Seven of the ten members of the executive board of the Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (SEPRODEHES) (Union of Employees of the Office of the Human Rights Ombudsman of El Salvador) were dismissed on Thursday, the affected individuals confirmed to LA PRENSA GRÁFICA. These individuals, who arrived yesterday at the PDDH (Office of the Human Rights Ombudsman) to return their work equipment, claimed that their dismissals are illegal and that their union immunity is not being respected.
The three remaining board members are fearful that they might also be removed in the coming days. One of the affected union members, who asked to remain anonymous for fear of retaliation, told LA PRENSA GRÁFICA that he was dismissed through a phone call. There was no memo or official notification.
“They just told me my position had been eliminated, and I should come in today (yesterday) to hand over my work belongings,” said the union member. Additionally, he mentioned that on the same day he was notified, his institutional email was blocked.
The union member explained that the elimination of positions can only occur through a legislative, presidential, ministerial decree, or an institutional agreement that outlines the technical reasons for the elimination of the role. However, he stated this has not taken place within the PDDH.
“In this case, the excuse is that there are no economic resources, according to the Treasury Minister, who claims the approved budget is lower than what the institution had planned. They say there are no layoffs nor a suspension, but that it is an emergency measure to keep the institution running. Yet, it is inexplicable that no one is taking responsibility for the dismissals. These dismissals (of union members) are anti-union freedoms and anti-human rights,” he said.
Moreover, the union member emphasized that union members have immunity, which prevents them from being dismissed unless done so by a court or competent higher authority. He also questioned how it is possible for a ministry’s decision to override the Civil Service Law and the Constitution of the Republic.
LA PRENSA GRÁFICA reached out to the communications team at the PDDH to inquire about the reasons behind the dismissal of the union members and others within the institution. Although they said they would forward the questions, no response had been received by the time this article was published.
Despiden a siete directivos del sindicato de la PDDH
Siete de los 10 miembros de la junta directiva del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (SEPRODEHES) fueron despedidos el jueves, confirmaron los afectados a LA PRENSA GRÁFICA. Estas personas, que llegaron ayer a la PDDH a entregar sus equipos de trabajo, denunciaron que sus despidos son ilegales y que no están respetando su fuero sindical.
Los tres directivos restantes han quedado con temor a que los remuevan en los próximos días. Uno de los sindicalistas afectados, quien pidió anonimato por temor a represalias, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que a él lo despidieron por medio de una llamada telefónica. No hubo un memorando o notificación oficial.
“Solo me dijeron que mi plaza fue suprimida y que llegara este día (ayer) a entregar mis cosas de trabajo”, indicó la fuente sindical. Además, dijo que el mismo día del aviso le bloquearon su correo institucional.
El sindicalista dijo que la supresión de plazas solo puede realizarse con decreto legislativo, presidencial, ministerial o un acuerdo institucional que determine las razones técnicas que sustentan la eliminación de ese puesto, pero esto no ha sucedido en la PDDH, aseguró.
“En este caso, la excusa es que no hay fondos económicos, según el ministro de Hacienda, que el presupuesto que se aprobó va con menos dinero de lo que tenía proyectada la institución. Ellos dicen que no hay despidos ni suspensión, sino que es una medida de emergencia para que la institución funcione, pero es inexplicable que nadie quiere hacerse responsable de los despidos. Estos despidos (de los sindicalistas) es anti libertades sindicales y anti derechos humanos”, sostuvo.
Además, dijo que los sindicalistas tienen fuero, que prohíbe que sean despedidos a menos que sea por un juzgado o autoridad superior competente. También, cuestionó cómo es posible que la decisión de un ministerio esté por encima de la Ley de Servicio Civil, de la Constitución de la República.
LA PRENSA GRÁFICA contactó al área de comunicaciones de la PDDH para consultar las razones de los despidos de los sindicalistas y otras áreas de la institución. Aunque manifestaron que trasladarían las preguntas, al cierre de esta nota no hubo respuesta.