Representatives of the Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) (National Union for the Defense of the Working Class) denounced this Thursday the elimination of 11,000 jobs so far this year within various public institutions. According to them, these cuts are part of the fiscal adjustment measures implemented by the government.
According to the union organizations’ statements, these measures are linked to agreements with the Fondo Monetario Internacional (FMI) (International Monetary Fund, IMF) “to face a financial crisis” they interpret as a “collapse” of public finances.
“The elimination of jobs starting in early 2024 is part of the agreements with the International Monetary Fund due to the government’s state of financial collapse,” stated Erick Zelaya, Secretary-General of the UNT federation.
“Around 11,000 jobs have been lost, leaving 11,000 families without daily sustenance. This is not only due to agreements with the IMF but also because this government has a policy aimed at dismantling the working class and union movements,” said Guillermo García, representing the Workers’ Union for the Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH).
The unions explained that the 11,000 job cuts come from institutions classified as “disbanded, merged, or weakened.”
In that regard, Sonia Viñerta, from the Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) (Workers’ Union for the Salvadoran Institute for Women’s Development), explained that some government institutions ceased functioning, others disappeared, or were merged with others.
“We’re talking about institutions that are categorized as disbanded, like the FOPROLYD (Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados – Fund for the Protection of the Disabled); weakened, as seen with the budget cuts to ISDEMU (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer – Salvadoran Institute for Women’s Development), where services to the public have been reduced significantly,” explained the union leader.
On December 23, ISDEMU dismissed 102 staff members. “In the public policy unit, there were nine people, and now there is only one left. It’s impossible for that colleague to work with all state institutions.”
This situation, she stressed, highlights a weakening of public institutions, which will directly impact the quality of the services provided.
In the case of the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) (Office of the Human Rights Ombudsman), García warned that dismissals in key areas will lead to a deficit in services to the population. “The services will be reduced, significantly affecting the population. For instance, there will no longer be a way to verify whether dismissals in municipal offices or other public institutions followed due process,” he claimed.
Union Rights
Another issue raised by the trade unions was the violation of union protection rights. “Many colleagues have been dismissed regardless of their union protection status, another blatant violation of our colleagues’ labor rights,” declared Viñerta.
Additionally, they highlighted that individuals with disabilities, women over 60, and other vulnerable groups were among those laid off—something they see as contradictory to national and international laws that protect workers’ rights.
The unions also denounced that the layoffs and budget cuts in strategic sectors are part of an overall effort to silence critical voices against the government.
“Fifty-eight unions have already been dismantled. In many cases, the entire executive boards have been dismissed, leading to massive disaffiliation out of fear,” said Zelaya. This, he added, weakens worker representation and “paves the way for corruption and discretion within public institutions.”
The federation called for unity among social, union, and grassroots sectors to confront what they call “repressive policies” and “raise their voices against the injustices committed against the working class.”
“We call for building unified action to face the dictatorship, creating a common platform through a significant gathering of social activists,” Zelaya expressed during the press conference.
Similarly, they warned that job cuts will continue next year.
“Maybe not in January, but later on. The point is that this won’t stop, and it’s critical to report all the abuses being committed against the working class,” Viñerta concluded.
Gremiales denuncian supresión de 11,000 plazas
Representantes de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) denunciaron este jueves la supresión de 11,000 plazas de trabajo en lo que va del año en diversas instituciones públicas, como parte, dijeron, de las medidas de ajuste fiscal implementadas por el Gobierno.
Según las declaraciones de las gremiales, estas medidas responden a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “para afrontar una crisis financiera” que consideran una “quiebra” en las finanzas públicas.
“La supresión de plazas desde el inicio de 2024 forma parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional debido al estado de quiebre en que se encuentra el Gobierno”, indicó Erick Zelaya, secretario general de la federación UNT.
“Son alrededor de 11,000 desempleos, 11,000 familias que se están quedando sin sustento diario. Esto no solo es por los acuerdos con el FMI, sino porque este Gobierno tiene una política de desmontar la clase trabajadora y los movimientos sindicales”, afirmó por su parte Guillermo García, representante del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Los sindicatos explicaron que las 11,000 plazas corresponden a instituciones que han catalogado como “desaparecidas, fusionadas o debilitadas”.
En ese sentido, Sonia Viñerta, del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) explicó que hay instituciones gubernamentales que han dejado de funcionar, otras que han desaparecido o que se han fusionado.
“Nosotros hablamos de instituciones que están en la categoría de desaparecidas como el FOPROLYD (Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados); debilitadas, porque con los recortes la atención a la población se ve debilitada, tal como ha sucedido con el ISDEMU (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer)”, explicó la lideresa sindical.
El 23 de diciembre, ISDEMU despidió a 102 personas. “En la unidad de políticas públicas había nueve personas, ahora solo hay una. Es imposible que esta compañera pueda trabajar con todas las instituciones del Estado”.
Esta situación, señaló, refleja un debilitamiento de la institucionalidad pública que impactará directamente en la calidad de los servicios.
Para el caso, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ante los despidos de personal en áreas claves, significará un déficit en la atención a la población, según dijo García. “El servicio se va a reducir y va a afectar tremendamente a la población. Por ejemplo, ya no se podrá verificar si los despidos en las alcaldías y otras instituciones públicas cumplieron con el debido proceso”.
Fuero sindical
Otro aspecto que señalaron las gremiales fue la violación al fuero sindical. “Muchas compañeras han sido despedidas independientemente de que tengan y gocen del fuero sindical, otra grave violación al derecho laboral de nuestros compañeros y compañeras”, manifestó Viñerta.
Además, se destacó que fueron cesados de sus empleos personas con discapacidad, mujeres mayores de 60 años y otros grupos vulnerables, lo que consideran una contradicción con las leyes nacionales e internacionales que protegen sus derechos como trabajadores.
Las gremiales también denunciaron que los despidos y recortes en sectores estratégicos forman parte de un esfuerzo por reducir las voces críticas al gobierno.
“Se han eliminado 58 sindicatos. En muchos casos, han despedido a las juntas directivas completas, lo que provoca desafiliaciones masivas por temor”, explicó Zelaya. Esto, añadió, debilita la representación de los trabajadores y “facilita prácticas de corrupción y discrecionalidad en las instituciones públicas”.
La federación hizo un llamado a la unión de los sectores sociales, sindicales y populares para enfrentar lo que consideran una “política represiva” y a “alzar la voz ante las injusticias que se están cometiendo con la clase trabajadora”.
“Hacemos un llamado a construir la unidad de acción para enfrentar a la dictadura, construyendo una plataforma común a través de un gran encuentro de luchadores y luchadoras sociales”, expresó Zelaya durante la conferencia.
De igual manera, advirtieron que los recortes de personal continuarán el próximo año.
“Quizás no en enero, pero más adelante. El punto es que esto no va a parar y hay que hacer una denuncia de todas las arbitrariedades que están sucediéndole a la clase trabajadora”, concluyó Viñerta.