The government of El Salvador took over $871 million from the Pension Fund between January and October 2024, marking an increase of nearly $9 million compared to the same period last year, a 1% rise. As a result, pension debt has now reached a total of $10.365 billion.
According to the Banco Central de Reserva (BCR) (Central Reserve Bank), the country’s total debt as of October amounted to almost $31.202 billion, meaning the debt involving the funds of all workers represents a third of the overall amount.
To access these funds, the Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) (Salvadoran Pension Institute) issues financial instruments called Pension Obligations Certificates (COPs). These are immediately purchased by the Pension Fund Administrators (Administradoras de Fondos de Pensiones or AFPs) using contributions from all formal workers. Between January 2023 and October 2024, over $1.969 billion worth of COPs were issued, at an average of nearly $90 million per month.
In 2023, the government withdrew a record amount from the Pension Fund – nearly double the previous peak recorded in 2017. This situation compelled the state to approve a reform to the pension system.
Last year, $1.09776 billion was taken in just 12 months. Is such a sum justifiable? Experts have highlighted the rapid pace of pension debt accumulation. After the 2017 reform, annual withdrawals averaged $326 million – less than a third of 2023’s figures.
Risk of Fund Diversion
Since as of October this year, pension debt had increased by $9 million compared to the 2023 period, another record may be set in this financial year.
Although the amount withdrawn in October 2024 was lower compared to the same month in 2023, it was the second lowest monthly figure withdrawn since the latest reform ($46.72 million). In contrast, October 2023 saw one of the highest withdrawals recorded at that time.
Local experts such as Rommel Rodríguez (from FUNDE) and Patricio Pineda (from the Mesa de Trabajo por una Pensión Digna or Working Group for a Dignified Pension), alongside prominent international entities like the investment bank Barclays, have suggested that the government may be utilizing funds withdrawn from the Pension Fund for purposes other than those stipulated by law – i.e., paying pensions under the Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) (National Institute for Public Employees’ Pensions) and the Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) (Salvadoran Social Security Institute).
In a March report, Barclays even detailed specific strategies for fund diversion based on official data from the El Salvador Stock Exchange, as also reported by El Diario de Hoy last February.
The British investment bank pointed out that the government has been financing current expenditures using workers’ contributions. Another indicator supporting this claim is the accelerated rate of COP issuance in the final three months of 2023, totaling almost $485 million – about $161 million per month. Between October and December 2023, 44% of the year’s total funds were withdrawn.
“Actuarial studies should provide insights into how sustainable this level of debt accumulation is. However, they’ve been classified as classified information, which limits our ability to conduct a technical analysis of El Salvador’s pension situation,” explained economist and university professor Carlos Argueta.
According to Pineda, from the Working Group for a Dignified Pension, the pension system’s situation will become more complex starting in 2025, as the government plans to lay off 11,600 people, of whom 40% (nearly 5,000 individuals) are nearing retirement age, according to his estimates.
This will likely increase pressure on the Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) (Solidarity Guarantee Fund), a communal fund that pays retirees when their individual accounts are depleted. But the government, as Pineda stated, has already taken measures to relieve its financial strain at the expense of workers.
One group of individuals affected consists of those nearing retirement who contributed to the old ISSS and INPEP systems but were later forced or chose to move to the private AFP system. These individuals are categorized as “optados B” and “obligados A.”
When these individuals reach retirement, they are required to provide a work history and are issued a sum corresponding to their contributions under the old systems. The law mandated that this sum be credited to their individual accounts. However, Pineda reported that there have been changes to the technical rules of the ISP (which have yet to be made public). Now, these sums are redirected to the Solidarity Guarantee Fund (CGS), which is supplemented with these funds.
“This is a violation of workers’ rights—the right to property and to their contributions. This phenomenon is happening as a visible symptom of depleting resources,” remarked Pineda, who criticized the government for treating the Pension Fund as a petty cash box.
Gobierno tomó $871 millones del Fondo de Pensiones en 10 meses
El Gobierno de El Salvador tomó, entre enero y octubre de 2024, más de $871 millones del Fondo de Pensiones, lo que marca un aumento de casi $9 millones respecto al mismo periodo del año pasado, un 1% de alza. Con esto, la deuda de pensiones llegó a un total de $10,365 millones.
Según el Banco Central de Reserva (BCR), la deuda total del país a octubre era de casi $31,202 millones, por lo que el compromiso con el dinero de todos los trabajadores representa un tercio del monto global.
Para poder disponer de estos fondos, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emite unos instrumentos llamados Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) que son inmediatamente adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con el dinero de las cotizaciones de todos los empleados formales. Entre enero de 2023 y octubre de 2024, se emitieron más de $1,969 millones, un promedio de casi $90 millones al mes.
En 2023, el gobierno tomó del Fondo de Pensiones una cifra récord: casi el doble que la marca más alta previamente registrada en 2017, lo cual obligó al Estado a aprobar una reforma al sistema.
El año pasado se tomaron $1,097.76 en solo 12 meses. ¿Se justifica un monto como este? Expertos han señalado el acelerado ritmo de endeudamiento de pensiones, pues las emisiones posteriores a la reforma de 2017 fueron en promedio de $326 millones por año, es decir, menos de un tercio que las de 2023.
El riesgo del desvío
Debido a que hasta octubre de este año la deuda de pensiones había aumentado $9 millones respecto al período de 2023, en el presente ejercicio se podría marcar un nuevo récord.
Aunque en este año, en octubre la cantidad fue menor a la tomada en el mismo mes del año pasado; ha sido la segunda menor cifra mensual tomada desde la última reforma ($46.72 millones), mientras que en 2023 fue las mayores a la fecha (ver gráfico).
Según expertos locales, como Rommel Rodríguez (de FUNDE) o Patricio Pineda (de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna), así como entidades internacionales de prestigio (como el banco de inversión Barclays) es posible que el Gobierno esté utilizando lo que toma del Fondo de Pensiones para fines distintos a los que le marca la ley, es decir, pagar las jubilaciones del INPEP y del ISSS.
Barclays incluso señaló en un informe de marzo las estrategias concretas con las que se ha hecho el desvío de fondos, tomando información oficial de la Bolsa de Valores de El Salvador, tal como lo publicó también El Diario de Hoy en febrero de este año.
El banco de inversión inglés apuntó que el gobierno ha financiado gasto corriente con el dinero de todos los trabajadores. A eso se suma otro indicador: El año pasado, el ritmo de emisión de COP se aceleró, precisamente, en los últimos tres meses del año, cuando fue de casi $485 millones, es decir, $161 millones al mes. Entre octubre y diciembre de 2023 se tomó el 44 % del total de fondos.
“Los estudios actuariales deberían darnos indicios sobre qué tan sostenible es este ritmo de endeudamiento, sin embargo, han sido declarados como información reservada, lo que limita nuestra capacidad de análisis técnico para dar seguimiento a la situación de las pensiones en El Salvador”, comentó el economista y docente Carlos Argueta.
Para Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, la situación del sistema de pensiones se volverá más complicada a partir de 2025, debido a que desde el Gobierno se planea el despido de 11,600 personas, de las que, según sus cálculos, el 40% (casi 5,000 personas) está a punto de pensionarse.
Esto ejercerá mayor presión, sobre todo en la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), el fondo común desde el que se le paga a un jubilado cuando se agota su cuenta individual. Pero el gobierno, según Pineda, ya tomó disposiciones para darse oxígeno en menoscabo del trabajador.
Hay un grupo de personas en edad de pensionarse que cotizaron parte de su vida laboral a los anteriores sistemas del ISSS y del INPEP. Sin embargo, fueron obligados u optaron por trasladarse al sistema privado de las AFP; son los denominados “optados B” y “obligados A”.
A estas personas, cuando ya se van a retirar, se les solicita un historial de trabajo y les entregan una suma relacionada con sus cotizaciones en los sistemas antiguos. Lo marcado por la ley era que esa suma se les acreditara a sus cuentas individuales. Pero, según Pineda, ha habido modificaciones a las normas técnicas del ISP (que todavía no se han hecho públicas), por lo que ahora van a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que se nutrirá con esos fondos.
“Es una violación a los derechos del trabajador, al de la propiedad, al de su cotización. Ese fenómeno se está dando como síntoma visible de que se están agotando los recursos”, comenta Pineda, quien ha dicho que el gobierno usa el Fondo de Pensiones como una caja chica.