Taking advantage of the Christmas euphoria and the confusion around the “zero alcohol” reform, and against all technical reasoning from environmentalists, Churches, and social organizations, compounded by the lack of impact studies or public consultation, the ruling party Nuevas Ideas hastily approved a law allowing metallic mining, driven by President Bukele.

There are irrefutable facts here. There is indeed gold in El Salvador, and plenty of it. This has been known not because of this administration but for over 100 years. Mining companies that were given access previously, including Canadian firms during ARENA administrations, have confirmed this.

However, all studies unequivocally indicated that mining was harmful, and in 2017 it was definitively banned with the approval of all political forces, following a motion led by an initiative spearheaded by the very Archbishop of San Salvador, Monsignor Escobar Alas. The related studies were championed by former Archbishop Sáenz Lacalle, a chemical engineer by profession, who argued that metallic mining was inconsolable with the population’s health due to the discharge of decidedly toxic chemicals into aquifers.

Another claim made in the brief and misleading presentation by the president of CEL was that many people would benefit from mining projects. Indeed, no one doubts that the ultimate goal is to award lucrative contracts (no perfect orange in life has generated such juicy benefits) to one or more mining companies, which remain unknown at this point.

The deception lies in the law’s article discussing “the participation of invisible and unaccountable societies,” as has happened with other projects, approved by the commission and its obedient lawmakers who used every opportunity to throw “glowing compliments” at the mining project, despite categorically acknowledging during the same discussion: THERE IS NO STUDY to reverse the conclusions of existing studies that declared mining harmful and led to its ban in 2017.

The rush to approval highlights bad faith

Moreover, it is evident that there will be a group of people who will profit enormously from these lucrative contracts. This is as obvious as the blue of the sky.

So, it’s one of two scenarios: either a world-class mining company with recognized, evolved, and advanced technology that indeed allows for ‘clean mining’ and has a broad track record in X, Y, or Z country, with which a fair deal was struck achieving beneficial agreements (and SECURITIES to uphold them) for those countries.

If this is the case, Salvadorans have every right to know who they are. Not only is there nothing to hide, but we would be taught a lesson about the superlative significance of the government in power being able to attract a world-class company.

Alternatively, the government will strike a deal behind closed doors, under the cover of night and beneath the sheets with a company of unknown nationality, an unknown shareholder agreement, with benefits to unknown shareholders, and an unknown track record with unknown stipulations. This would be the ultimate betrayal of this government to the people who believed so enthusiastically in it. The consequences would be paid in life and suffering, as missteps would condemn not only the lives of those Salvadorans, who voted and did not vote for this government, but also the unborn who might come into the world with cruel deformities due to toxic substances, and everyone would suffer the consequences of a colossal water usage that mining requires, regardless of the need for arsenic, cyanide, and other substances.

EDH: https://www.elsalvador.com/opinion/nota-del-dia/mineria-nayib-bukele-/1189811/2024/

Contra toda razón, Bukele le abre la puerta a la minería

Aprovechando la euforia de la Navidad y la confusión de la reforma de “cero alcohol” y contra todo razonamiento técnico de ambientalistas, Iglesias y organizaciones sociales, con el agravante de no tener estudios de impacto ni haberlo consultado con la población, el partido oficial Nuevas Ideas aprobó a toda prisa una ley que permite la minería metálica, impulsada por el presidente Bukele.

Es evidente la perversidad de no discutir un tema que potencialmente va a llevar sustancias tóxicas que envenenarán el agua que se sirve al 70% de la población salvadoreña y afectarla por cientos de años, 

Primero, hay hechos irrefutables. Que hay oro en El Salvador, lo hay. Y mucho. Lo hemos sabido no por esta administración, se ha sabido durante más de 100 años y lo han confirmado empresas mineras a las que se le dio acceso antes y a las que se postularon las empresas canadienses en las administraciones de ARENA.

Pero los estudios todos indicaban lo inequívoco, que la minería era nociva, y a partir del 2017 fue prohibida en definitiva con el aval de todas las fuerzas políticas y que retomaron una moción de ley impulsada por una propuesta liderada por el mismísimo Arzobispo de San Salvador, monseñor Escobar Alas. Quien impulsó los estudios relacionados fue el ex Arzobispo Sáenz Lacalle, que era ingeniero químico de profesión y sostenía que era inconsolable la minería metálica con la salud de la población por descargarse químicos decididamente tóxicos a los mantos acuíferos.

Otra cosa que se dijo en su patética, por corta y engañosa, presentación el presidente de CEL es que se beneficiarían muchas personas de los proyectos mineros. Efectivamente, nadie duda de que el objetivo final es otorgar jugosos contratos (en la vida ninguna naranja perfecta habrá generado tales mieles jugosas) a una o unas empresas de minería, hasta este momento desconocidas.

 El engaño está en el artículo de la ley que habla de “la participación de sociedades” invisibles e infiscalizables, como ha ocurrido con otros proyectos, aprobado por la comisión y sus obedientes diputados que aprovecharon cada intervención para tirarle “encendidos piropos” al proyecto minero a pesar que, como en la misma discusión se aceptó categóricamente: NO EXISTE NINGÚN ESTUDIO para revertir la conclusión de los estudios que SI existen que declararon nociva la minería y por la cual se prohibió en el 2017.

La prisa de la aprobación subraya la mala fe 

Lo otro es que evidentemente habrá un grupo de personas que lucrarán de una forma definitiva y COLOSAL de estos jugosos contratos. Es obvio como el azul del cielo.

Entonces son una de dos: una empresa minera de clase mundial con una reconocida tecnología evolucionada y avanzada que efectivamente permite hacer ‘minería limpia’ que tiene una trayectoria amplia en X, Y o Z país y con la que se logró hacer un trato justo en que se consiguió acuerdos (y FIANZAS para sostenerlos) que son beneficiosos para dichos países. 

Si es así, tenemos los salvadoreños todo el derecho de saber quiénes son. No solo no hay nada que esconder sino que quedaremos aleccionados de la superlativa trascendencia del gobierno en pleno poder de haber podido enamorar a una empresa de clase mundial.

En su defecto, el gobierno hará un acuerdo detrás del telón, bajo la oscuridad de la noche y debajo de las sábanas con una empresa de nacionalidad desconocida y con un acuerdo de accionistas desconocido con beneficios a accionistas desconocidos y con trayectoria desconocida con estipulaciones desconocidas. Ahí sería la traición máxima de este gobierno a este pueblo que ha creído con tanto entusiasmo en él. Y las consecuencias se pagarán en vida y en sufrimiento porque pasos en falso condenarían no solo la vida de estos salvadoreños, los que votaron y no votaron por este gobierno, sino de los no nacidos que podrían venir al mundo con crueles deformaciones a partir de las sustancias tóxicas y todos a sufrir las consecuencias de un uso colosal de agua que la minería, independiente que necesite arsénico, cianuro y otras sustancias necesitan para efectuarse.

EDH: https://www.elsalvador.com/opinion/nota-del-dia/mineria-nayib-bukele-/1189811/2024/