On December 23, Andrew McKinley, a renowned expert on water and mining issues from the Central American University José Simeón Cañas (UCA), shared his stance on metal mining in El Salvador. During a public intervention, McKinley emphasized that the country has gold dust, and extracting enough gold for a single ring requires processing more than 20 tons of rock and soil, which, according to him, reflects the high environmental costs of this activity in the country.
“That would turn El Salvador into the Moon with craters everywhere in a very short time,” he said.
McKinley presented the results of a survey conducted by UCA’s University Institute of Public Opinion (IUDOP), which found that 59.2% of the population believes the country is not suitable for metal mining. According to the expert, these results demonstrate growing public concern about the environmental and social impacts that this activity could cause.
The expert explained that another issue with mining activity is the overexploitation of water to process metals. “Mining requires enormous amounts of water at every stage of the process. Average mines in Central America use more than a million liters of water daily,” he said.
McKinley asserts that metal mining is “neither sustainable nor viable.” He also criticized the lack of public debate surrounding the approval of the Metal Mining Law, claiming that “the lawmakers lack the necessary knowledge about the effects of this industry in a country as vulnerable as El Salvador.”
According to his statements, environmental degradation and the contamination of water sources are direct threats posed by industrial mining.
In previous statements, McKinley has highlighted that communities near metal mines in Central America often face conditions of poverty, water pollution, and landscape degradation.
The General Metal Mining Law was approved by the Legislative Assembly without technical analysis.
In a recent editorial, UCA remarked that “the approval of the general metal mining law by the cyan bench is an act characteristic of a dishonest and deeply materialistic government, and it has been justified by resorting to blatant falsehoods about metal mining: that it entails multiple benefits, that it creates quality jobs, that it develops local economies, and that its profits provide resources to remedy the environmental disaster it leaves behind.”
Andrew McKinley: “La minería metálica en El Salvador no es sostenible ni viable”
El pasado 23 de diciembre, Andrew McKinley, reconocido experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), expresó su postura respecto a la minería metálica en El Salvador. Durante una intervención pública, McKinley destacó que en el país hay polvo de oro, por lo que para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra, lo que, según él, refleja los altos costos ambientales de esta actividad en el país.
“Eso convertiría a El Salvador en la Luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, dijo.
McKinley presentó los resultados de una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, en la que el 59.2 % de la población considera que el país no es adecuado para la minería metálica. Según el experto, estos resultados reflejan una creciente preocupación ciudadana por los impactos ambientales y sociales que esta actividad podría generar.
El experto explicó que otro problema de la actividad minera es la sobreexplotación de agua para procesar metales, “ la minería requiere enormes cantidades de agua en cada fase del proceso. Las minas promedio en Centroamérica utilizan más de un millón de litros de agua diario”, dijo.
McKinley asegura que las mujeres “no es sostenible ni viable”, también criticó la falta de debate público en torno a la aprobación de la Ley de Minería Metálica, afirmando que “los legisladores carecen del conocimiento necesario sobre los efectos de esta industria en un país tan vulnerable como El Salvador”.
Según sus declaraciones, el deterioro ambiental y la contaminación de fuentes hídricas son amenazas directas de la minería industrial.
En intervenciones anteriores, McKinley ha subrayado que las comunidades cercanas a minas metálicas en Centroamérica suelen enfrentar condiciones de pobreza, contaminación del agua y degradación del paisaje.
La Ley General de Minería Metálica fue aprobada por la Asamblea Legislativa sin análisis técnico.
En el reciente editorial de la UCA, la universidad señaló que “la aprobación del dictamen de la ley general de minería metálica por parte de la bancada cyan es una acción propia de un gobierno deshonesto y profundamente materialista, y se ha justificado recurriendo a falsedades obvias sobre la minería metálica: que entraña múltiples beneficios, que crea empleos de calidad, que desarrolla las economías locales, que de sus ganancias se obtienen recursos para remediar el desastre ambiental que deja a su paso”.