The year 2024 marked a significant shift regarding the debt with the Pension Fund. For the first time, allegations emerged that the Government of El Salvador was using resources taken from the fund to finance its operational spending.
In other words, it was diverting funds for purposes other than those permitted by law: paying pensions from the old systems of ISSS and INPEP.
At the beginning of March, the English investment bank Barclays released a report detailing several methodologies used by Nayib Bukele’s administration to triangulate those resources. Furthermore, the report noted that the resources taken exceeded, by at least $300 million, the amount required for their legal purposes.
Other experts, such as Patricio Pineda from the Mesa de Trabajo por una Pensión Digna (Working Group for a Decent Pension), estimated the surplus to be $423 million. Over the 12 months of 2023, the total amount withdrawn from the Pension Fund reached $1.098 billion, averaging $92 million per month.
In 2024, this trend continued almost unchanged. As of October, the withdrawn amount totaled $871 million, or $87 million every 30 days.
As El Diario de Hoy explained, this figure is $9 million higher than that of the previous year during the same period.
With this, the pension debt reached a total of $10.365 billion. Of this amount, $1.969.25 billion corresponds solely to the Pension Obligation Certificates (COP), created as part of the December 2022 reform, for which no legal ceiling is established.
The debt with the Pension Fund represents one-third of the total public debt.
The highest rate of COP issuance in the year about to end occurred in the first quarter, as the government took $421 million between January and March ($140 million per month), representing 48% of the year’s total (over ten months). From then on, the withdrawals slowed, with the lowest record in October.
The monthly pace (over $91 million) at which funds have been taken from this fund since 2023 is alarming, as it threatens the sustainability of the entire system, given that the rate of contribution collection is not significantly higher.
Between April 2022 and March 2023, the AFPs collected $1.219 billion in contributions from all workers, averaging $101.6 million per month.
The calculation is based on data from those dates because they are the most recent figures published by the Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) (Financial System Superintendency). This amount is barely $10 million more than what the government has withdrawn from the Pension Fund since the reform was approved.
Deuda de pensiones alcanzó hasta los $10,364 millones
El 2024 fue un año especial respecto a la deuda con el Fondo de Pensiones: fue la primera vez que se apuntó a que el Gobierno de El Salvador estaba usando los recursos que tomaba de este para financiar su gasto corriente.
Es decir, lo estaba desviando para propósitos diferentes a los que le permite la ley: pagar las jubilaciones de los viejos sistemas del ISSS y del INPEP.
A inicios de marzo, el banco inglés de inversión Barclays presentó un informe en el que explicaba varias metodologías con las que la administración de Nayib Bukele triangulaba esos recursos. Además, apuntó que los recursos tomados excedían en, al menos, $300 millones a los necesarios para sus destinos legales.
Otros expertos, como Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, calcularon el excedente en $423 millones. En los 12 meses de 2023, el saldo del dinero que salió del Fondo de Pensiones ascendió a los $1,098 millones, unos $92 millones al mes.
Para el 2024 la tendencia continuó casi sin cambios, pues, al menos hasta octubre, la cantidad extraída fue de $871 millones, $87 millones cada 30 días.
Como lo explicó El Diario de Hoy, esta cantidad es superior en $9 millones a la del año precedente en el mismo periodo.
Con esto, la deuda de pensiones llegó a un total de $10,365 millones. De ese monto, $1,969.25 corresponden solo a los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), creados a partir de la reforma de diciembre de 2022, para los que no se establece un techo legal.
La deuda con el Fondo de Pensiones representa un tercio de la deuda pública total.
El mayor ritmo de emisión de COP en el año que está a punto de terminar se registró en el primer trimestre, pues solo entre enero y marzo el Gobierno tomó $421 millones ($140 millones al mes), lo que representa el 48 % del total de diez meses. A partir de allí se desaceleró, teniendo su registro más bajo en octubre.
El ritmo mensual (más de $91 millones) al que se toma dinero de ese fondo desde 2023 es preocupante, ya que amenaza la sostenibilidad de todo el sistema, pues el ritmo de la recaudación de las cotizaciones no es demasiado superior.
Entre abril de 2022 y marzo de 2023, las AFP recaudaron $1,219 millones de las cotizaciones de todos los trabajadores, es decir, $101.6 millones como promedio mensual.
El cálculo se hace con los datos de esas fechas porque son los últimos que publicó la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Eso es apenas $10 millones superior a lo que el Gobierno ha tomado del Fondo de Pensiones desde que se aprobó la reforma.