On the night of Wednesday, December 4, journalist Mónica Rodríguez from the community outlet Bálsamo Radio TV reported a raid at her home by the National Civil Police (PNC) and the Attorney General’s Office (FGR), during which they confiscated her work equipment such as a computer, USB drive, hard drives, mobile phones, and credit cards.
The journalist added that during the procedure, she received no information regarding any process against her, except for an alleged “fraud” case, and that police and Attorney General personnel only told her that the case is classified, giving no further information and taking her equipment.
In this regard, criminal lawyers consulted by this outlet indicated that it was an arbitrary procedure, as authorities must inform the person being investigated about the facts and present court orders. Moreover, media equipment cannot be seized.
“The classification is for the public; if she is accused of something or if any equipment is confiscated, there must be a court order, a flagrant offense, or an order from the Attorney General. It can’t be just because it’s classified that they take it away. The parties involved must know what’s in the process. For searches, arrests, sequestrations, and confiscations, an order is required,” said Erick Orellana, a criminal lawyer with the Socorro Jurídico Humanitario (SJH) (Humanitarian Legal Aid).
According to lawyer Jayme Magaña, Article 6 of the Constitution is clear when it states that “in no case shall printing presses, their accessories, or any other means intended for the dissemination of thought be confiscated as instruments of crime,” thus her equipment as a communication medium should not have been confiscated.
“She should have been explained the situation under investigation. Article 6 establishes that in no case can any means intended for the dissemination of thought be confiscated as an instrument of crime. Within the state of exception, that is not suspended. They should have also asked her whether she consented to the raid, expressed the circumstances of the raid, and asked if the computers were for personal or work use. If it was the case, they shouldn’t have confiscated them. This is a violation of journalists’ rights and a systematic form of press persecution,” Magaña said.
Meanwhile, criminal lawyer Oswaldo Feusier indicated that the journalist could approach a fiscal office to request information about any process against her.
“Article 80 (of the Penal Procedural Code) states that anyone aware of being investigated can approach the Attorney General’s Office to be informed of the accusation,” he said.
The Association of Journalists of El Salvador (APES) condemned the events and stated that “we will remain vigilant of the situation and call on the authorities to respect the rights of the journalist and her family” through the social media platform X.
They also confirmed that support is being provided to the journalist from the APES Legal First Aid Clinic.
Ivania Cruz, spokesperson for the Unit for the Defense of Human and Community Rights (Unidehc), stated that everyone has the right to be informed about any procedure and sees persecution of a journalist.
“We see authority actions as arbitrary procedures. First, the Attorney General cannot declare if a case is classified or not; that is a judge’s authority. If any decision is seized, she has the right to have a lawyer present to advise her. We know that in this country, the system and authorities do not act as the law authorizes them but through abuses. The classification causes that,” she indicated.
According to the APES Monitoring Center, from January to July this year, a total of 423 journalist rights violations were recorded.
Califican de “procedimiento arbitrario” el allanamiento y decomiso de equipo de trabajo a periodista comunitaria
La noche del miércoles 4 de diciembre la periodista del medio comunitario Bálsamo Radio TV, Mónica Rodríguez, informó sobre el allanamiento en su casa de habitación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en el que le quitaron equipo de su trabajo como computadora, memoria USB, discos duros, teléfonos móviles y tarjetas de crédito.
La periodista agregó que durante el procedimiento no recibió ningún tipo de información sobre algún proceso en su contra, más que es por una supuesta “estafa”, y que los agentes y personal de la Fiscalía solo le expresaron que el caso tiene reserva, por lo que no le informaron nada más y se llevaron su equipo.
Al respecto, abogados penalistas consultados por este medio, expusieron que se ha tratado de un procedimiento arbitrario, en el sentido que las autoridades deben informar a la persona que está siendo investigada sobre los hechos, así como presentar las órdenes del juez, a la vez que no se puede confiscar equipo de los medios de comunicación.
“La reserva es para el público, si a ella la acusan de algo o le confiscar algún equipo, debe haber orden judicial o un flagrante delito o que la Fiscalía haya girado una orden. No es así por así, que porque hay reserva y te quito esto. Las partes deben conocer lo que hay en el proceso. Para requisa, capturas, secuestro, confiscación, se necesita orden”, mencionó Erick Orellana, abogado penalista del Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Para la abogada Jayme Magaña, el artículo 6 de la Constitución de la República es clara cuando expone que “en ningún caso podrá secuestrarse, como instrumentos de delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento”, por lo tanto, no debía confiscarse su equipo como medio de comunicación.
“Se le tenía que haber explicado cuál es la situación que se está investigando. El artículo 6 establece que no se puede secuestrar el ningún caso como instrumento del delito, ningún medio destinado a la difusión del pensamiento. Dentro del régimen de excepción, eso no está suspendido. También tuvieron que preguntarle si estaba de acuerdo al allanamiento, debieron expresar las circunstancias del allanamiento y preguntar si las computadoras eran de uso personal o trabajo, si era el caso, no debió incautarle. Es una vulneración de derechos como periodistas y una forma sistemática de persecución a la prensa”, dijo Magaña.
En tanto que el abogado penalista, Oswaldo Feusier, indicó que la comunicadora puede presentarse ante una sede fiscal para pedir información sobre algún proceso en su contra.
“Dice el artículo 80 (del Código Procesal Penal) que quien tenga conocimiento de que se le está investigando, puede presentarse a la Fiscalía para que se le informe de la denuncia”, expuso.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó los hechos y expuso que “nos mantendremos vigilantes de la situación y llamamos a las autoridades a respetar los derechos de la comunicadora y su grupo familiar” a través de la red social X.
También confirmaron que se está apoyando a la periodista desde la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos de la APES.
Ivania Cruz, vocera de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), expuso que toda persona tiene derecho a ser informada sobre el procedimiento y ve una persecución a una comunicadora.
“Vemos un proceder de las autoridades de acciones arbitrarias. En primer lugar la Fiscalía no puede decretar si el caso tiene reserva o no, si no que esa competencia es de un juez. Si se incauta alguna decisión, ella tiene el derecho a que haya presencia de un abogado para que la asesore. Sabemos que en este país el sistema y las autoridades no hacen según les faculta la ley sino a través de abusos. La reserva provoca eso”, indicó.
Según el Centro de Monitoreo de la APES, de enero a julio de este año registran un total de 423 vulneraciones de los derechos de los y las periodistas.