Members of the National Civil Police (PNC) are currently overseeing the properties of the Salvadoran Social Security Institute (ISSS). However, Marvin Reyes, spokesperson for the Movimiento de los Trabajadores de la Policía (Police Workers’ Movement), claims there is no legal basis for this action.
Reyes explained that, according to the Law of Private Security Services, the police is permitted to assume such duties under certain circumstances.
For instance, Article 15 of the law allows the director of the police to temporarily suspend private security services in a state building, enabling the Police to take over. Additionally, if a security company commits major violations, the legislation provides for the police to temporarily take charge of surveillance until the issue is resolved, as clarified by Reyes.
Reyes emphasized that the current situation does not align with the scenarios outlined in the law. Therefore, he suggested establishing an agreement for hiring extra personnel should this practice continue, similar to arrangements in institutions like the Rio Lempa Executive Commission (CEL), the United States Embassy, or the National Council for Children and Adolescents (CONAPINA).
He warned that the police cannot be permanently tasked with surveillance duties as it diverts from their primary responsibilities. He also mentioned information suggesting this system might be implemented in other state institutions such as the National Administration of Aqueducts and Sewers (ANDA), the Attorney General’s Office, and other government bodies.
Reyes recalled that in 1996, the PNC assumed the surveillance of state institutions following the privatization of the National Telecommunications Administration (ANTEL).
He also highlighted that this new responsibility has led to excessive workload for investigative personnel. Officers are now required to patrol on weekends with shifts lasting up to 17 hours daily, despite having regular workweeks from Monday to Friday.
Finally, the spokesperson for the Police Workers’ Movement raised concerns about the inadequate working conditions for officers assigned to hospitals and Social Security clinics. Due to a lack of resting facilities, many officers are forced to sleep on the floors of hospital and clinic bathrooms.
Vocero del MTP advierte sobre expansión de vigilancia de la PNC a otras instituciones públicas
Los integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) ahora están encargados de vigilar los diferentes inmuebles del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Sin embargo, según Marvin Reyes, vocero del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, no existe ningún parámetro legal que respalde esta acción.
Reyes explicó que, de acuerdo con la Ley de Servicios Privados de Seguridad, la PNC puede asumir estas funciones en circunstancias específicas.
Por ejemplo, el artículo 15 de esta ley establece que, durante un procedimiento en un edificio estatal, el director de la PNC puede ordenar la suspensión temporal de los servicios de seguridad privada, permitiendo que la Policía asuma esa tarea. Otro escenario previsto en la normativa ocurre cuando una empresa de seguridad comete faltas muy graves, en cuyo caso la PNC retoma la vigilancia hasta que la situación se resuelva, explicó Reyes.
No obstante, Marvin Reyes señaló que la situación actual no corresponde a los escenarios contemplados en la ley. Por ello, consideró que, de continuar esta práctica, lo ideal sería establecer un convenio para contratar personal supernumerario, tal como ocurre en instituciones como la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), la Embajada de Estados Unidos o el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONAPINA), entre otras entidades estatales.
Reyes advirtió que la PNC no puede desempeñar funciones de vigilancia de forma permanente, pues esto desvía sus labores principales. Añadió que existe información sobre la posible implementación de este sistema en otras instituciones estatales, como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Fiscalía General de la República y otras dependencias gubernamentales.
Asimismo, recordó que en 1996, la PNC asumió la vigilancia de instituciones estatales cuando se privatizó la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).
Reyes también denunció que esta nueva tarea ha generado una sobrecarga laboral para el personal de investigaciones. Señaló que ahora estos agentes deben realizar patrullajes durante los fines de semana, en turnos de hasta 17 horas diarias, a pesar de tener jornadas laborales habituales de lunes a viernes.
Finalmente, el vocero del Movimiento de los Trabajadores de la Policía denunció que los agentes asignados a vigilar hospitales y clínicas del Seguro Social trabajan en condiciones inadecuadas. Explicó que, ante la falta de espacios para descansar, muchos policías duermen en los pisos de los baños de las clínicas y hospitales.