forzado de comunidades por la falta de agua.
Los ambientalistas sostienen que la activación de este sector económico pondría en riesgo la accesibilidad al agua potable de las comunidades en la zona norte del país, debido a que se necesitan 100 mil litros de agua para la extracción de un gramo de oro.
El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), doctor Ricardo Navarro, ha explicado que los primeros impactos de la minería serán visibles en el estrés hídrico y en un lapso de 10 años, las comunidades más cercanas podrían experimentar la aparición de enfermedades renales, crónicas, algunos tipos de cáncer y malformaciones en recién nacidos producto de la acumulación de micropartículas de metales pesados en el cuerpo.
Si los proyectos mineros operan en El Salvador a cielo abierto pueden usar aproximadamente 8 toneladas de arsénico al día, durante los 10 a 15 años de vida útil de una mina, según el CESTA.
Información proporcionada por ambientalistas señala que hasta hace cinco años había al menos 16 solicitudes para estudiar el suelo salvadoreño y desarrollar proyectos mineros.
El legado de la minería
Los impactos sociales de la minería no son menos alarmantes; antecedentes como el proyecto minero Valle de Siria en Honduras, han reflejado como 19 de los 24 ríos existentes en el territorio se secaron, sumado a la pérdida de tierras cultivables, el desplazamiento de comunidades enteras y el surgimiento de enfermedades en las personas que trabajaron la zona.
Lejos de llevar el desarrollo a las comunidades rurales, abrir las puertas a la minería metálica en el país tendría consecuencias devastadoras e irreversibles, han expresado los líderes ambientalistas.