On Thursday, December 12, Unidehc presented a report on the violation of the right to health in penitentiaries, highlighting that many inmates lack access to medicines or medical treatment and that some received expired COVID-19 vaccines.
The report was based on interviews with individuals released from prison under the state of exception, mainly due to health issues. It also included collaboration from a doctor who spent two years (from 2021 to 2023) at the La Esperanza penitentiary, known as Mariona, and in Santa Ana, where he assisted in providing care and creating a database of inmates’ ailments. The doctor has since left the country.
According to Ivania Cruz, lawyer and spokesperson for Unidehc, since the implementation of the state of exception (March 2022), there has been a change in the diet for inmates, with reduced food rations and no supply of proteins. Additionally, health issues became more frequent, and adequate treatment was not provided.
“Inmates with tuberculosis were transferred to a separate section. However, under the state of exception, this no longer happens; they haven’t been treated, and none of those arrested under the exception receive medical attention. This is known through a doctor’s testimony, who mentioned he was the only doctor among 12,000 inmates and noted that necessary treatments were not appropriately administered,” Cruz stated. Cruz also revealed that the health professional who assisted with the report witnessed the torture, mistreatment, cruelty, inhumane, and degrading treatment suffered by many inmates.
She pointed out that in November and December 2021, there was a COVID-19 vaccination campaign at the Mariona penitentiary, where the doctor noted the vaccines administered had expired six months prior.
“It was also reported that many people died from beatings by the guards, but the reports stated they died of COVID-19. Due to the protocol, the coffin was sealed, and the body could not be verified,” Cruz added.
Other Health Issues in El Salvador’s Prisons
Among the medical issues reported by the doctor were hypertension, diabetes, asthma, epilepsy, thyroid problems, and tuberculosis among inmates. In the report, the doctor noted an epileptic inmate was not administered the medication carbamazepine, resulting in frequent seizures. Finally, the individual died following a beating by the guards, according to the account.
LA PRENSA GRÁFICA sought comments from the Minister of Health, Francisco Alabí, regarding Unidehc’s claims about the vaccine administration and medical care shortage for inmates, as well as the health protocol for inmates during the pandemic. However, no response was received by the publication deadline.
The General Directorate of Prisons (DGCP) was also contacted through its communications team, but no response was provided either.
Legal Action for Violations
For Rudy Joya, lawyer and spokesman for Unidehc, the testimonies and the technical report prepared by the doctor who was imprisoned are evidence for filing a complaint against prison directors at the Prosecutor General’s Office (FGR) “so they can no longer excuse the lack of proper notifications.”
“This technical and scientific documentation, along with the testimonies, corroborates complaints previously filed throughout the year. You might recall one specific case, that of Fidel Zavala. This confirms that in the penitentiaries, the right to health is the least guaranteed for detainees,” he stated.
Unidehc handles 100 cases of individuals detained under the state of exception, of which 19 (including 4 women) have achieved conditional release.
Privados de libertad en El Salvador habrían recibido dosis vencidas de vacuna contra el covid-19, según informe
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) presentó este jueves 12 de diciembre un informe sobre la violación al derecho a la salud en los centros penitenciarios, en el cual exponen que muchos privados de libertad no tienen acceso a medicinas o un tratamiento médico y que algunos de ellos recibieron vacunas contra el covid-19 que estaban vencidas.
El informe se elaboró con entrevistas realizadas a personas que salieron de prisión en el marco del régimen de excepción, la mayoría por cuestiones de salud. Además, contó con la colaboración de un médico que estuvo dos años (del 2021 a 2023) en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, y en Santa Ana, en los cuales colaboró para brindar asistencia y realizar una base de datos de los padecimientos de los internos. El médico salió y está fuera del país.
Según mencionó la abogada y vocera de Unidehc, Ivania Cruz, desde la implementación del régimen de excepción (marzo de 2022) se da un cambio en la alimentación para los privados de libertad con menos ración de comida y sin suministrarles proteínas.
Además, las afectaciones a la salud comenzaron a hacerse más constantes y no se brindó un adecuado tratamiento.
“Los reos que padecían de tuberculosis eran trasladados a otro sector, separados. Ya con el régimen no pasó eso, no se les ha dado tratamiento y ninguno de los capturados del régimen iba a tener atención médica. Eso se sabe a través del testimonio de un médico, quien mencionó que él era el único médico entre 12,000 reclusos y conoció que no se suministró tratamiento de manera adecuada a quienes lo necesitaban”, indicó.
Cruz expuso que el profesional de la salud que colaboró con el informe también fue testigo de las torturas, malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron muchos privados de libertad.
Destacó que en noviembre y diciembre de 2021 hubo una campaña de vacunación contra el covid-19 en el penal de Mariona y el médico mencionó que las vacunas que les aplicaron tenían 6 meses de haber vencido.
“También se dio que muchas personas fallecieron a raíz de los golpes de los custodios pero en el informe pusieron que murió por covid-19, pues debido al protocolo decretado el ataúd estaba sellado y no se podía verificar el cuerpo”, agregó Cruz.
Otras afectaciones a la salud en las prisiones de El Salvador
Dentro de las afectaciones reportadas por el médico entre los privados de libertad se encuentran: hipertensión, diabetes, asma, epilepsia, problema con la tiroides, tuberculosis.
En el informe, el galeno expuso que una persona que padecía epilepsia no se le había suministrado el medicamento carbamazepina, por lo que convulsionaba a cada momento. Finalmente, falleció tras una golpiza de parte de los custodios, según el relato.
LA PRENSA GRÁFICA consultó al ministro de Salud, Francisco Alabí, acerca de los señalamientos realizados por Unidehc en el suministro de las vacunas y la falta de atención médica a privados de libertad, así como el protocolo de salud para los internos durante la pandemia; pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
También se consultó con la Dirección General de Centros Penales (DGCP) a través de su equipo de comunicaciones, pero tampoco hubo respuesta.
Pondrán denuncia por las vulneraciones
Para Rudy Joya, abogado y vocero de Unidehc, los testimonios y el informe técnico elaborado por el médico que estuvo en prisión son insumos para presentar una denuncia en contra de directores de centros penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) “para que ya no tengan excusas de que no se hacen los avisos correspondientes”.
“Esta documentación técnica y científica, así como los testimonios, vienen a confirmar denuncias que ya se habían realizado durante este año y recordarán una en específica, como la de Fidel Zavala. Con esto se confirma que dentro de los centros penales el derecho a la salud es el que menos se está garantizando para las personas detenidas”, expuso.
Unidehc atiende 100 casos de personas privadas de libertad en el marco del régimen de excepción, de los cuales 19 (4 mujeres) han logrado la libertad condicionada.