With the purpose of creating awareness about the consequences of corruption, the United Nations declared December 9 as International Anti-Corruption Day. However, in El Salvador, governmental oversight and auditing bodies are lax in their efforts to prevent, prosecute, and punish corruption. Moreover, such efforts are selective, according to reports from citizen organizations and experts consulted by *El Diario de Hoy*.
The entities that, by law, must prevent and combat corruption include: the Fiscalía General de la República (FGR) (Attorney General’s Office), the Corte de Cuentas de la República (CCR) (Court of Accounts), the Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) (Institute for Access to Public Information), the Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) (Government Ethics Tribunal), and even the Corte Suprema de Justicia (CSJ) (Supreme Court of Justice) through its Probity Section.
According to Jessica Estrada, director of the Transparency Department at Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) (National Development Foundation), several institutions, particularly those responsible for oversight and control, which should play a leading role in combating corruption, show a reluctance to fulfill their mandate.
“The institutions tasked with combating corruption in our country are falling far short of this mandate and are not demonstrating a genuine will to fight corruption head-on. Instead, they do so selectively when they decide to act, but in other cases, fail to take action,” Estrada stated.
Eduardo Escobar, executive director of Acción Ciudadana (Citizen Action), noted deficiencies in the Attorney General’s Office, particularly in its role in prosecuting crimes.
“There are levels of impunity hovering around 90%; this is poor performance. Specifically, in terms of corruption, the Attorney General’s Office conducts selective prosecution, not a general one,” Escobar emphasized. He also pointed out that in the case of the IAIP, it does not adequately fulfill its responsibilities, enabling opacity in public administration and facilitating the concealment of acts of corruption.
Moreover, Escobar referenced the case of the Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) (International Commission Against Impunity in El Salvador), which involved current government officials but has not been investigated by the Attorney General’s Office. “On the contrary, those cases were buried, demonstrating selective prosecution of corruption,” he said.
Regarding the Court of Accounts, this year, in a resolution on access to public information, the court informed *El Diario de Hoy* that it declared itself incompetent to investigate the use of public debt by political parties, despite these being public funds. Furthermore, under the leadership of former president Roxana Soriano, the Court stopped revealing the names and positions of individuals reported to the institution.
For political analyst Carlos Araujo, the absolute power held by President Nayib Bukele has served to “neutralize” oversight institutions and eliminate transparency in the management of public funds.
“There are many indications that under Bukele’s government, there has been more corruption than during the administrations of Elías Saca and Mauricio Funes combined,” Araujo warned.
Persecución y sanción de la corrupción es selectiva, dicen especialistas
Con el propósito de generar conciencia contra las consecuencias que genera la corrupción, por declaratoria de las Naciones Unidas, cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la corrupción.
Pero en El Salvador las instancias gubernamentales de control y fiscalización son laxas en sus labores de prevención, persecución y sanción de la corrupción; además de que esta es selectiva, acorde a informes de organismos ciudadanos y voces expertas consultadas por El Diario de Hoy.
Las instancias que por mandato de ley deben prevenir y combatir la corrupción son: la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)y hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por medio de su Sección de Probidad.
Según la directora del Área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Jessica Estrada, varias instituciones, principalmente las de fiscalización y control, que deberían tener un rol protagónico en el combate a la corrupción demuestran ser un poco relajadas en la labor que se les encomienda en cuanto combate a la corrupción.
“Las instituciones que están llamadas a combatir la corrupción en nuestro país se están quedando muy cortas con este mandato y no están demostrando que quieren combatir frontalmente la corrupción, sino que lo hacen de manera selectiva cuando logran activarse y en otros casos no se logra tal activación”, señaló Estrada.
A criterio del director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, existe deficiencia en el ejercicio de la acción penal por la Fiscalía y particularmente en el tema de la persecución del delito.
“Hay niveles de impunidad que rondan el 90 %, eso es un mal desempeño. Hablando precisamente del tema de corrupción, la Fiscalía hace una persecución selectiva de la corrupción, no es una persecución general”, resaltó Escobar.
Para el experto, en el caso concreto del IAIP, no ejerce adecuadamente sus funciones y eso posibilita que haya opacidad en la gestión pública y que esto permite el ocultamiento de actos de corrupción.
Además, Escobar considera que se debe recordar el caso de la CICIES que involucró a funcionarios de este gobierno que no está investigando la Fiscalía. “Por el contrario, enterró esos casos, entonces ahí hay una persecución selectiva de la corrupción”, dijo.
En el caso de la Corte de Cuentas, este año en una resolución de acceso a la información pública indicó a El Diario de Hoy que se declaraba incompetente de investigar el uso de la deuda política de los partidos políticos, pese a que son fondos públicos.
Además, la institución desde que pasó a ser dirigida por la expresidenta Roxana Soriano, dejó de revelar los nombres y cargos de las personas denunciadas en la institución.
Para el analista político Carlos Araujo el poder absoluto que ostenta la Presidencia de Nayib Bukele ha servido para “neutralizar” a las instituciones de control, así como para eliminar la transparencia en la administración de fondos públicos.
“Hay muchas señales que en el gobierno de Bukele ha habido más corrupción que en los de Elías Saca y Mauricio Funes juntos”, advirtió Araujo.