The Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) (Foundation for Studies on the Application of Law) indicated this Tuesday that the process to elect the new attorney general of El Salvador “lacks any transparency” and suggested that the Public Prosecutor’s Office (Fiscalía) “will continue on the same course and with the same dynamics it has had since May 2021,” when lawyer Rodolfo Delgado, currently seeking reelection, was appointed to the position.
Delgado and Gonzalo Ayala López were the only two lawyers who submitted their applications to the Legislative Assembly to be considered for the attorney general position, in a process that began on October 9 and concluded on November 5.
Pro-government lawmakers removed then-attorney general Raúl Melara on May 1, 2021, in a widely criticized process. Melara’s term was supposed to end in December of that year. Lawmakers then appointed Delgado, a decision that also faced criticism and rejection from various sectors of Salvadoran society.
Fespad stated in a press release that “the probability of any changes occurring within the Fiscalía is non-existent” if the current attorney general is reelected.
The organization noted that “out of the more than 38,000 lawyers in El Salvador, only two decided to participate in the process organized by the Assembly to oversee an institution responsible for safeguarding the interests of society and the State.”
“Under these circumstances, the selection process lacks any transparency, further compounded by the absence of announced changes to the current legislative process for appointing second-level officials. There are no established assessment criteria, nor is there citizen participation,” the non-governmental organization added in its statement.
Delgado and Ayala were interviewed on Monday by lawmakers from the Political Commission of Congress, which is predominantly made up of pro-government representatives. Following their interviews, a favorable opinion was issued for the Legislative Assembly to vote on one of the candidates.
In December 2021, Congress reelected Delgado as attorney general amidst widespread criticism.
Among the first decisions Delgado made upon his appointment in May 2021 was to terminate an agreement with the Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) (International Commission Against Impunity in El Salvador) of the Organización de Estados Americanos (OEA) (Organization of American States).
Prior to Delgado’s tenure, the commission had informed the Fiscalía under Melara of alleged irregular handling of public funds allocated to address the pandemic by various arms of Bukele’s government.
At this time, it remains unknown what became of the investigations initiated in 2020, which led to several raids on government offices, or whether Delgado subsequently closed the cases.
Una ONG señala falta de transparencia en el proceso de elección del fiscal de El Salvador
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) señaló este martes que el proceso para elegir al nuevo fiscal general de El Salvador «no tiene ninguna transparencia» y apuntó a que el Ministerio Público (Fiscalía) «continuará con el rumbo y la dinámica que ha tenido desde mayo de 2021», cuando fue nombrado para el cargo el abogado Rodolfo Delgado, quien busca reelegirse.
Delgado y Gonzalo Ayala López fueron los dos únicos abogados que presentaron ante la Asamblea Legislativa sus solicitudes para ser elegidos fiscales, en un proceso que comenzó el 9 de octubre y concluyó el 5 de noviembre pasado.
Diputados oficialistas destituyeron el 1 de mayo de 2021 en un proceso ampliamente cuestionado al entonces fiscal Raúl Melara -cuyo período concluía en diciembre de ese año- y eligieron a Delgado, acción que también fue criticada y rechazada por varios sectores de la sociedad salvadoreña.
Fespad indicó en un comunicado que «las probabilidades de que algo distinto ocurra en la Fiscalía son nulas» ante la posibilidad que el actual fiscal sea reelegido.
Señaló que «de las más de 38.000 personas abogadas que existen en El Salvador solo dos decidieron someterse al proceso convocado por la Asamblea para ocupar la institución encargada de velar por los intereses de la sociedad y del Estado».
«En estas circunstancias el proceso de elección no tiene ninguna transparencia y a ello se suma que no se anunció ninguna alteración a la dinámica de elección de funcionarios de segundo grado que viene realizando el órgano Legislativo, no se definen criterios de ponderación y tampoco hay participación ciudadana», expuso la organización no gubernamental en un comunicado.
Delgado y Ayala fueron entrevistados el lunes por diputados de la Comisión Política del Congreso -integrada mayormente por oficialistas- y luego se emitió un dictamen favorable para que el pleno del órgano Legislativo vote por alguno de los aspirantes.
En diciembre de 2021, el Congreso reeligió a Delgado como fiscal general, en medio de críticas.
Entre las primeras decisiones que Delgado tomó a su llegada en mayo de 2021 se encuentran la de finalizar un acuerdo con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ese ente avisó a la Fiscalía, cuando era dirigida por Melara, del supuesto manejo irregular de fondos públicos destinados a la atención de la pandemia por diversas instancias del Gobierno de Bukele.
Hasta el momento se desconoce el rumbo que tomaron las investigaciones, que derivaron en 2020 en varios registros de oficinas gubernamentales o si Delgado las cerró.