Salvadoran journalist Mónica Rodríguez reported last night a search at her home in Zaragoza by agents from the Fiscalía General de la República (Attorney General’s Office) and the National Civil Police (PNC), where they seized work-related technological devices containing personal and institutional information of the Bálsamo Radio TV community, where she works.
“Tonight, the police together with the Attorney General’s Office came to conduct a search in our home. They tell us the case is classified. They took our two computers, our personal and work phones, hard drives, USBs, and my partner’s credit cards,” the journalist, who serves as the press coordinator of the radio outlet, reported.
According to Rodríguez, the agents did not express the reasons for the search, citing classified information in the case. “We do not know the origin of this situation. We will continue working and reporting on what happens in our country, but we also denounce this occurrence as we find this type of search unjust,” she declared to the Red Informativa Arpas.
In a Facebook post at 11:22 p.m., Bálsamo Radio TV reported that the seizure of objects also compromises information from the Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA) (United Community Association for Water and Agriculture).
A video posted on X by Arpas at 11:21 p.m. shows one of the alleged private vehicles in which the agents were mobilized. According to information from other media, about five patrols attended the search.
The Twitter account of Radio Bálsamo was suspended, according to the complaint by the Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) (Movement of Victims of the Regime of Exception), which is verified when you try to access their username (@balsamotv).
Ricardo Vaquerano Case
At the end of October, police agents appeared outside the house of journalist Ricardo Vaquerano’s mother for three days following the publication of an investigation revealing an active hitman network within the police.
The agents arrived over an alleged domestic violence complaint, which the journalist’s relatives denied.
Nevertheless, they allegedly interrogated the mother about the names and occupations of her children, and even took photos of the ID of a person who attended them, according to an alert published by the Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) (Journalists Association of El Salvador).
Complaints from MOVIR, APES, and ARCP
The Asociacion de Periodistas de El Salvador (APES) expressed their view on the Rodríguez case on their X account, urging authorities to “respect the rights of the journalist and her family.”
The Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción also made a statement, reporting at 11:29 p.m. that the state agents were leaving the location.
Meanwhile, the Red Centroamericana de Periodistas did not delay in condemning the “arbitrary” search of Rodríguez’s home and rejecting the use of police forces to “intimidate” the “critical and independent” press.
“The network activates its monitoring and alert mechanism to the international community,” they added.
Increasing Violence Against Journalists
According to the APES’s second quarterly report of 2024, a total of 86 aggressions against journalists were documented between June and August, 36 more than in the first quarter (March to May), where 50 were reported, totaling 136 aggressions against the profession in 2024.
The APES’s 2023 Press Freedom Report documented a total of 311 incidents that year, 164 more than in 2022 (147).
As of the closing of this report, the APES has not issued a new statement regarding the confiscation and search at Rodríguez’s home.
Periodista Mónica Rodríguez denuncia registro y decomiso arbitrario de objetos de trabajo en su casa
La periodista salvadoreña Mónica Rodríguez denunció ayer por la noche un registro en su casa en Zaragoza por parte de agentes de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, donde se llevaron dispositivos tecnológicos de trabajo con información personal e institucional de la comunitaria Bálsamo Radio TV, donde ella labora.
“Esta noche la Policía junto a la Fiscalía han venido a hacer un registro en nuestra casa. Nos dicen que hay reserva del caso. Se han llevado nuestras dos computadoras, nuestros teléfonos personales y de trabajo, discos duros, USBs y las tarjetas de crédito de mi pareja”, denunció la comunicadora, que se desempeña como coordinadora de prensa del medio radiofónico.
Según Rodríguez, los agentes no expresaron las razones del registro bajo el argumento de una reserva del caso. “Desconocemos cuál es el origen de esta situación. Nosotros vamos a seguir trabajando y denunciando lo que ocurre en nuestro país, pero también denunciamos esto que nos acaba de ocurrir porque nos parece injusto este tipo de registros”, declaró a la Red Informativa Arpas.
En una publicación de Facebook a las 11:22 p.m., Bálsamo Radio TV denunció que la extracción de los objetos también compromete información de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA).
Un video colgado en X por Arpas a las 11:21 p.m. da cuenta de uno de los supuestos vehículos con placas particulares donde se movilizaban los agentes. Según información de otros medios, cerca de cinco patrullas acudieron para el allanamiento.
La cuenta de Twitter de Radio Bálsamo fue suspendida, según la denuncia del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), lo cual se comprueba al ingresar su usuario (@balsamotv).
Caso Ricardo Vaquerano
A finales de octubre, agentes policiales se apersonaron afuera de la casa de la madre del periodista Ricardo Vaquerano durante tres días, tras la publicación de una investigación que revela una red de sicariato activa dentro de la Policía.
Los agentes llegaron por una supuesta denuncia de violencia intrafamiliar, que negaron parientes del periodista.
Pese a ello, habrían interrogado a la madre sobre el nombre y ocupación de sus hijos, y hasta habrían tomado fotos del DUI de una persona que los atendió, según la alerta publicada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Denuncias de MOVIR, APES y la ARCP
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se expresó ayer en su cuenta de X en torno al caso de Rodríguez, instando a las autoridades a “respetar los derechos de la comunicadora y su grupo familiar”.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción también se pronunció, informando a las 11:29 p.m. que los agentes estatales se retiraban del lugar.
Por otro lado, la Red Centroamericana de Periodistas no tardó en denunciar el allanamiento “arbitrario” en la casa de Rodríguez, y rechazar el uso de la Policía para “intimidar” a la prensa “crítica e independiente”.
“La Red activa su mecanismo de monitoreo y alerta ante la comunidad internacional”, agregó.
Violencia contra periodistas en aumento
Según el segundo informe trimestral de 2024 de la APES, un total de 86 agresiones contra periodistas fueron documentadas entre junio y agosto, 36 más que en el primer trimestre (de marzo a mayo), donde se reportaron 50, lo cual totaliza 136 agresiones contra el gremio en 2024.
El informe de Libertad de Prensa de la APES de 2023 dio cuenta de 311 afectaciones totales en ese año, 164 más que en 2022 (147).
Hasta el cierre de esta nota, la APES no ha emitido un nuevo pronunciamiento sobre la confiscación y allanamiento en el domicilio de Rodríguez.