Exactly four months after the Fiscalía General de la República (FGR) (Office of the Attorney General) and the Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) (Superintendency of the Financial System) announced they had intervened in the Asociación Cooperativa Santa Victoria (COSAVI) months prior, another incident occurred: a helicopter crash took the lives of all its occupants, including the Director-General of the Policía Nacional Civil (PNC) (National Civil Police) and the COSAVI general manager.

On the morning of May 9, El Diario de Hoy and other media outlets interviewed individuals who had visited several COSAVI branches seeking to withdraw funds or understand why their deposits, whose maturity date had lapsed, were not being returned. They all encountered the same response: the money could not be returned because COSAVI was under SSF intervention.

That night, the SSF and the FGR announced the capture of 15 individuals—part of an investigation involving over 30 suspects—on charges of defrauding the public economy and laundering over $39 million. According to the SSF, there were sufficient funds to compensate members and savers.

Days later, funds began to be returned in tiers, starting with those who had deposits below $25,000. By September, the SSF reported having reimbursed 77.8% of savers. Since then, further compensation has stalled, leaving many affected individuals—particularly those with deposits of $50,000 or less—anxiously awaiting updates.

According to the victims, the COSAVI case exposed the inoperability of the Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) (Salvadoran Institute for Cooperative Promotion), which has since been dissolved. It also highlighted failures by the FGR and SSF, both of which were slow to respond to warnings and failed to safeguard the interests of COSAVI’s 10,317 members and savers, as cited in the cooperative’s most recent annual report.

Investigations conducted by El Diario de Hoy, including interviews with former COSAVI leadership and INSAFOCOOP records, reveal that issues within COSAVI were neither new nor secret. A source told the newspaper that the cooperative had been manipulating balance sheets to hide systemic losses from the start. Other documents point to a 2018 FGR unit being aware of COSAVI’s irregularities.

Since the FGR and SSF revealed details about the case on May 9, both institutions have remained tight-lipped. The most recent development was the death of Manuel Alberto Coto Barrientos, COSAVI’s general manager, who perished on September 9 in the aforementioned helicopter crash while being transported to the Salvadoran capital after being extradited from Honduras.

The COSAVI case brought to light a broader pattern affecting numerous cooperatives where savers were unable to recover their funds. 

One prominent example involves the cooperatives Acotemic and Acomatic, which primarily operated in eastern El Salvador. Victims allege these cooperatives followed COSAVI’s model of internal loans among board members, management, and committees to embezzle $49 million. Despite INSAFOCOOP audits uncovering signs of wrongdoing, victims claim that the FGR’s actions against a handful of suspects were delayed. Furthermore, unlike victims of COSAVI, savers in Acotemic and Acomatic are still waiting for any restitution.

Other cooperatives reported to have similarly withheld funds are the Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unidos por el Desarrollo” de Responsabilidad Limitada (ACUDE, de R.L.) (United for Development Savings and Credit Cooperative, Limited Liability) in Aguilares, and Fundecrédito, which has branches in western El Salvador. Both have refused to return savings, citing a lack of funds. Despite public complaints and FGR investigations, there has been no news of arrests.

In all of these cases involving cooperatives accused of withholding funds, laundering money, or defrauding the public economy, many of the victims are elderly or Salvadorans residing abroad, drawn in by lucrative interest rate promises from cooperative executives.

Worst of all, according to victims, no official, institution, or high-ranking cooperative representative has explained where the money went. Instead, the State has maintained its veil of secrecy regarding these ongoing investigations.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cosavi-fraude-estado-cooperativas/1190216/2024/

COSAVI desnudó ineptitud del Estado frente a cooperativas señaladas de fraudes financieros

Exactamente cuatro meses después de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) hicieran público que desde hacía varios meses habían intervenido la Asociación Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), otro suceso ocurrió relacionado al caso: el helicóptero en que era trasladado el gerente general de esa cooperativa, se había accidentado, muriendo todos sus ocupantes, incluyendo el director general de la Policía Nacional Civil (PNC).

El pasado 9 de mayo en la mañana, El Diario de Hoy y otros medios de comunicación entrevistaron a personas que habían llegado a varias sucursales de COSAVI a retirar su dinero o a preguntar por qué no les entregaban el dinero que reclamaban por haber vencido el plazo de sus depósitos. Todos se estrellaban contra una misma respuesta: no podía devolverles su dinero porque la SSF la tenía intervenida.

Ese mismo día, en la noche, la SSF y la FGR informaron que habían capturado a 15 personas, de más de 30 que estaban investigando, por los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero por más de 39 millones de dólares. La SSF dijo que había fondos suficientes para responder a los socios y ahorrantes.

Días después comenzaron a devolver, por capas, el dinero hasta llegar a quienes tenían menos de $25,000. Según la SSF, hasta septiembre se había devuelto el dinero al 77.8% de los ahorrantes. Desde entonces, la SSF no ha habilitado la entrega para otra capa; muchos afectados esperaban que se anunciara la entrega de quienes tenían $50,000 o menos.

El caso de COSAVI, de acuerdo con afectados, puso en evidencia la inoperancia del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP, recién disuelto), de la FGR y de la misma SSF que a pesar de las alertas, las dos últimas instituciones tardaron en actuar para proteger los intereses de los socios y ahorrantes que, según la última memoria de labores de la cooperativa, sumaban 10,317.

Investigaciones de este periódico, basadas en entrevistas de personas que ocuparon puestos de dirección en la cooperativa, y actas del mismo INSAFOCOOP, indican que los problemas en COSAVI no eran nada nuevo ni secreto. Una fuente aseguró a El Diario de Hoy que desde el principio, la institución comenzó a maquillar balances para ocultar que operaba con pérdidas. Otros documentos señalan que para 2018, una unidad de la Fiscalía tenía conocimiento de las irregularidades.

Después de la información que la Fiscalía y la SSF dieron sobre el caso aquel 9 de mayo, ambas instituciones han guardado silencio respecto de la investigación del caso; lo último que trascendió fue la muerte de Manuel Alberto Coto Barrientos, gerente general de COSAVI, ocurrida exactamente cuatro meses después de que la Fiscalía y la SSF hicieran público que investigaban y habían intervenido la cooperativa.

El 9 de septiembre, nueve personas murieron, incluyendo a Coto Barrientos, quien era trasladado en helicóptero hacia la capital luego de que las autoridades hondureñas lo entregaran a sus pares salvadoreñas.

El caso de COSAVI sirvió para revelar que decenas de personas estaban viviendo el mismo problema en otras cooperativas: que no les devolvían sus ahorros.

Uno de los casos que cobró fuerza fue el de las cooperativas Acotemic y Acomatic, que operaban mayormente en el oriente salvadoreño con una forma similar a la de COSAVI, según señalaron afectados, es decir, que entre miembros de las juntas directivas, gerencias y comisiones se hacían préstamos a través de los cuales, sospechan, desfalcaron 49 millones de dólares.

En el caso de Acotemic y Acomatic, la Fiscalía capturó a una decena de sospechosos aunque de manera tardía, según afectados, pues auditorías del INSAFOCOOP arrojaron indicios de las irregularidades que se cometían en ambas entidades. A pesar de ser más añejo que COSAVI, a ninguno de los afectados por estas cooperativas les han devuelto su dinero.

Otros casos denunciados fueron los de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unidos por el Desarrollo”, de Responsabilidad Limitada (ACUDE, de R.L.), que funciona en Aguilares, y de Fundecrédito, que tiene varias sucursales en la zona de occidente. En ambas, a los socios y ahorrantes les han negado la entrega de sus ahorros argumentando que no hay dinero. En estas, a pesar de las denuncias en la Fiscalía o de manera pública, a través de los medios de comunicación, no ha trascendido sobre detenciones de sospechosos.

En todos los casos de las cooperativas señaladas de no entregar el dinero a sus ahorrantes o acusadas por la Fiscalía de lavar dinero y defraudar la economía pública, muchas de las víctimas son personas de la tercera edad y salvadoreños residentes en el exterior que pusieron su dinero en tales entidades atraídos por los jugosos intereses que los ejecutivos de venta les ofrecieron.

Y lo peor, según opinan afectados, ningún funcionario, ninguna institución del Estado, ni altos cargos de las cooperativas señaladas, les dicen dónde está el dinero. El Estado mismo ha tendido un manto de secretismo sobre los casos en los que se sabe que está investigando.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cosavi-fraude-estado-cooperativas/1190216/2024/