After the expedited approval of the General Law on Metallic Mining in El Salvador, environmental organizations announced plans to file complaints over violations of environmental human rights to international institutions.
“In the face of the imminent invasion of mining companies into El Salvador and the repeal of the Law Prohibiting Metallic Mining, which would breach Article 12 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights (known as the Protocol of San Salvador), among other legal frameworks that guarantee such rights,” stated the Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador (National Roundtable Against Metallic Mining in El Salvador).
The environmentalists and civil organizations have described the measure as “the death blow to water” and “the greatest assault on water,” considering that lawmakers from the ruling party refused to subject the law to debate with environmentalists, organizations, and the Catholic Church before its approval.
The statement by the Mesa Frente a la Minería Metálica urges “the international community to engage in solidarity and advocacy actions against mining companies’ activities and to remain vigilant of the Salvadoran State’s actions that undermine the human right to water, a healthy environment, health, and life.”
It is estimated that mining projects could affect up to one-third of the national territory, including the Lempa River basin, which not only sustains rural farming regions but also provides potable water to Salvadoran households.
“Despite this activity being allowed, we will continue resisting and carrying out all kinds of national and international actions to prevent the development of this industry in El Salvador,” said Luis González from the Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) (Salvadoran Ecological Unit).
Efforts to collaborate with international allies in Canada, the United States, and organizations opposing mining operations are already underway.
Due to the lack of detailed information from authorities, it remains unclear which international entities might be involved in these extraction projects. However, the UNES representative revealed information suggesting potential involvement from Brazilian, Canadian, Peruvian, and Chinese interests in carrying out such projects.
“There are sectors attempting to deceive communities who already understand that mining is harmful. Seven years ago, we saw similar claims as mining companies promoted ‘green mining,’ which is now being used as a deceptive tactic again,” González explained.
González emphasized the need for community education campaigns to inform at-risk populations about the real consequences, their rights, and how to respond in cases of being threatened with land seizures if they refuse to sell.
“We will turn to the Inter-American Court of Human Rights to prevent setbacks to rights. The mining prohibition provided greater protection for public health rights, but its reversal represents a significant step backward,” González concluded.
Scientific and technical information presented by environmentalists highlights the environmental impact, noting that even with water recycling, approximately 3,700 liters of water are required to extract just one ounce of gold in El Salvador, exacerbating the already critical water scarcity.
Ambientalistas buscarán instancias internacionales tras aprobarse Ley de minería
Tras la rápida aprobación de la Ley General de Minería Metálica en El Salvador, las organizaciones ambientalistas han expresado su intención de elevar la denuncia por violación a los derechos humanos ambientales ante instancias internacionales.
“Frente a la inminente invasión de las empresas mineras en El Salvador y a la derogación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica, con lo cual incumpliría el artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales conocidos como Protocolo de San Salvador, entre otros cuerpos normativos que garantizan tales derechos”, señaló la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador.
La medida ha sido catalogada por los ambientalistas y organizaciones civiles como “el tiro de gracia para el agua” y “el mayor atentado contra el agua”, tomando en cuenta que los diputados oficialistas rechazaron someter la ley a un debate con ambientalistas, organizaciones y la Iglesia Católica antes de ser aprobada.
“Insistir a la comunidad internacional a sostener acciones de solidaridad e incidencia frente a las actividades de las empresas mineras del territorio y mantenerse vigilantes de las acciones de Estado salvadoreño en detrimento del derecho humano al agua, a un ambiente sano, a la salud y la vida”, recalca el comunicado de la Mesa Frente a la Minería.
Se estima que los proyectos mineros tomarían hasta un tercio del territorio nacional, misma zona en la que se ubica la cuenca del río Lempa alimentando no solo las áreas de cultivo en zonas rurales sino también el agua potable que llega a los hogares salvadoreños.
“A pesar que esta actividad se permita vamos a seguir resistiendo y haciendo todo tipo de acciones nacionales e internacionales para evitar el desarrollo de esta industria en El Salvador”, señaló Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
No obstante ya se tienen acercamientos con aliados internacionales en Canadá, Estados Unidos y organizaciones que luchan contra las acciones mineras.
Debido a la poca información presentada por las autoridades no se tiene certeza sobre las entidades internacionales que estarían involucradas en los proyectos extractivos; sin embargo, el representante de la UNES detalló que se ha obtenido información sobre industrias brasileñas, canadienses, peruanas y de intereses chinos que podrían desarrollar proyectos extractivos.
“Hay sectores que quieren engañar a las comunidades están claras que la minería es mala, pero hace siete años teníamos algo similar, las empresas hablaban de desarrollo con la minería verde, es lo que se quiere decir ahora con engaños”, detalló.
González sostiene que es necesario llevar a cabo campañas de educación poblacional para informar a las comunidades en riesgo sobre las verdaderas afectaciones, sus derechos e incluso qué hacer ante la posibilidad de ser amenazados con quitarles sus tierras si se niegan a vender.
“Vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que se den los retrocesos en derechos, al tener la prohibición de la minería teníamos una mayor protección de los derechos de salud, al revertir la prohibición hay un retroceso”, concluyó González.
Información técnica científica sobre el impacto ambiental presentada por los ambientalistas sostiene que reciclando agua, en El Salvador se necesitan 3,700 litros de agua por cada onza de oro extraída, esta situación agravará la escasez del líquido.