The Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) (Dismissed Workers Movement) has intensified its complaints about the increase in mass dismissals in the public sector, highlighting that after the march on October 19, they began recording the dismissal of 70 workers, mainly from the health sector.
However, in the following weeks, they continued receiving reports of more dismissals, reaching a total of 135 dismissals affected by decisions mostly justified under the guise of “position elimination.” These dismissals will take effect on January 1, 2025, leading to a significant impact on the affected families and the stability of public services.
Luis Rivera, a member of the MTD, detailed that dismissals are being managed differently among institutions such as the Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) and the Corte Suprema de Justicia (CSJ) (Supreme Court of Justice).
“It’s too coincidental that exactly the same workers who participated in the march are being dismissed,” Luis Rivera, member of the MTD, stated. In the case of CONAMYPE, the notifications to employees indicate that the dismissals are based on directive decisions linked to the 2025 budget project that has yet to be approved by the Legislative Assembly. Rivera emphasized that this procedure might be illegal, as decisions are being made without a definitive budgetary framework, violating established regulations.
On the other hand, the CSJ has adopted a more reserved stance, limiting itself to notifying that the dismissals are based on technical studies regarding the necessity of each position. However, they do not specify the exact reasons for the position eliminations, raising doubts about the transparency of the process.
Rivera highlighted that, although both cases use the same “position elimination” figure, the differences in documentation reflect the Court’s care in justifying its actions against possible legal challenges.
The health sector is one of the most affected, with more than 1,100 positions eliminated according to the 2025 budget project. Among the impacted areas are technical, medical, and administrative positions, which has raised alarms about the future quality of hospital services.
Rivera denounced that these dismissals include cases of essential workers, such as a nurse who was the only one in her area and was dismissed despite the critical need for her role.
In the case of Education, this sector leads the budget cuts, with a reduction of $163 million in permanent remuneration. This adjustment has resulted in massive dismissals of teachers and administrative staff, directly affecting the quality of education in the country.
The Salvadoran government has cut $245 million from the budget allocated to permanent remuneration, redirecting these funds to other areas. This fiscal adjustment, although necessary according to authorities, has been criticized by unions and economists, who argue that the cuts weaken key sectors such as health, education, and security.
Irregularities and Labor Violations
The MTD has also reported that dismissed workers face obstacles in accessing their employment records, necessary for filing unjust dismissal lawsuits.
Rivera noted that, in some cases, employees have had to resort to the Instituto de Acceso a la Información Pública (Institute for Access to Public Information) to obtain their documentation. This complicates the appeal process and represents a violation of their labor rights.
Regarding the workers from Sonsonate detained at a checkpoint during the march on October 19, Rivera reported that they were photographed and identified, and that 20 of them were dismissed days later under the same “position elimination” figure.
Although authorities deny that dismissals are related to their participation in the demonstration, the MTD considers the coincidences alarming and clear reprisals against the union organization.
So far, the MTD has filed four lawsuits before the Civil Service Court, mainly from workers in the health sector. Rivera indicated that they expect to add more cases in the coming days, although they acknowledged that gathering the necessary documentation remains a challenge. Despite the obstacles, the movement has reiterated its commitment to advising and supporting the affected workers in defending their labor rights.
With over 20,000 documented dismissals during the 2019-2024 period, and the current rate of terminations, the outlook for public employment in El Salvador remains uncertain. Rivera stated that these decisions not only affect employees but also compromise the quality of services that public institutions offer to citizens, leaving thousands of families in a vulnerable situation.
Movimiento registra 135 despidos tras las marchas
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) ha intensificado sus denuncias sobre el aumento de despidos masivos en el sector público, destacando que, tras la marcha del 19 de octubre pasado, empezaron a registrar el despido de 70 trabajadores, principalmente del sector salud.
Sin embargo, en las semanas siguientes continuaron recibieron informes de más cesados hasta llegar a los 135 despidos, afectados por decisiones que, en su mayoría, justifican las cesaciones de contrato bajo la figura de “supresión de plaza”. Estos despidos se harán efectivos a partir del 1 de enero de 2025, generando un impacto significativo en las familias afectadas y en la estabilidad de los servicios públicos.
Luis Rivera, miembro del MTD, detalló que los despidos se están gestionando de forma distinta entre instituciones como la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Es demasiada casualidad que exactamente los mismos trabajadores que participaron en la marcha sean despedidos”, Luis Rivera, miembro del MTD.
En el caso de CONAMYPE, las notificaciones a los empleados señalan que los despidos se basan en decisiones directivas vinculadas al proyecto de presupuesto 2025, que aún no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa. Rivera subrayó que este procedimiento podría ser ilegal, ya que las decisiones se están tomando sin un marco presupuestario definitivo, violando la normativa establecida.
Por otro lado, la CSJ ha adoptado una postura más reservada, limitándose a notificar que los despidos obedecen a estudios técnicos sobre la necesidad de cada plaza. Sin embargo, no especifican las razones exactas de la supresión de puestos, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.
Rivera destacó que, aunque ambos casos utilizan la misma figura de “supresión de plaza”, las diferencias en la documentación reflejan el cuidado de la Corte en justificar sus acciones frente a posibles impugnaciones legales.
El sector salud es uno de los más afectados, con más de 1,100 plazas eliminadas según el proyecto de presupuesto 2025. Entre las áreas impactadas están puestos técnicos, médicos y administrativos, lo que ha encendido las alarmas sobre la calidad futura de los servicios hospitalarios.
Rivera denunció que estos despidos incluyen casos de trabajadores esenciales, como una enfermera que era la única en su área y fue despedida pese a la necesidad crítica de su rol.
En el caso de Educación, este ramo lidera los recortes presupuestarios, con una disminución de $163 millones en remuneraciones permanentes. Este ajuste ha resultado en despidos masivos de docentes y personal administrativo, afectando directamente la calidad de la enseñanza en el país.
El Estado salvadoreño ha recortado $245 millones del presupuesto destinado a remuneraciones permanentes, redirigiendo estos fondos a otras áreas. Este ajuste fiscal, aunque necesario según las autoridades, ha sido criticado por sindicatos y economistas, quienes argumentan que los recortes debilitan sectores clave como salud, educación y seguridad.
Irregularidades y violaciones laborales
El MTD también ha denunciado que los trabajadores despedidos enfrentan obstáculos para acceder a sus expedientes laborales, necesarios para interponer demandas por despido injustificado.
Rivera señaló que, en algunos casos, los empleados han tenido que recurrir al Instituto de Acceso a la Información Pública para obtener su documentación. Esto dificulta el proceso de apelación y representa una violación a sus derechos laborales.
En cuanto a los trabajadores de Sonsonate detenidos en un retén durante la marcha del 19 de octubre pasado, Rivera denunció que fueron fotografiados e identificados, y que 20 de ellos fueron despedidos días después bajo la misma figura de “supresión de plaza”.
Aunque las autoridades niegan que los despidos estén relacionados con su participación en la manifestación, el MTD considera que las coincidencias son alarmantes y constituyen represalias claras contra la organización sindical.
Hasta ahora, el MTD ha presentado cuatro demandas ante el Tribunal de Servicio Civil, principalmente de trabajadores del sector salud. Rivera indicó que esperan sumar más casos en los próximos días, aunque reconoció que la recopilación de documentación necesaria sigue siendo un desafío. A pesar de los obstáculos, el movimiento ha reiterado su compromiso de asesorar y acompañar a los trabajadores afectados en la defensa de sus derechos laborales.
Con más de 20,000 despidos documentados durante el quinquenio 2019-2024, y el actual ritmo de cesaciones, el panorama para el empleo público en El Salvador sigue siendo incierto. Rivera afirmó que estas decisiones no solo afectan a los empleados, sino que también comprometen la calidad de los servicios que las instituciones públicas ofrecen a la ciudadanía, dejando a miles de familias en situación de vulnerabilidad.