Human rights advocacy organizations and the Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (El Mozote Human Rights Advocacy Association) condemned a series of actions undertaken by the new judge overseeing the El Mozote massacre case. They argue that these measures are solely aimed at delaying the trial and sentencing stages of the process.

“Since the unconstitutional removal of Judge Jorge Guzmán in September 2021, the new judge has adopted criteria and actions that, in our view, are clearly delaying the progress of the case to its public hearing and sentencing phases,” stated David Morales, a prosecuting attorney representing Cristosal.

Among the judge’s decisions labeled as arbitrary by these organizations are: rejecting appeals filed by representatives of the victims, reducing the case file from 600 to only 133 pieces, excluding representatives from procedures related to the exhumed remains, denying or delaying requests for copies of documents, and using language that undermines the work of the prosecution.

“It’s clear that we are witnessing bias that benefits the perpetrators. Throughout much of 2023, we fought for the provisional detention of former Minister Guillermo García because it is mandated by law and there is conclusive evidence of his responsibility,” added Morales.

After several months, the judge rejected the prosecution’s request but initiated a parallel process, ordering the detention of the former executive board of the Legislative Assembly that passed the 1993 Amnesty Law—an action that, according to social organizations, is not directly related to the massacre.

Attorney Alejandro Díaz, representing the Asociación Tutela Legal Doctora María Julia Hernández (Dr. María Julia Hernández Legal Tutelage Association), expressed regret over the prolonged investigative phase since 2021 and noted repeated legal steps, such as conducting new interviews with the victims’ relatives.

“There are abusive, arbitrary measures being implemented without consultation, which even include expropriations in the area. Unfortunately, this has been the pattern of this administration, and now we’re also denouncing the judge’s delaying actions that create uncertainty in the process,” Díaz declared.

He also stressed the state’s failure to comply with reparations mandated by the Inter-American Court of Human Rights.

“This clearly creates obstacles to justice and re-victimizes the families (…) sadly, the state has failed to honor the reparations order from the 2002 Inter-American Court of Human Rights ruling—after more than 12 years and 43 years since the events took place,” he said.

Eugenia Argueta, a member of the Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, demanded justice and voiced concerns that the direct relatives of the executed victims are passing away without being granted the right to “see real justice.”

“For us as families, it’s troubling that the Salvadoran state is delaying the case (…) It does us no good for the government to complete many development projects in El Mozote if they aren’t the dignified reparations mandated by the court ruling,” Argueta said.

Helí Hernández, a representative of *Pro Búsqueda*, pointed out that the judge unilaterally decided to exclude the disappearance of three girls within the context of the massacre, thereby eliminating part of the evidence contained in the general case.

Morales further argued that these actions imply a high-level policy of protecting war criminals, a policy continued under various governments, including the current one.

“The Bukele administration, during its constitutional term, also denied access to military archives, publicly attacked the presiding judge and human rights defenders representing victims, and facilitated the coup d’état, including the dismissal of Judge Guzmán,” he said.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/masacre-el-mozote-derechos-humanos/1186936/2024/

“Queremos justicia ya”, familiares de víctimas de la masacre El Mozote

Organizaciones defensoras de derechos humanos en apoyo y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, denunciaron una serie de acciones, realizadas por la nueva jueza del caso judicial de masacre El Mozote, las cuales consideran solo buscan retrasar que el proceso avance a la etapa de juicio y sentencia. 

“Desde la destitución inconstitucional del juez Jorge Guzmán en septiembre de 2021, la nueva juzgadora ha adoptado criterios y acciones que nos parecen que evidentemente están retrasando el avance del caso a su fase de vista pública y sentencia”, manifestó David Morales, abogado querellante por parte de Cristosal.

Entre las decisiones de la jueza que las organizaciones señalan como arbitrarias están: rechazo de recursos de impugnación presentados por los representantes de las víctimas, reducción del expediente de 600 a solo 133 piezas, exclusión en diligencias para restituir restos exhumados, denegación o retardación en la petición de copias de documentos y frases que descalifican la labor de la querella. 

“Evidentemente estamos en un escenario de parcialidad que favorece a los victimarios, por muchos meses en el 2023, estuvimos luchando porque se ordene la detención provisional del exministro Guillermo García, porque así lo manda la ley y hay prueba contundente de sus responsabilidad”, agregó Morales. 

Luego de varios meses la jueza rechazó la petición de la querella, pero incorporó un proceso paralelo y ordenó la detención de la exjunta directiva de la Asamblea Legislativa que decretó la Ley de Amnistía de 1993, que a juicio de las organizaciones sociales, no es un hecho directamente relacionado a la masacre.

El abogado Alejandro Díaz, representante de la Asociación Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, lamentó que la etapa investigativa se haya prolongado desde el 2021 en adelante y que se estén dando diligencias repetitivas como nuevas entrevistas a los familiares de las víctimas.

“Se están haciendo medidas inconsultas abusivas que implican hasta expropiaciones en la zona, lamentablemente esta ha sido la tónica de este Estado y ahora estamos denunciando también las actuaciones dilatorias de la jueza que vienen a crear incertidumbre en el proceso”, declaró. 

 Asimismo enfatizó en la deuda del Estado de cumplir con las acciones de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

“Generan efectivamente obstaculización de la justicia y revictimización (…) lamentablemente el Estado no ha cumplido la reparación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002) a más de 12 de años y más de 43 años de estos hechos”, indicó.

Eugenia Argueta, integrante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, exigió justicia y mostró su preocupación porque los familiares directos de las víctimas ejecutadas están falleciendo sin el derecho de “ver una verdadera justicia”. 

“Para nosotros como familiares es preocupante que el Estado salvadoreño esté retrasando el caso (…) de nada nos sirve que el gobierno vaya a hacer muchas obras al Mozote, pero no son reparaciones dignas como lo dice la sentencia de la Corte Interamericana”, expresó.

Helí Hernández, representante de Pro Búsqueda, expuso que la jueza decidió de manera inconsulta la desaparición de tres niñas en el contexto de la masacre, lo que deja sin parte de la prueba contenida en el caso general de la masacre. 

Morales agregó que estos indicarían que existe una política desde el más alto nivel de proteger a los criminales de guerra, la cual ha sido seguida por todos los gobiernos, incluyendo el actual. 

“La administración Bukele en su periodo Constitucional negó también los archivos (militares), atacó públicamente el juez, a las personas defensoras de derechos humanos que representamos a las víctimas y promovió el golpe de Estado, incluyendo la destitución del juez Guzmán”, dijo.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/masacre-el-mozote-derechos-humanos/1186936/2024/