The Presidency of the Republic clarified that it is not within its institutional functions to hold studies on modern and sustainable mining, which Bukele used to support his intention to restart metallic mining in El Salvador—this time “safeguarding” the environment.
“Producing the requested information is not within the functional authority of the Presidency of the Republic,” stated the agency in response to a request for information, which also included a demand for copies of studies or findings related to gold deposits in El Salvador, likewise mentioned by Bukele.
The Access to Information Unit of CAPRES (Office of the Presidency) supported its response with reference to Article 46 of the Internal Regulation of the Executive Branch (RIOE), which outlines the functions of the Presidential Secretariats, arguing that the unit can only manage access procedures when the information falls under any of the specific secretariats mentioned in the article.
The cited article refers to the Private Secretariat of the Presidency and specifies that it is obliged to “process any request from private citizens addressed to the President of the Republic.”
On the afternoon of November 27, Bukele published the following statement on his X account: “El Salvador potentially has the highest-density gold deposits per km² in the world (…) Harnessing this wealth could transform El Salvador (…) And all this with modern and sustainable mining, protecting our environment.”
At that time, Bukele defended the initiative, asserting that reopening mining operations in the country would create thousands of jobs, fund nationwide infrastructure, and boost the development of local economies. Metallic mining had been banned through legislation enacted in 2017.
The prohibition of mining was backed by four key reasons: the country’s vulnerability conditions posed significant challenges to ensuring “effective” controls over the risks and environmental impacts of metallic mining; exploration and mining activities threatened public health; in 2010, the United Nations classified El Salvador as the second most environmentally degraded country in the Americas; and the nation is also a signatory to international treaties that protect health and the environment.
During an event on December 5 with representatives of the Development Bank of Latin America and the Caribbean (CAF), Bukele confirmed that he would request the Legislative Assembly to repeal the Law Prohibiting Metallic Mining, but he did not specify what studies have been conducted to substantiate his proposals.
Initial Steps
On October 21, 2021, the Economy Committee of the Assembly issued a favorable opinion for the creation of the General Directorate of Energy, Mines, and Hydrocarbons. This directorate was part of a reform package proposed by the Executive Branch two months prior.
The Assembly justified this move by claiming that the creation of the new directorate would help reduce energy costs. However, the directorate’s regulations also authorize it to “direct national policy concerning the exploration, exploitation, transportation, refining, processing, beneficiation, transformation, and distribution of minerals.”
On November 27, Bukele made a surprising announcement on his X account, calling the total prohibition of metallic mining in the country “absurd.”
Following the announcement, various sectors spoke out against the risks involved in approving mineral extraction, particularly regarding environmental damage—most notably to water resources.
Nevertheless, on December 20, the Legislative Assembly revealed in its plenary session that the President had submitted a request to create a mining law for the country. A legislative committee approved the proposal the following day without debate.
Over 10 organizations gathered outside the Assembly to demand that no new mining law be passed, arguing that “it has been proven, both technically and scientifically, that metallic mining is a devastating activity for a country like El Salvador, where water and land are critical and limited resources.”
The Catholic Church joined this request, recalling its pivotal role in 2017, when it advocated for the prohibition of mining in El Salvador. Church officials urged authorities not to greenlight mining activities.
The Archbishop of San Salvador, José Luis Escobar Alas, voiced his opposition to metallic mining. He emphasized the “irreversible consequences” it would have on the environment and the Salvadoran population, particularly highlighting the grave risk of water contamination, including contamination of the Lempa River, from chemicals like cyanide, arsenic, and mercury used in metal extraction.
On December 23, ruling-party lawmakers repealed the mining ban and approved new legislation allowing the exploration, extraction, and export of minerals. This was done without consultations with affected sectors and within just a few hours.
Presidencia se declara incompetente de informar sobre estudios de minería en El Salvador
La Presidencia de la República informó que no se encuentra dentro de sus funciones institucionales poseer los estudios de minería moderna y sostenible con los que Nayib Bukele respaldó sus intenciones de abrir paso nuevamente a la minería metálica en El Salvador, esta vez “cuidando” el medio ambiente.
“Generar la información solicitada no es competencia funcional de la Presidencia de la República”, sostuvo la instancia en respuesta a una solicitud de información en la que también se le requirió una copia de los estudios o hallazgos relacionados a los distritos de oro en El Salvador, también mencionados por Bukele.
La Unidad de Acceso a la Información de CAPRES sustentó su respuesta en artículo 46 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE), que establece las funciones de las Secretarías de la Presidencia, alegando que esa unidad solo puede conocer de los “procedimientos de acceso cuando ellos recaigan sobre información de cualquiera de las secretarías mencionadas en dicho artículo”.
El RIOE menciona en ese artículo a la Secretaría Privada de la Presidencia y establece, además, que es su deber “tramitar cualquier solicitud de particulares hecha al Presidente de la República”.
La tarde del 27 de noviembre pasado, el mandatario publicó en su cuenta de X: “El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo (…) Aprovechar esta riqueza podría transformar El Salvador (…) Y todo esto con minería moderna y sostenible, cuidando nuestro medio ambiente”.
En esa ocasión, respaldó la noticia asegurando que abrir nuevamente la actividad en el país creará miles de empleos, financiará infraestructura a nivel nacional e impulsará el desarrollo de las economías locales. La minería metálica fue prohibida con una ley aprobada en 2017.
La aprobación de esa normativa fue justificada sobre cuatro argumentos que advertían que: las condiciones de vulnerabilidad en el país son una barrera importante en cuanto a garantizar una minería metálica “eficaz” en el control de sus riesgos e impactos ambientales, que las actividades de exploración y explotación de minería metálica, constituyen un atentado a la salud de los habitantes; que en 2010 las Naciones Unidas clasificaron a El Salvador como el segundo país de mayor deterioro ambiental en Las Américas y que el país también es firmante de tratados internacionales que protegen la salud y el medio ambiente.
En un evento con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el 5 de diciembre pasado, Bukele confirmó que pedirá a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, pero sin indicar qué estudios han realizado para dar validez a sus propuestas.
Primeros pasos
El 21 de octubre de 2021, la comisión de economía de la Asamblea emitió un dictamen favorable para la creación de la Dirección General de Energía, Minas e Hidrocarburos, la cual formaba parte de un paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo presentadas dos meses antes.
La Asamblea lo justificó con que la creación de la nueva dirección permitiría reducir el costo de la energía. Sin embargo, la normativa de la dirección también le establece la facultad de “dirigir la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales”.
El 27 de noviembre pasado, Bukele hizo el sorpresivo anuncio en su cuenta de X donde calificó de “absurda” la prohibición total de la minería metálica en el país.
Tras el anuncio, diversos sectores se han pronunciado sobre los riesgos de avalar la extracción de minerales por el daño al medio ambiente, principalmente al agua.
Sin embargo, el 20 de diciembre pasado, la Asamblea dio a conocer en la plenaria de ese día que el presidente había enviado una solicitud para crear una ley de la minería en el país. Una comisión legislativa avaló la normativa el siguiente día si ningún tipo de discusión.
Más de 10 organizaciones se hicieron presentes frente a la Asamblea para pedir que no aprobaran una nueva ley, con el argumento que “está demostrado, técnica y científicamente, que la minería metálica es una actividad devastadora para un país como El Salvador, donde el agua y el territorio son recursos críticos y limitados”.
A ese pedido se sumó la Iglesia católica, quien jugó un papel importante en 2017 cuando se aprobó la prohibición a la actividad minera en El Salvador, al pedirle a las autoridades que no avalaran la actividad.
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas manifestó su posición sobre la minería metálica y enfatizó que tendría “consecuencias irreversibles” para el medio ambiente y la población salvadoreña, subrayando que los recursos hídricos del país, especialmente el río Lempa, están en grave riesgo de contaminación por sustancias químicas como el cianuro, arsénico y mercurio, utilizados en la extracción de metales.
El 23 de diciembre pasado, los diputados oficialistas derogaron la prohibición de la minería y aprobaron una nueva normativa que permite la exploración, extracción y exportación de minerales. Lo hicieron sin consultar con los sectores y en pocas horas.