Various organizations reiterated their opposition to the reactivation of metallic mining in El Salvador and took their demands to the Assembly, urging it not to reverse the prohibition that has been in place since 2017.
More than 10 organizations gathered in front of the Assembly, which had closed the street with razor wire but allowed a committee to deliver a letter addressed to the board of directors, with the intention that it be read in Wednesday’s plenary session.
The group of organizations included the Mesa Nacional Frente a la Minería, Foro del Agua (Water Forum), Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua (National Alliance Against Water Privatization), Mesa para la Soberanía Alimentaria (Table for Food Sovereignty), Unidad Ecológica Salvadoreña (Salvadoran Ecological Unit), Movimiento Ecofeminista (Ecofeminist Movement), and ADES Santa Marta, among others.
In their letter, the organizations stated that “it is demonstrated, both technically and scientifically, that metallic mining is a devastating activity for a country like El Salvador, where water and land are critical and limited resources.”
“Reactivating this industry, prohibited by national consensus in 2017, would be an irresponsible decision and contrary to the ethical, social, and environmental commitments you have with the citizens,” the letter added.
The Law Prohibiting Metallic Mining, approved in 2017, is at risk of being repealed after Nayib Bukele criticized it, claimed that there are studies demonstrating the presence of gold beneath Salvadoran soil, and announced exorbitant figures of potential profits that mining could generate.
However, to date, Bukele has not presented any evidence or studies to validate his claims. Activists have pointed out a contradiction, as the law prohibits exploration for mining purposes, making any studies confirming the presence of gold illegal.
Voices
Currently, the Assembly, dominated by the Nuevas Ideas party, has remained silent. None of the lawmakers have openly supported the issue, nor have they spoken against it.
A week ago, the president of the Assembly, Ernesto Castro (Nuevas Ideas), avoided areas where journalists gather, allowing him to dodge questions about the Legislative Branch’s intentions on the matter.
Meanwhile, the movements added more data to their arguments against mining, including those presented by the government itself in the population census conducted this year.
The organizations pointed out that “self-management of water is a common denominator” in several departments. According to this year’s census: Santa Ana (30%), Chalatenango (70%), Cabañas (50%), Morazán (60%), and La Unión (80%) are supplied with water through community services.
Given that all are in the area Bukele proposed as a potential mining zone, they could face water contamination issues.
“We regret that this situation is occurring seven years after the law (prohibiting mining) was approved. We are here because we believe that the lawmakers have a lot to do [with it],” said Vidalina Morales of ADES Santa Marta regarding the sit-in.
Meanwhile, representing the Ecumenical Forum of Churches, Father Santiago Rodríguez reaffirmed various churches’ stance against mining. “The law prohibiting metallic mining was a victory for the people, not for political parties. The people united to defend life. Woe to those who call evil good, and good evil, says the word. That’s what is happening to the president when he calls the Law Prohibiting Mining bad,” Rodríguez remarked.
Organizaciones exigen a diputados no avalar la minería
Diferentes organizaciones reiteraron su negativa a que en El Salvador se reactive la minería metálica, y elevaron su reclamo hasta la Asamblea a la que exigieron no revertir la prohibición vigente desde 2017.
Más de 10 organizaciones se hicieron presentes frente a la Asamblea, que cerró la calle con alambre razor, pero permitió que una comisión entregara una carta dirigida a junta directiva, con la idea que esta pueda ser leída en la plenaria de este miércoles.
El grupo de organizaciones incluyó a la Mesa Nacional Frente a la Minería, el Foro del Agua, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, la Mesa para la Soberanía Alimentaria, la Unidad Ecológica Salvadoreña, el Movimiento Ecofeminista, y ADES Santa Marta, entre otros.
En su carta, las organizaciones exponen que “está demostrado, técnica y científicamente, que la minería metálica es una actividad devastadora para un país como El Salvador, donde el agua y el territorio son recursos críticos y limitados”.
“Reactivar esta industria, prohibida por consenso nacional en 2017, sería una decisión irresponsable y contraria a los compromisos éticos, sociales y ambientales que ustedes como representantes tienen con la ciudadanía”, agrega la misiva.
La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en 2017, se encuentra en riesgo de ser derogada, luego que Nayib Bukele atacara la misma, dijera que hay estudios que demuestran la existencia de oro en el subsuelo salvadoreño, y anunciara cifras exorbitantes de posibles ganancias que la minería podría producir.
Sin embargo, a la fecha, Bukele no ha presentado ninguna prueba o estudio que de validez a sus palabras. Inclusive, activistas han planteado una contradicción, debido a que la ley prohíbe la exploración para fines de minería, por lo que realizar estudios que comprobaran la existencia de oro sería ilegal.
Voces
De momento, la Asamblea, dominada por el partido Nuevas Ideas, ha guardado silencio. Ninguno de los legisladores ha apoyado abiertamente el tema, pero tampoco se han pronunciado en contra.
Hace una semana, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro (Nuevas Ideas), eludió los lugares donde los periodistas permanecen, lo que le permitió evitar preguntas sobre la intención del Órgano Legislativo en el tema.
Mientras, los movimientos añadieron más datos a sus argumentos para rechazar la minería. Entre ellos: los presentados por el propio gobierno en el censo de población realizado este año.
Las organizaciones señalaron que “la autogestión del agua es denominador común” en varios departamentos. Así, según el censo de este año: Santa Ana (30%), Chalatenango (70%), Cabañas (50%), Morazán (60%) y La Unión (80%) se abastecen de agua por servicios comunitarios.
Dado que todos están en la zona que Bukele plantea como potencial zona minera, podrían enfrentar problemas por la contaminación del agua en las zonas.
“Lamentamos que esta situación se esté dando después de siete años de haberse aprobado la ley (de prohibición de la minería). Estamos aquí porque creemos que los legisladores tienen mucho que ver”, señaló Vidalina Morales, de ADES Santa Marta, sobre el plantón realizado.
Mientras, en representación del Foro Ecuménico de las Iglesias, el padre Santiago Rodríguez ratificó el pronunciamiento de diferentes iglesias en contra de la minería. “La ley de prohibición de la minería metálica ha sido una victoria del pueblo, no de partidos políticos. El pueblo se unió para defender la vida. Hay de aquellos, dice la palabra, que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Eso es lo que le está pasando al señor presidente al llamarle malo a la Ley de Prohibición de la Minería”, sentenció Rodríguez.