The Catholic Church of El Salvador expressed regret over the decision to allow mining exploration and exploitation in the country following the approval on Monday of a law that overturns the 2017 prohibition of such practices.
“We regret the approval of the law that allows mining exploitation in our country without listening to the population. This action goes against the will of the people and disregards the triumph achieved in 2017, which resulted in a law banning mining to protect life and health in our nation,” read a statement released by the Episcopal Conference of El Salvador.
The Church called on authorities to “reconsider their decision and repeal this new mining law, which will create many victims, starting with the most vulnerable. Eventually, it will harm everyone, including future generations, due to its devastating costs on the environment.”
The General Law on Metallic Mining, containing 35 articles, was passed with 57 votes in favor out of 60 in the Legislative Assembly, effectively nullifying the Law on the Prohibition of Metallic Mining approved in March 2017.
The approval of the legislation, proposed by President Nayib Bukele’s government, came despite opposition from environmentalists, community organizations, some churches, and universities, who cited the potential impact on rural communities and the environment.
Vidalina Morales, a social activist and president of a community organization, emphasized in a press conference on Monday that “El Salvador, as we have reiterated numerous times, is a country where mining is absolutely unfeasible.”
“We are here to demand, not to beg, that lawmakers legislate in favor of the people who trusted them. We demand that they do not repeal the law (banning mining) that was unanimously approved with national consensus in 2017,” Morales stated.
According to environmentalist organizations, mining exploitation is estimated to affect approximately four million people in the northern region of El Salvador, which encompasses the departments of Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután, and La Unión.
It is also expected to impact the Lempa River basin, which has a total area of 17,790 square kilometers, 10,082 of which lie in El Salvador, 5,251 in Honduras, and 2,457 in Guatemala.
The main course of the river runs for 422 kilometers, of which 360.2 kilometers flow within Salvadoran territory.
This law’s approval comes despite opposition from environmentalists, community organizations, civil society, churches, and universities, who oppose the mining practice for its detrimental effect on people’s livelihoods and the environment.
In March 2017, the Salvadoran Congress approved the aforementioned law, deeming metallic mining “a threat to the development and well-being of families.”
“Contraviene la voluntad del pueblo”: Iglesia Católica lamenta decisión de permitir minería en El Salvador y pide se reconsidere
La Iglesia Católica de El Salvador lamentó la decisión de permitir la exploración y explotación minera en El Salvador tras la aprobación el lunes de una ley con la que también se deroga la prohibición de dicha práctica que estaba vigente desde 2017.
“Lamentamos que se haya aprobado la ley que permite la explotación minera en nuestro país, sin escuchar a la población. Es una acción que contraviene la voluntad del pueblo y que, ignora su victoria alcanzada en el año 2017, logrando que se aprobara una ley que prohibiera la explotación minera, protegiendo de esa manera la vida y la salud en nuestra nación”, indicó en un comunicado difundido por la Conferencia Episcopal de El Salvador.
La iglesia pide a las autoridades que “reconsideren su decisión y deroguen ese nueva ley de la minería, la cual producirá muchas víctimas, comenzando por las personas más vulnerables, pero que luego dañará a todos, incluyendo el sufrimiento a las nuevas generaciones, y los costos mortíferos del medio ambiente”.
La Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en la Asamblea Legislativa y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.
El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, se da pese al rechazo de ambientalista, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y de universidades por el impacto en las comunidades rurales y al medioambiente.
Vidalina Morales, una luchadora social y presidenta de una organización comunitaria, subrayó el lunes en una rueda de prensa que “El Salvador, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es un país donde la minería definitivamente es inviable”.
“Vamos a exigirles, no venimos a suplicarles, que legislen a favor del pueblo que confió en ellos. Les exigimos que no deroguen esa ley (que prohíbe la minería) que fue aprobada por unanimidad y con consenso nacional en el año 2017”, dijo Morales.
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
También se estaría afectando la cuenta del río Lempa que posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados de los cuales, 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.
La longitud del cauce principal es de 422 kilómetros, de los cuales 360,2 kilómetros corren dentro de territorio salvadoreño.
La aprobación de esta ley se da a pesar del rechazo de ambientalistas, organizaciones comunales y de sociedad civil, de iglesias y de universidad a esta práctica por su impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente.
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias.”