An analysis presented by the Consorcio por la Transparencia (Consortium for Transparency) on the occasion of “International Anti-Corruption Day” reveals stagnation in these areas in El Salvador.
The report highlighted serious deficiencies in public access to information, accountability, and respect for fundamental rights such as freedom of expression, association, and assembly—rights that, according to the organizations, remain under constant threat.
In the Corruption Perceptions Index, prepared by Transparency International, El Salvador ranked 126th out of 180 countries evaluated with a score of 31 out of 100, representing just 31% of the maximum possible. This outcome reflects a sustained negative trend in recent years.
The country also scored poorly in the Open Budget Index (OBI), which measures budget transparency. With a score of 24 out of 100, or 24% of the maximum, El Salvador was placed in the category of countries providing minimal public information on financial matters.
Another critical indicator was the Rule of Law Index by the World Justice Project, in which the country received a score of 0.43 out of 1.00, equivalent to 43% of the maximum score. This highlights serious challenges in combating corruption and respecting fundamental freedoms.
The lack of transparency in public institutions was also brought to light by various national and international reports. According to the annual report of the Inter-American Commission on Human Rights, the excessive use of classified information in public institutions continues to be a significant barrier to transparency.
The Observa consortium pointed to irregularities in the 2024 electoral process, including a lack of transparency in the actions of the Supreme Electoral Tribunal and the use of public funds for electoral purposes.
The Fundación Nacional para el Desarrollo (National Development Foundation) denounced the absence of clear criteria and lack of transparency in the selection process for Supreme Court justices.
The 2024 report titled “Monitoring Probity in Public Service” by Acción Ciudadana (Citizen Action) exposed high levels of non-compliance in the filing of asset declarations as well as a standstill in administrative proceedings within the Supreme Court of Justice.
Ven estancadas la transparencia y lucha contra la corrupción en El Salvador
Un análisis presentado por el Consorcio por la Transparencia en el marco del “Día Internacional contra la Corrupción” revela que El Salvador presenta un estancamiento en el tema.
El diagnóstico destacó graves deficiencias en el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el respeto a derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y reunión; que según las organizaciones se encuentran bajo constante amenaza.
En el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, El Salvador se posicionó en el lugar 126 de 180 países evaluados, con una calificación de 31 puntos sobre 100, lo que equivale a solo un 31% del máximo posible. Este resultado refleja una tendencia negativa sostenida en los últimos años.
El país también obtuvo resultados desfavorables en el Índice de Presupuesto Abierto (OBI, por sus siglas en ingés), que mide la transparencia presupuestaria. Con una puntuación de 24 sobre 100, correspondiente al 24% del puntaje máximo. El Salvador se ubicó en la categoría de países con mínima información disponible sobre finanzas públicas.
Otro indicador crítico fue el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que otorgó al país 0.43 de 1.00 puntos, equivalente a un 43% del puntaje máximo, señalando desafíos graves en la lucha contra la corrupción y el respeto a las libertades fundamentales.
La opacidad en las instituciones públicas también quedó en evidencia a través de diversos informes nacionales e internacionales. Según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso excesivo de la de reserva en información pública sigue siendo un obstáculo para la transparencia.
El consorcio Observa apuntó a irregularidades en el proceso electoral de 2024, incluyendo la falta de información sobre las decisiones del Tribunal Supremo Electoral y el uso de recursos públicos con fines electorales.
La Fundación Nacional para el Desarrollo denunció la ausencia de criterios claros y de transparencia en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El informe “Monitoreo sobre probidad en la función pública 2024” de Acción Ciudadana expuso altos niveles de incumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales, así como una paralización en los procesos administrativos de la Corte Suprema de Justicia.