Summary:
- El Salvador and the International Monetary Fund (IMF) have agreed on a 40-month, $1.4 billion program to strengthen the fiscal and external stability of the Central American country.
- The program includes reducing public spending, reforming the pension system, and increasing transparency in public debt, contracts, and ultimate beneficiaries.
- The use of Bitcoin will be voluntary for the private sector, taxes will only be paid in dollars, and the government will gradually reduce its involvement in the “Chivo” wallet.
The IMF and the Government of El Salvador reached an agreement on an Extended Fund Facility (EFF) program amounting to $1.4 billion to support the country’s reform agenda, in exchange for improving transparency, governance, and reducing Bitcoin-related risks, the institution reported.
The IMF stated that the program aims to bolster fiscal and external sustainability by implementing an ambitious and growth-friendly fiscal consolidation plan, as well as measures to strengthen reserves.
Additionally, it urged Salvadoran authorities to make efforts to “improve governance, transparency, and resilience, which will be essential to enhance the country’s confidence and growth potential, in the context of significant security improvements.”
The financial entity also mentioned that they are mitigating risks related to Bitcoin, which was designated as legal tender in September 2021, alongside the US dollar.
“Legal reforms will make the acceptance of Bitcoin by the private sector voluntary. For the public sector, participation in economic activities related to Bitcoin and transactions involving Bitcoin will be limited. Taxes can only be paid in dollars, and the government’s involvement in the crypto wallet (Chivo) will gradually decrease,” the IMF said.
In March 2021, the Salvadoran government announced that both parties were negotiating a package, but in September of that year, the conversations stalled after the Bukele government made Bitcoin legal tender.
Stacy Herbert, Director of the Bitcoin Office in El Salvador, stated on her social media account that following the agreement between the Salvadoran government and the IMF, “the Bitcoin policy is secured,” despite the changes the cryptocurrency’s use will undergo.
An IMF technical team arrived in the country between December 5 and 14 to meet with Salvadoran authorities. The IMF expects the Executive Board to consider this program for approval in February 2025, once the agreed prior actions have been fulfilled.
The agreement opens possibilities for the country to access additional financing sources with the World Bank, the Inter-American Development Bank (IDB), among other regional institutions, to obtain about $3.5 billion during the program period.
The program aims to reinforce El Salvador’s fiscal and external sustainability through a plan that intends to improve the primary balance by 3.5% of GDP in three years. This includes reducing public spending on goods and services, transfers to municipalities, and payroll, measures already included in the 2025 budget.
The Salvadoran Congress approved the general budget for the 2025 fiscal year at $9.663 billion, amid protests from the health and education sectors over job cuts.
Bitcoin y transparencia a cambio de un acuerdo con el FMI por $1,4 mil millones
En resumen:
- El Salvador y el FMI pactaron un programa de 40 meses por $1,4 mil millones para fortalecer la estabilidad fiscal y externa del país centroamericano.
- El programa incluye reducción de gasto público, reforma del sistema de pensiones y mayor transparencia en deuda pública, contratos y beneficiarios finales.
- El uso de Bitcoin será voluntario para el sector privado, los impuestos solo se pagarán en dólares, y el gobierno reducirá gradualmente su participación en la billetera “Chivo”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador llegaron a un acuerdo para un programa Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por un monto de 1,4 mil millones de dólares a fin de respaldar la agenda de reformas del país, a cambio de mejorar la transparencia, la gobernanza y reducir los riesgos de bitcoin, informó la institución.
El FMI señaló que el programa tiene por objeto reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas.
Además, pidió a las autoridades salvadoreñas realizar esfuerzos para “mejorar la gobernanza, la transparencia y resiliencia serán esenciales para impulsar la confianza y el potencial de crecimiento del país, en un contexto de fuertes mejoras de la seguridad”.
La entidad financiera también señaló que están mitigando los riesgos relacionados con bitcóin, que fue oficializado en septiembre de 2021 como moneda de curso legal, en paralelo al dólar estadounidense.
“Reformas legales harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria. Para el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y las transacciones y compras de Bitcoin estarán delimitadas. Los impuestos podrán ser pagados sólo en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo) se irá reduciendo gradualmente”, dijo el FMI.
En marzo de 2021 el gobierno salvadoreño anunció que ambas partes negociaban un paquete, pero en septiembre de ese año las conversaciones se entramparon luego que el gobierno de Bukele oficializó el Bitcoin como moneda de curso legal.
La Directora de la Oficina Bitcoin en El Salvador, Stacy Herbert, afirmó en su cuenta de X que tras el acuerdo entre el Gobierno salvadoreño y el FMI, que “la política Bitcóin está asegurada”, pese a las modificaciones que enfrentará el uso de la criptomoneda.
Un equipo técnico del FMI llegó al país entre el 5 y 14 de diciembre para reunirse con las autoridades salvadoreñas. El FMI espera que el Directorio Ejecutivo considere este programa para su aprobación en febrero de 2025, una vez que se hayan cumplido las acciones previas acordadas.
El acuerdo abre las posibilidades para que el país acceda a otras fuentes de financiamiento adicionales con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras instituciones regionales para obtener unos 3,5 mil millones de dólares durante el período del programa.
El programa busca reforzar la sostenibilidad fiscal y externa de El Salvador a través de un plan que pretende mejorar el balance primario en un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en tres años. Esto incluye la reducción del gasto público en bienes y servicios, transferencias a municipios y masa salarial, medidas ya contempladas en el presupuesto 2025.
El Congreso salvadoreño aprobó ayer el presupuesto general para el ejercicio 2025 por un monto de 9.663 millones de dólares, en medio de protestas del sector de salud y educación por el recorte de plazas.